América Latina muestra resiliencia ante un nuevo shock global, pero enfrenta menor crecimiento y menos margen de política en un entorno externo más incierto.

por el equipo de América Latina del Departamento de Economía de la OCDE

Durante 2025, América Latina mantuvo un crecimiento resiliente, aunque moderado. Factores como mejores términos de intercambio y condiciones financieras inicialmente más favorables beneficiaron a la región. Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio y el deterioro del panorama global ha incrementado la incertidumbre y la volatilidad en los mercados financieros, reflejada en el incremento de tasas de bonos soberanos. El shock actual afecta principalmente a la región a través de mayores precios de la energía, alimentos, condiciones financieras más restrictivas y mayor incertidumbre. A diferencia de episodios anteriores, América Latina enfrenta este shock desde una posición macroeconómica más sólida. Los marcos monetarios son más creíbles, los tipos de cambio más flexibles y los sistemas financieros más resilientes. Sin embargo, el entorno externo se ha vuelto más complejo y los márgenes de política monetaria y fiscal son más estrechos.

Para las siete principales economías de la región, se prevé una desaceleración moderada del crecimiento desde el 2.2% en 2025 al 1.7% en 2026, antes de repuntar al 2.2% en 2027. La demanda interna sigue mostrando cierta resiliencia en la mayoría de las economías, aunque la inversión y las exportaciones se verán afectadas por un entorno externo más débil y mayor incertidumbre. Brasil y Colombia reciben cierto apoyo de mayores precios de materias primas y exportaciones energéticas, mientras que Chile y Perú se benefician de altos precios de minerales. Sin embargo, estos efectos positivos solo compensan parcialmente el impacto negativo de mayores costes energéticos, inflación y condiciones financieras más restrictivas, especialmente en economías importadoras netas de energía.

Cuadro. Perspectivas económicas para los países de América Latina

Más inflación y menores márgenes para la política monetaria

En varias economías, las presiones inflacionarias han aumentado nuevamente debido al alza en los precios de energía y transportes, en un contexto en el que varios países aún no habían logrado alcanzar sus metas, al tiempo que otros enfrentan importantes presiones domésticas, como por ejemplo Colombia. En el ámbito monetario, los bancos centrales enfrentan un desafío complejo. Deberán seguir actuando con prudencia y en función de los datos, para equilibrar riesgos de segunda ronda con el debilitamiento del crecimiento, preservando el anclaje de las expectativas de inflación.

Los riesgos para estas perspectivas siguen sesgados a la baja. Una prolongación del conflicto en Oriente Medio podría generar nuevas presiones sobre los precios de energía y alimentos, reforzar efectos de segunda ronda, endurecer más las condiciones financieras y debilitar el crecimiento global. Asimismo, la reaparición de condiciones climáticas adversas, como el episodio de El Niño, podría elevar más los precios de los alimentos e impactar la producción en varios países de la región.

Menor espacio fiscal exige respuestas focalizadas

La situación fiscal requiere de especial atención. A diferencia de shocks anteriores, los gobiernos enfrentan este episodio con niveles de deuda más elevados y costos de financiamiento significativamente mayores. En muchos países, el pago de intereses ocupa una proporción significativa de los recursos fiscales, lo que limita la capacidad de la política fiscal para amortiguar nuevos shocks sin comprometer la sostenibilidad de la deuda.

En este contexto, las economías exportadoras de energía podrían beneficiarse temporalmente del aumento de precios, mediante una mayor recaudación y acumulación de reservas, otorgándoles cierto margen de acción. Sin embargo, parte de ese espacio está siendo usada para mitigar el impacto del incremento de los precios de energía. Por ejemplo, Brasil anunció la eliminación de impuestos e introducción de subsidios al diésel, cuyo impacto busca compensarse con un impuesto adicional del 12% a las exportaciones de crudo. Por su parte, México mantiene un mecanismo de estabilización de precios mediante reducciones en el impuesto especial a algunos carburantes.  Otros países de la región también cuentan con mecanismos de estabilización de precios —como Chile, Colombia y Perú— que, aunque han permitido una corrección gradual de los precios domésticos, siguen implicando subsidios implícitos en algunos segmentos.

Las experiencias previas muestran que los subsidios generalizados pueden ser costosos, regresivos, difíciles de revertir, además de reducir los incentivos al ahorro energético. Por ello, cualquier respuesta debe ser cuidadosamente calibrada, privilegiando medidas temporales y focalizadas, para no deteriorar la sostenibilidad fiscal.

Hacia adelante, adherirse a marcos fiscales creíbles, mejorar la eficiencia del gasto público, robustecer instituciones fiscales independientes y reducir el peso del servicio de la deuda serán prioridades para aumentar la capacidad de respuesta frente a futuros shocks.

La resiliencia no es suficiente: el desafío sigue siendo crecer más

La transición energética y la demanda de minerales críticos ofrecen oportunidades para América Latina. La región cuenta con ventajas importantes en energías renovables y recursos estratégicos como cobre, litio y grafito. Asimismo, una mayor diversificación comercial y de actividades productivas podría reducir la exposición a shocks externos y tensiones geopolíticas. 

Sin embargo, aprovechar estas oportunidades requerirá mayores niveles de inversión, mejor infraestructura y marcos regulatorios estables y predecibles.

América Latina ha fortalecido su resiliencia macroeconómica en los últimos años. Sin embargo, en un contexto de mayor frecuencia de shocks externos y menor espacio de política, sin una recuperación más fuerte de la inversión y la productividad, el crecimiento seguirá siendo insuficiente para acelerar de forma sostenida la mejora de los niveles de vida de sus ciudadanos.

Para más información:

OECD (2026), OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2d1956f0-en  – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina

Información detallada por país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

Editoriale tratto dalle Prospettive economiche dell’OCSE del giugno 2026, redatto da Stefano Scarpetta, Capo economista dell’OCSE e vice responsabile per le questioni finanziarie del G20 e del G7.

Il conflitto in Medio Oriente è diventato il principale fattore determinante per le prospettive economiche mondiali. L’economia mondiale ha iniziato il 2026 più forte di quanto molti avessero previsto. L’attività economica ha dato prova di una notevole resilienza, grazie ai cospicui investimenti nell’intelligenza artificiale, alle condizioni finanziarie favorevoli e a un allentamento delle tensioni commerciali. Le prospettive di crescita mondiale sembravano prefigurare una significativa revisione al rialzo.

Tuttavia, l’economia mondiale si trova ora nuovamente sotto pressione. Le perturbazioni del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, così come i danni causati alle infrastrutture energetiche, hanno innescato un forte aumento dei prezzi dell’energia e un rincaro dei costi dei fertilizzanti e di altri fattori di produzione industriale fondamentali. L’aumento dei costi sta alimentando le pressioni inflazionistiche, indebolendo la fiducia e pesando sulla domanda delle famiglie e sull’attività delle imprese.

L’evoluzione del conflitto in Medio Oriente rimane incerta, ma le sue conseguenze economiche si faranno probabilmente sentire ancora per qualche tempo, anche dopo la sua risoluzione. La gamma delle possibili conseguenze è ampia. Consapevoli di tale incertezza, abbiamo elaborato le nostre proiezioni mondiali adottando un approccio basato su scenari. Anziché basarsi su un unico percorso previsionale, la nostra analisi considera due possibili percorsi: uno scenario di perturbazioni limitate nel tempo, in cui le perturbazioni hanno una durata relativamente breve, e uno scenario di perturbazioni prolungate, con conseguenze negative più ampie e molto più durature.

Al momento della stesura della versione definitiva della presente edizione delle Prospettive economiche, le possibilità di raggiungere un accordo di pace sembravano farsi più concrete. Una soluzione duratura del conflitto in corso non solo rappresenterebbe un sollievo per le popolazioni della regione, ma aprirebbe anche la strada alla risoluzione delle perturbazioni che esso ha causato all’economia mondiale. Partendo dall’ipotesi che i prezzi dell’energia diminuiranno gradualmente a partire dalla metà del 2026, che è sostanzialmente in linea con le attuali aspettative dei mercati a termine, prevediamo un rallentamento della crescita economica mondiale, che dovrebbe scendere dal 3,4 % nel 2025 al 2,8 % nel 2026, per poi risalire al 3,1 % nel 2027. Nei Paesi del G20, l’inflazione annua dei prezzi al consumo dovrebbe passare dal 3,4 % nel 2025 al 4,0 % nel 2026, per poi scendere al 3,1 % nel 2027 con il graduale allentamento delle pressioni sui prezzi dell’energia e dei generi alimentari.

Tuttavia, più a lungo dureranno le perturbazioni, maggiori saranno i costi economici e sociali. Se dovessero persistere fino al 2027, si prevede che la crescita mondiale rallenterà notevolmente, attestandosi appena al 2,1 % nel 2026 e all’1,8 % nel 2027, il che potrebbe far precipitare alcune economie in recessione, o per lo meno avvicinarle a tale situazione. La disoccupazione aumenterebbe e gli investimenti – in particolare nell’IA, che consuma molta energia – si indebolirebbero sensibilmente, il che amplificherebbe i rischi di una rivalutazione del rischio sui mercati finanziari. L’inflazione mondiale dovrebbe aumentare di 0,4 punti percentuali nel 2026 e di 1,3 punti percentuali nel 2027, poiché le pressioni al rialzo legate all’elevato livello dei prezzi delle materie prime sono parzialmente compensate dal calo della domanda finale. Le conseguenze sarebbero risentite a livello mondiale, ma potrebbero rivelarsi particolarmente gravi per le economie in via di sviluppo caratterizzate da riserve energetiche limitate, quote più elevate di energia e alimenti nei consumi delle famiglie, capacità di bilancio limitate e deboli reti di sicurezza sociale, nonché modeste riserve di risparmio privato e valute più fragili.

I responsabili politici si trovano a dover prendere decisioni difficili. Le banche centrali possono ignorare gli aumenti dei prezzi legati all’offerta finché le aspettative di inflazione rimangono ben ancorate e gli effetti di second-round sono limitati. Tuttavia, potrebbe rendersi necessario un intervento qualora le tensioni sui prezzi dovessero accentuarsi o la crescita dovesse indebolirsi in modo significativo.

Molti governi non hanno tardato a fornire sostegno alle famiglie e alle imprese di fronte all’elevato livello dei prezzi mondiali dell’energia, in gran parte attraverso misure di ampia portata generale, come dimostrato dallo Strumento dell’OCSE per il monitoraggio delle misure di sostegno legate all’energia (OECD Energy Measures Support Tracker) e dal Capitolo 2. Le misure che assumono in particolare la forma di sgravi fiscali o di un tetto massimo ai prezzi tendono a ridurre gli incentivi a ridurre il consumo di energia, il che è particolarmente inopportuno in un periodo di crisi dell’approvvigionamento energetico. Esse possono inoltre rivelarsi costose. Il margine di manovra di bilancio è limitato a causa dell’elevato livello del debito pubblico e di ulteriori pressioni future legate all’invecchiamento demografico, alla spesa per la difesa (come indicato nel Capitolo 3) e all’aumento della frequenza dei fenomeni meteorologici estremi. In tale contesto, sarebbe opportuno rendere più mirate le misure di sostegno al fine di contenere i costi di bilancio, tanto più se le perturbazioni dovessero protrarsi. Infine, le misure di sostegno dovrebbero prevedere clausole di scadenza automatica che ne garantiscano la graduale eliminazione una volta che le condizioni siano tornate alla normalità.

Qualora la crescita rallentasse in modo significativo, come ipotizzato nello scenario di perturbazioni prolungate, per moderare l’attività economica si dovrebbe fare affidamento principalmente alla politica di bilancio, tenuto conto del limitato margine di manovra offerto dalla politica monetaria. Al contempo, le scelte politiche dovrebbero essere calibrate con accortezza al fine di evitare di esacerbare le tensioni sui mercati dell’energia, accentuare le pressioni inflazionistiche e compromettere la sostenibilità delle finanze pubbliche.

In conclusione, la vulnerabilità delle nostre economie rispetto a un unico nodo strategico evidenzia la necessità di intensificare gli sforzi volti a rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento – in questo caso, diversificando in particolare le fonti di approvvigionamento energetico – e a migliorare l’efficienza energetica. Nel breve termine, le misure di emergenza per contenere la domanda e il coordinamento internazionale delle scorte strategiche di energia possono contribuire ad attenuare gli effetti della contrazione dell’offerta, ma è più urgente che mai aumentare gli investimenti per ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili.

Prospettive economiche dell’OCSE: Estratti delle pubblicazione

References

OECD (2026), OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1: Under Pressure, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2d1956f0-en.

Éditorial tiré des Perspectives économiques de l’OCDE de juin 2026, rédigé par Stefano Scarpetta, Chef économiste de l’OCDE, Chef du département des affaires économiques, et Adjoint aux finances du G20/G7

Le conflit au Moyen-Orient est devenu le principal facteur façonnant les perspectives économiques mondiales. L’économie mondiale est entrée dans l’année 2026 dans une situation plus robuste que beaucoup l’avaient anticipé. L’activité a démontré une résilience remarquable, soutenue par un investissement dynamique dans l’intelligence artificielle, de conditions financières favorables et d’un apaisement des tensions commerciales. Les perspectives de croissance mondiale semblaient préfigurer une révision à la hausse significative.

Néanmoins, l’économie mondiale se retrouve à nouveau sous pression. Les perturbations du transport maritime dans le détroit d’Ormuz, ainsi que les dommages causés sur les infrastructures énergétiques, ont entraîné une forte hausse des prix de l’énergie et un renchérissement des coûts des engrais et d’autres intrants industriels critiques. L’augmentation des coûts alimente les tensions inflationnistes, entame la confiance et pèse sur la demande des ménages et l’activité des entreprises.

L’évolution du conflit au Moyen-Orient demeure incertaine, mais ses conséquences économiques devraient vraisemblablement perdurer encore quelque temps, même après sa résolution. L’éventail des conséquences possibles est large. Conscients de cette incertitude, nous avons établi nos projections mondiales selon une approche fondée sur des scénarios. Plutôt que de s’appuyer sur une seule trajectoire de prévision, l’analyse repose sur deux trajectoires possibles : un scénario de perturbations limitées dans le temps, dans lequel les perturbations sont d’une durée relativement courte, et un scénario de perturbations prolongées, aux conséquences négatives plus vastes et beaucoup plus durables.

Au moment de la finalisation de la rédaction de cette édition des Perspectives économiques, la perspective d’un accord de paix semblait plus probable. Un règlement durable du conflit en cours serait non seulement un soulagement pour les populations de la région, mais il ouvrirait également la voie à la résolution des perturbations qu’il a engendrées pour l’économie mondiale. En posant l’hypothèse que les prix de l’énergie diminueront progressivement à partir de la mi-2026, hypothèse globalement cohérente avec les anticipations actuelles sur les marchés à terme, nous tablons sur un ralentissement de la croissance économique mondiale, qui devrait fléchir de 3.4 % en 2025 à 2.8 % en 2026, avant de remonter à 3.1 % en 2027. Dans les pays du G20, l’inflation annuelle mesurée par les prix à la consommation devrait passer de 3.4 % en 2025 à 4.0 % en 2026, avant de reculer à 3.1 % en 2027 à mesure que les tensions sur les prix de l’énergie et des produits alimentaires s’atténueront progressivement.

Cependant, plus ces perturbations perdurent, plus les coûts économiques et sociaux augmentent. Si elles persistaient jusqu’en 2027, la croissance mondiale devrait ralentir sensiblement, pour s’établir à seulement 2.1 % en 2026 et 1.8 % en 2027, ce qui pourrait conduire certaines économies à entrer en récession, ou du moins à s’en approcher. Le chômage progresserait et l’investissement – notamment dans l’IA, qui consomme beaucoup d’énergie – s’affaiblirait notablement, ce qui amplifierait les risques de correction de prix sur les marchés financiers. L’inflation mondiale augmenterait, de 0.4 point de pourcentage en 2026 et de 1.3 point de pourcentage en 2027, les tensions à la hausse liées au niveau élevé des prix des matières premières étant partiellement compensées par le fléchissement de la demande finale. Les conséquences seraient mondiales, mais pourraient se révéler particulièrement graves pour les économies en développement caractérisées par des réserves en énergie limitées, une part plus élevée de l’énergie et les produits alimentaires dans la consommation des ménages, des capacités budgétaires restreintes, des systèmes de protection sociale moins développés, un faible niveau d’épargne privée de précaution et des monnaies plus vulnérables.

Les responsables de l’action publique sont confrontés à des décisions difficiles. Les banques centrales peuvent faire abstraction des hausses de prix liées à l’offre tant que les anticipations d’inflation demeurent bien ancrées et que les effets indirects sont limités. Néanmoins, une réaction des pouvoirs publics pourrait devenir nécessaire si les tensions sur les prix s’accentuaient ou si la croissance faiblissait nettement.

De nombreux pays ont rapidement apporté un soutien aux ménages et aux entreprises face au niveau élevé des prix mondiaux de l’énergie – principalement au moyen de mesures de portée générale, comme l’illustre l’outil OCDE de suivi des mesures de soutien liées à l’énergie et le chapitre 2. Les mesures telles que les réductions d’impôt ou le plafonnement des prix ont tendance à affaiblir les incitations à réduire la consommation d’énergie – ce qui est particulièrement regrettable en période de tension sur l’approvisionnement en énergie. Elles peuvent aussi se révéler coûteuses. La marge budgétaire est limitée en raison du niveau élevé de la dette publique auxquelles s’ajouteront des pressions supplémentaires liées au vieillissement de la population, aux dépenses de défense (comme indiqué au chapitre 3) et à l’augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. Dans ce contexte, il conviendrait de cibler davantage les mesures d’aide pour contenir les coûts budgétaires – d’autant plus si les perturbations se prolongent. Enfin, les mesures de soutien devraient être assorties de clauses d’extinction automatique permettant de garantir qu’elles seront progressivement supprimées lorsque les conditions seront revenues à la normale.

Si la croissance devait fléchir sensiblement, comme dans le scénario de perturbations prolongées, le soutien à l’activité incomberait principalement sur la politique budgétaire, compte tenu des marges de manœuvre limitées de la politique monétaire. Dans le même temps, il conviendrait que les choix des responsables publics soient judicieusement calibrés afin d’éviter d’exacerber les tensions sur les marchés de l’énergie, d’accentuer les tensions inflationnistes et de porter atteinte à la viabilité des finances publiques.

Pour conclure, la vulnérabilité de nos économies tributaires d’un point de passage unique démontre la nécessité d’intensifier les efforts visant à renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement – en l’espèce, de diversifier en particulier les approvisionnements en énergie – et à améliorer l’efficacité énergétique. À court terme, les mesures d’urgence prises pour restreindre la demande et la coordination internationale des réserves stratégiques d’énergie peuvent contribuer à atténuer les effets de la contraction de l’offre, mais il est plus urgent que jamais d’investir davantage pour nous affranchir de la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

References:

OCDE (2026), Perspectives économiques de l’OCDE, Volume 2026 Numéro 1 : Sous pression, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/0688e261-fr.

Leitartikel aus dem OECD-Wirtschaftsausblick vom Juni 2026, verfasst von Stefano Scarpetta, Chefökonom der OECD, Leiter der OECD-Wirtschaftsabteilung und stellvertretender Leiter der G20/G7-Finanzgruppe

Der Konflikt im Nahen Osten ist zum ausschlaggebenden Faktor für die globalen Konjunkturaussichten geworden. Die Weltwirtschaft startete stärker in das Jahr 2026 als von vielen erwartet. Dank der hohen Investitionen in künstliche Intelligenz, günstigen finanziellen Rahmenbedingungen und nachlassenden Handelsspannungen erwies sich die Konjunktur als sehr widerstandsfähig. Die globalen Wachstumsaussichten schienen vor einer deutlichen Aufwärtskorrektur zu stehen.

Nun aber ist die Weltwirtschaft erneut unter Druck. Die Störung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus und die Beschädigungen der Energieinfrastruktur haben zu einem drastischen Anstieg der Energiepreise geführt und die Kosten für Düngemittel und andere kritische industrielle Vorprodukte in die Höhe getrieben. Die höheren Kosten steigern den Inflationsdruck, schwächen das Vertrauen und belasten die Nachfrage der privaten Haushalte und die Wirtschaftstätigkeit.

Noch ist unklar, wie sich der Konflikt im Nahen Osten weiterentwickeln wird; doch selbst nach seiner Beilegung werden sich die wirtschaftlichen Auswirkungen voraussichtlich noch eine ganze Weile bemerkbar machen. Für den Ausgang des Konflikts sind diverse Szenarien denkbar. Angesichts dieser Unsicherheit haben wir für unsere globalen Projektionen einen szenariobasierten Ansatz gewählt. Anstelle eines einzigen Prognosepfads betrachten wir in unserer Analyse zwei potenzielle Entwicklungspfade: ein Szenario, in dem die Störungen relativ kurzlebig sind (time-limited disruption scenario) und ein Szenario mit weitreichenderen, wesentlich länger andauernden Verwerfungen (prolonged disruption scenario).

Zum Redaktionsschluss für diesen Wirtschaftsausblick schienen sich die Aussichten auf ein Friedensabkommen zu verbessern. Eine dauerhafte Beilegung des aktuellen Konflikts würde nicht nur den Menschen in der Region Erleichterung bringen, sondern auch den Boden dafür bereiten, dass die daraus resultierenden Störungen der Weltwirtschaft beseitigt werden. Sofern die Energiepreise – weitgehend im Einklang mit den aktuellen Erwartungen der Terminmärkte – ab Mitte 2026 allmählich nachgeben, rechnen wir mit einer Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums von 3,4 % im Jahr 2025 auf 2,8 % im Jahr 2026, bevor 2027 eine Wachstumserholung auf 3,1 % einsetzt. Die jährliche Verbraucherpreisinflation in den G20-Staaten dürfte von 3,4 % im Jahr 2025 auf 4,0 % im Jahr 2026 steigen. 2027 wird sie dank des allmählich nachlassenden Preisdrucks bei Energie und Nahrungsmitteln voraussichtlich wieder auf 3,1 % sinken.

Je länger die Störungen der Weltwirtschaft anhalten, desto größer werden jedoch auch die wirtschaftlichen und sozialen Kosten. Sollten die Störungen bis weit in das Jahr 2027 hinein andauern, dürfte sich das Weltwirtschaftswachstum erheblich verlangsamen – auf nur noch 2,1 % im Jahr 2026 und 1,8 % im Jahr 2027. Dies könnte einige Volkswirtschaften in eine oder zumindest an den Rand einer Rezession treiben. Die Arbeitslosigkeit würde zunehmen und die Investitionen, u. a. in energieintensive KI, würden deutlich zurückgehen. Damit einhergehend würde auch das Risiko einer Korrektur an den Finanzmärkten steigen. Die globale Inflation würde sich 2026 um 0,4 Prozentpunkte und 2027 um 1,3 Prozentpunkte erhöhen, wobei der Aufwärtsdruck durch die höheren Rohstoffpreise zum Teil von der schwächeren Endnachfrage ausgeglichen würde. Die Auswirkungen wären weltweit spürbar. Für Entwicklungsländer mit begrenzten Energiereserven, einem höheren Energie- und Nahrungsmittelanteil am Verbrauch der privaten Haushalte, eingeschränkten fiskalischen Kapazitäten und schwachen sozialen Sicherungsnetzen, niedrigen privaten Sparpuffern und weniger stabilen Währungen könnten sie sich jedoch als besonders gravierend erweisen.

Die Politikverantwortlichen stehen vor schwierigen Entscheidungen. Die Zentralbanken können über den angebotsinduzierten Preisanstieg hinwegsehen, solange die Inflationserwartungen gut verankert bleiben und Zweitrundeneffekte eingedämmt werden. Wenn sich jedoch der Preisdruck ausweitet oder das Wachstum stark nachlässt, könnte eine Politikreaktion erforderlich werden.

Viele Regierungen haben prompt gehandelt, um private Haushalte und Unternehmen von den Auswirkungen der hohen globalen Energiepreise zu entlasten. Dies geschah überwiegend durch Pauschalmaßnahmen, wie der OECD Energy Support Measures Tracker und unsere Ausführungen in Kapitel 2 zeigen. Maßnahmen wie Steuersenkungen und Preisdeckel schwächen in der Regel die Anreize zum Energiesparen – ein Effekt, der in einer Energieversorgungskrise besonders unwillkommen ist. Sie können sich zudem als kostspielig erweisen. Der fiskalische Spielraum ist begrenzt, da die öffentliche Verschuldung bereits hoch ist und die Bevölkerungsalterung, die Verteidigungsausgaben – wie in Kapitel 3 erörtert – sowie die zunehmende Häufigkeit von Extremwetterereignissen für weiteren Ausgabendruck sorgen. Vor diesem Hintergrund sollten Entlastungsmaßnahmen stärker zielgenau ausgestaltet werden, um die fiskalischen Kosten einzudämmen – insbesondere, wenn die Versorgungsstörungen länger andauern. Außerdem sollten die Maßnahmen automatische Ablaufklauseln enthalten, um sicherzustellen, dass sie bei einer Normalisierung der Lage auslaufen.

Sollte sich das Wachstum deutlich abschwächen, wie in unserem prolonged disruption scenario unterstellt, müssten die Belastungen für die Wirtschaft in erster Linie über die Fiskalpolitik abgefedert werden, da die Geldpolitik nur über begrenzten Handlungsspielraum verfügt. Dabei müssten die Politikentscheidungen sorgfältig austariert werden, um eine Verschärfung der Spannungen an den Energiemärkten, eine Verstärkung des Inflationsdrucks und eine Gefährdung der fiskalischen Tragfähigkeit zu vermeiden.

Darüber hinaus zeigt die Abhängigkeit unserer Volkswirtschaften von einem einzigen Nadelöhr, dass die Bemühungen zur Stärkung der Resilienz von Lieferketten – in diesem Fall vor allem zur Diversifizierung der Energieversorgung – sowie zur Steigerung der Energieeffizienz intensiviert werden müssen. Auf kurze Sicht können Notfallmaßnahmen zur Beschränkung des Energieverbrauchs und eine internationale Koordinierung strategischer Energiereserven dazu beitragen, die Auswirkungen der Versorgungskrise teilweise abzufedern. Wir müssen jedoch dringender denn je mehr investieren, um uns aus der Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu befreien.

OECD-Wirtschaftsausblick: Auszugsweise Ubersetzung, Juni 2026

References:

OECD (2026), OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1: Under Pressure, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2d1956f0-en.

Editorial de las Perspectivas Económicas de la OCDE de junio de 2026, escrito por Stefano Scarpetta, economista jefe de la OCDE, director del Departamento de Economía de la OCDE y responsable adjunto de Asuntos Financieros del G20 y el G7

El conflicto en Oriente Medio se ha convertido en el factor que más condiciona las perspectivas económicas mundiales. La economía global comenzó 2026 más fuerte de lo que muchos habían previsto. La actividad económica demostró una resiliencia notable, respaldada por fuertes inversiones en inteligencia artificial, condiciones financieras favorables y una disminución de las tensiones comerciales. Las perspectivas de crecimiento global parecían encaminadas a una revisión al alza significativa.

Sin embargo, la economía mundial vuelve ahora a estar bajo presión. Las interrupciones del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, junto con los daños sufridos en las infraestructuras energéticas, han provocado un fuerte aumento de los precios de la energía y han elevado el costo de los fertilizantes y otros insumos industriales críticos. Estos mayores costos están alimentando las presiones inflacionarias, debilitando la confianza y lastrando la demanda de los hogares y la actividad empresarial.

La evolución del conflicto en Oriente Medio sigue siendo incierta, pero es probable que sus consecuencias económicas se dejen sentir durante algún tiempo, incluso tras su resolución. El abanico de posibles resultados es amplio. Conscientes de esta incertidumbre, hemos elaborado nuestras proyecciones globales a partir de un enfoque basado en escenarios. En lugar de basarnos en una única senda de previsión, el análisis contempla dos posibles trayectorias: un escenario de perturbaciones limitadas en el tiempo, en el que las tensiones remiten relativamente pronto, y otro de perturbaciones prolongadas, con consecuencias negativas más amplias y mucho más duraderas.

En el momento de cerrar esta edición de las Perspectivas Económicas, las perspectivas de un acuerdo de paz parecían ganar fuerza. Una solución duradera al conflicto actual no solo supondría un alivio para la población de la región, sino que también sentaría las bases para resolver las perturbaciones que ha causado en la economía mundial. Si los precios de la energía se moderan de forma paulatina a partir de mediados de 2026, en línea con las expectativas de los mercados de futuros, proyectamos que el crecimiento económico mundial se ralentice del 3,4% en 2025 al 2,8% en 2026, antes de recuperarse hasta el 3,1% en 2027. Se prevé que la inflación anual de los precios al consumo en los países del G-20 aumente hasta el 4,0% en 2026, desde el 3,4% de 2025, para luego moderarse hasta el 3,1% en 2027, conforme vayan disipándose gradualmente las presiones sobre los precios de la energía y los alimentos.

Sin embargo, cuanto más se prolonguen las tensiones, mayores serán los costos económicos y sociales. Si las perturbaciones persisten hasta bien entrado 2027, se prevé que el crecimiento mundial se desacelere de forma significativa, hasta situarse en solo un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027, lo que podría llevar a algunas economías a entrar en recesión o situarlas al borde de ella. El desempleo aumentaría y la inversión —incluida la destinada a la IA, de elevado consumo energético— se debilitaría significativamente, con un riesgo creciente de correcciones de las valoraciones en los mercados financieros. La inflación mundial aumentaría en 0,4 puntos porcentuales en 2026 y en 1,3 puntos porcentuales en 2027, con presiones al alza derivadas de los altos precios de las materias primas, parcialmente compensadas por una menor demanda final. Las consecuencias serían globales, pero podrían resultar especialmente severas para las economías en desarrollo con escasas reservas energéticas, una mayor proporción del gasto en energía y alimentos en el consumo de los hogares, un margen fiscal limitado y redes de protección social débiles, bajos niveles de ahorro privado y monedas más vulnerables.

Los responsables de las políticas públicas se enfrentan a decisiones complejas. Los bancos centrales pueden, hasta cierto punto, mirar más allá del incremento de precios impulsado por factores de oferta, siempre que las expectativas de inflación permanezcan bien ancladas y se contengan los efectos de segunda ronda. Sin embargo, podría ser necesario adoptar medidas de política monetaria si las presiones sobre los precios se generalizan o si el crecimiento se debilita de forma significativa.

Muchos gobiernos han actuado con rapidez para aliviar la carga que suponen los elevados precios mundiales de la energía para los hogares y las empresas, principalmente a través de medidas de amplio alcance, tal y como se documenta en el registro de medidas de apoyo a precios energéticos de la OCDE y en el capítulo 2. Medidas como la reducción de impuestos y la fijación de precios máximos tienden a debilitar los incentivos para reducir el consumo de energía, lo que resulta especialmente indeseable durante una crisis de suministro energético. Además, pueden tener un costo elevado. El margen fiscal es limitado debido al elevado nivel de deuda pública y a las presiones adicionales derivadas del envejecimiento, el gasto en defensa —analizado en el capítulo 3— y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. En este contexto, las medidas de apoyo deberían orientarse cada vez más de forma selectiva para contener los costes fiscales, especialmente si las perturbaciones se prolongan. Asimismo, deberían incorporar cláusulas automáticas de caducidad que garanticen su retirada cuando las condiciones vuelvan a la normalidad.

Si el crecimiento se debilitara considerablemente, como se prevé en el escenario de perturbaciones prolongadas, la responsabilidad de amortiguar el impacto en la actividad económica recaería principalmente en la política fiscal, dado el escaso margen de actuación de la política monetaria. Al mismo tiempo, las decisiones de política económica deberían calibrarse cuidadosamente para no agravar las tensiones en los mercados energéticos, añadir presión inflacionista ni comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Por último, la vulnerabilidad de nuestras economías ante un único punto crítico pone de manifiesto la necesidad de intensificar los esfuerzos para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro —en este caso, especialmente mediante la diversificación de las fuentes de energía— y mejorar la eficiencia energética. A corto plazo, las medidas de emergencia para contener la demanda y la coordinación internacional de las reservas estratégicas pueden ayudar a mitigar parcialmente los efectos de la escasez de suministro, pero la necesidad de invertir más para reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles es hoy más acuciante que nunca.

Para más información:

OECD (2026), OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2d1956f0-en  – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina

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Editorial from the June 2026 OECD Economic Outlook written by Stefano Scarpetta, OECD Chief Economist, Head of the OECD Economics Department and G20/G7 Finance Deputy

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The conflict in the Middle East has become the dominant force shaping the global economic outlook. The world economy entered 2026 stronger than many had anticipated. Activity demonstrated considerable resilience sustained by strong investment in artificial intelligence, supportive financial conditions and easing trade tensions. Global growth prospects appeared poised for a significant upward revision.

Yet the global economy is now again under pressure. Disruptions to shipments through the Strait of Hormuz, together with damage to energy infrastructure, have triggered a sharp rise in energy prices and increased the cost of fertilisers and other critical industrial inputs. Higher costs are feeding into inflation pressures, weakening confidence, and weighing on household demand and business activity.

The evolution of the Middle East conflict remains uncertain, but its economic consequences are likely to be felt for some time even after its resolution. The range of possible outcomes is wide. Recognising this uncertainty, we framed our global projections through a scenario-based approach. Rather than relying on a single forecast path, the analysis considers two possible trajectories: a time-limited disruption scenario in which disruptions remain relatively short-lived, and a prolonged disruption scenario, with broader, much more long-lasting negative consequences.

At the time of finalising this Economic Outlook, the prospects of a peace deal seemed to gain some momentum. A durable settlement to the current conflict would not only bring relief to the people of the region but also lay the groundwork for a resolution to the disruptions it has caused to the global economy. Assuming that energy prices gradually ease from mid-2026 onward, broadly in line with current futures market expectations, we project global economic growth to slow from 3.4% in 2025 to 2.8% in 2026 before recovering to 3.1% in 2027. Annual consumer price inflation in the G20 countries is expected to rise to 4.0% in 2026 from 3.4% in 2025, before easing to 3.1% in 2027 as energy and food price pressures gradually fade.

However, the longer the disruptions last, the larger the economic and social costs become. Should the disruptions persist well into 2027, global growth is expected to slow significantly, to just 2.1% in 2026 and 1.8% in 2027, potentially pushing some economies into or close to recession. Unemployment would rise and investment – including in energy-intensive AI – would weaken significantly, with increasing risks of financial market repricing. Global inflation would rise by 0.4 percentage points in 2026 and 1.3 percentage points in 2027, with upside pressures from elevated commodity prices partially offset by weaker final demand. The consequences would be global but could prove especially severe for developing economies with limited energy reserves, higher shares of energy and food in household consumption, constrained fiscal capacity and weak social safety nets, low private savings buffers and more fragile currencies.

Policymakers face difficult decisions. Central banks can look through the supply-driven rise in prices as long as inflation expectations remain well anchored and second-round effects are contained. However, a policy response may become necessary if price pressures broaden, or if growth weakens significantly.

Many governments have moved quickly to provide relief to households and firms from the high global energy prices – largely through broad-based measures, as documented in the OECD Energy Support Measures Tracker and Chapter 2. Measures such as tax reductions and price caps, tend to weaken incentives to reduce energy use – particularly undesirable during an energy supply crunch. They can also prove costly. Fiscal space is limited due to elevated public debt and further pressures to come from ageing, defence spending – as discussed in Chapter 3 – and the increasing frequency of extreme weather events. In this context, relief measures should be increasingly targeted to contain fiscal costs – particularly if the disruption is prolonged. Finally, support measures should include automatic sunset clauses to ensure they are phased out once conditions normalise.

If growth were to weaken substantially, as in the prolonged disruption scenario, the burden to cushion activity would fall mostly on fiscal policy, given the limited room for monetary policy to act. At the same time, policy choices would need to be carefully calibrated to avoid exacerbating strains in energy markets, adding to inflationary pressures, and undermining fiscal sustainability.

Finally, the vulnerability of our economies to one single chokepoint demonstrates the need for intensifying efforts to strengthen the resilience of supply chains – in this case, particularly to diversify energy supply – and to improve energy efficiency. In the near-term, emergency demand-restraint measures and international coordination of strategic energy stocks can help mitigate some of the effects of the supply crunch, but the need to invest more to wean us off the dependency on fossil fuel imports is more urgent than ever.

References:

OECD (2026), OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1: Under Pressure, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2d1956f0-en.

In the context of a shrinking working-age population, Japan needs to reignite productivity growth to sustain living standards. Annual growth in hourly productivity fell from 1.2% in the 2000-08 period to 0.3% between 2019 and 2024. 

By Patrizio Sicari, OECD Economics Department

Business dynamism, which spurs productivity by encouraging firm entry and subsequent growth, as well as the exit of less productive firms, is weak in international perspective (Figure 1). As highlighted in the 2026 OECD Economic Survey of Japan, strengthening competition, making public support to small and medium-sized enterprises (SMEs) more effective and reforming the innovation framework and incentives for start-ups are key to a more dynamic entrepreneurial ecosystem.

Overhauling cumbersome business regulations

Starting a business is relatively complex, requiring several procedures across different institutions. The introduction of online business registration in 2020 formally reduced the need for time-consuming direct contact with licensing, employment and social security authorities. Access to the relevant online services occurs through a common digital authentication platform (gBizID) managed by the Digital Agency. However, limited digitalisation means that this opportunity is not fully exploited.

Further improving the availability and uptake of digitised administrative procedures requires expanding gBizID’s service coverage across local governments and promoting its adoption among firms. Among corporations, only 33% have registered with the service as of early 2026, well below the government’s 80% target by 2030. Seamless digital integration across government services would enable firms to avoid resubmitting information already held by other public authorities (the “once-only” principle). Adopting a “silence is consent” principle would also ease procedural uncertainty for more complex licences and permits.

Ensuring efficient capital allocation towards more dynamic SMEs

As of March 2025, around 45% of SMEs held publicly guaranteed loans offering 80% coverage of private banks’ credit risk, amounting to 5.3% of 2024 GDP (Figure 2, Panel A). Public financial institutions provided SMEs with a further 4.2% of GDP in direct loans. Although at levels below pandemic peaks, these broad-based guarantees and subsidised loans weigh on business dynamism. They prevent the exit of low-productivity firms, hindering the reallocation of resources towards more dynamic firms. Indeed, the share of zombie firms eased somewhat after the phase-out of pandemic-era support, but remained elevated at 14.3% in FY2024 (Panel B). Lowering guarantee coverage rates would improve risk sharing between banks and the public sector by strengthening banks’ incentives to carry out deeper credit screening.

Public SME support is largely bank-based, constraining access for innovative start-ups lacking tangible assets for collateral or personal guarantees required by risk-averse banks. Limited availability of alternative financing sources also prevents their scaling up. Greater reliance on public venture capital (VC) investment would boost the valuation and scaling of artificial intelligence and deep-tech start-ups. The limited size of the late-stage VC market often forces highly innovative start-ups to go public prematurely, after which many struggle to secure follow-on funding, constraining their productivity potential. Complementing public VC with a wider use of mezzanine financing instruments, which offer more flexible growth capital, would also help limit direct public exposure.

Redesigning public support for broader innovation and scaling up

Japan has the fifth highest expenditure on research and development (R&D) in the OECD, but this is mainly commercially oriented and concentrated in large manufacturing firms. Openness to foreign R&D funding and collaboration with universities remains limited, especially among SMEs, which performed just 5% of business R&D in 2023 (Figure 3). R&D tax incentives make up around 75% of total public support for business R&D, but they mainly benefit large incumbents. This reduces the likelihood of SMEs developing breakthrough inventions and scaling up, constraining innovation and its diffusion.

The R&D tax system should be simplified. The main existing schemes are combinable but separately administered, with different eligibility criteria, rate calculations, and varying deduction ceilings. In addition, a recent tax reform introduced higher R&D tax credit rates for business investment in strategic-technology research fields from FY2027, which could increase fragmentation. Together with various revisions and temporary provisions, these features lower the system’s predictability and make it administratively burdensome. A more streamlined and stable system would help increase uptake among smaller innovative firms, which are more likely to drive productivity growth.

To support scaling, public R&D policy should more effectively target innovative start-ups, reducing the share of support to profitable incumbents that are likely to invest in innovation regardless. Amendments to the Corporate Tax Act approved in March 2026 move in this direction, by allowing innovative SMEs, which typically have little or no tax liabilities, to carry forward unused R&D tax credits for up to three years from FY2027. However, this was accompanied by less favourable effective credit rates for firms that do not increase R&D spending over time. Complementary measures making credits partly refundable for research aligned with specific policy objectives (e.g. fostering systemic innovation) would strengthen investment incentives for early-stage firms and help broaden the innovation base.

In addition, the 2026 OECD Economic Survey of Japan provides policy recommendations to enhance competition in services, encourage greater inward foreign direct investment, promote an effective skills pipeline for innovation-oriented research and boost the adoption of advanced digital technologies.

Visit the OECD’s Japan Economic Snapshot page for further information.

References

OECD (2026), OECD Economic Survey of Japan, OECD publishing, Paris.

La transformación digital de México se está acelerando. Contar con regulaciones que fomenten la competencia en telecomunicaciones, impulsar el gobierno digital y fortalecer las habilidades digitales puede desbloquear la productividad y la inclusión en todo el país.

Por Alessandro Maravalle y Alberto Gonzalez-Pandiella, Departamento de Economía de la OCDE

Also available in English: Unlocking Mexico’s digital potential

Introducción

En 2018, Roma, una película mexicana sobre una joven trabajadora doméstica en el Ciudad de México de los años setenta, llegó a audiencias globales a través del streaming digital y ganó tres premios Óscar. Este éxito ilustra también cómo la digitalización crea oportunidades sin precedentes. Un potencial similar existe en toda la economía mexicana. Sin embargo, para muchas empresas y hogares, las herramientas digitales necesarias siguen sin estar al alcance. Fortalecer la digitalización podría impulsar el crecimiento económico y la productividad en México, que han permanecido estancados durante más de dos décadas (OCDE, 2026). Esto requiere regulaciones que fomenten la competencia en telecomunicaciones, avanzar en el gobierno digital y programas específicos para fortalecer las habilidades y la adopción por parte de las pymes.

Fortalecer el marco regulatorio para aumentar la competencia e impulsar la inversión

Las regulaciones que promueven la competencia pueden ayudar a atraer inversión privada y garantizar una competencia efectiva, contribuyendo a mejorar la asequibilidad y la calidad. Un elemento clave de un marco procompetencia es la existencia de un regulador independiente, ya que se asocia con mayor confianza de los inversores, menores precios y mayor acceso a servicios de telecomunicaciones. Una reforma reciente en México ha eliminado el regulador independiente de telecomunicaciones (IFT) y ha transferido sus funciones a una nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con menor autonomía respecto al gobierno. Aunque la reforma buscaba simplificar la gobernanza, la reducción de la independencia regulatoria ha generado preocupación sobre la eficacia y credibilidad futuras de la supervisión en el sector.

Introducir un proceso de nombramiento más transparente y basado en méritos para los miembros de la CRT, y garantizar presupuestos adecuados, podría ayudar a restablecer la confianza y promover la inversión privada en el sector. Más allá del marco institucional, el coste del espectro representa otra restricción importante para la expansión de redes. Las tarifas de espectro en México se encuentran entre las más altas de la OCDE (Figura 1), en gran parte debido a elevados cargos anuales. Esto desincentiva la entrada, limita la expansión de redes y deja grandes porciones del espectro sin utilizar. Reformar la fijación de precios del espectro, avanzando hacia menores tarifas anuales y basarse más en subastas transparentes, reduciría las barreras a la inversión.

Avanzar en el gobierno digital y la confianza

México se sitúa por debajo del promedio de la OCDE en gobierno digital (Figura 2), pero reformas recientes, en particular la consolidación en 2025 de la política digital bajo la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ADTT), han generado un impulso favorable para avanzar reformas. Respaldada por un fuerte apoyo político y un marco de gobernanza reforzado, la ADTT lidera ahora los esfuerzos para simplificar y digitalizar los procedimientos administrativos en todos los niveles de gobierno. Los primeros resultados son alentadores, con trámites federales más rápidos y menos costosos para los usuarios. Iniciativas emblemáticas como la Ventanilla Única para Inversionistas y la Ventanilla Digital podrían reducir significativamente la carga burocrática y mejorar el clima de inversión.

No obstante, persisten desafíos importantes. La coordinación efectiva entre niveles de gobierno, las capacidades desiguales a nivel local, la incertidumbre sobre la disponibilidad de financiación adecuada en el futuro y la baja interoperabilidad entre sistemas informáticos pueden ralentizar el progreso. Será esencial mantener inversiones sostenidas en habilidades digitales, infraestructura y coordinación intergubernamental para consolidar el impulso reformador y lograr resultados duraderos.

Fortalecer las competencias digitales es también crucial, ya que las limitadas habilidades digitales básicas constituyen una de las principales barreras para acceder y utilizar eficazmente las tecnologías digitales. Asegurar un mayor énfasis en las competencias digitales dentro de los programas de educación y formación permitirá a los mexicanos aprovechar mejor las herramientas digitales.

Más allá de los hogares, también se requieren políticas específicas para acelerar la adopción digital por parte de las empresas. Programas de apoyo digital, que combinen formación en competencias digitales, financiación focalizada y servicios de asesoramiento,  pueden ayudar a las pymes a incrementar su uso de tecnologías digitales. Dado que estas empresas generan más de la mitad de la producción económica de México y la mayoría del empleo, facilitar su digitalización podría generar importantes beneficios para la economía.

Referencias

OCDE (2026), Estudios Económicos de la OCDE: México 2026, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/8a7c0ac4-en.

Mexico’s digital transformation is accelerating. Ensuring pro-competition regulations in telecommunications, advancing digital government and strengthening digital skills  can  unlock productivity and inclusion across the country.

By Alessandro Maravalle and Alberto Gonzalez-Pandiella, OECD Economics Department

También disponible en español: Aprovechar el potencial digital de México

Introduction

In 2018, Roma, a Mexican film about a young domestic worker living in 1970s Mexico City, reached global audiences through digital streaming and won three Academy Awards. This success also illustrates how digitalisation creates unprecedented opportunities. Similar potential exists across Mexico’s economy. Yet for many businesses and households the digital tools to make it possible remain out of reach. Strengthening digitalization could unlock economic growth and productivity in Mexico, which has stagnated for more than two decades (OECD, 2026). Making that happen requires regulations that foster competition in telecommunications, advancing digital government and targeted programmes to support skills and SMEs adoption.   

Strengthening the regulatory framework to increase competition and boost investment

Regulations that promote competition can help attract private investment and ensure fair competition, helping to improve affordability and quality. A key building block of a pro-competition framework is an independent regulator, as they are associated with stronger investor confidence, lower prices and higher access to telecommunication services. A recent reform in Mexico has dissolved the independent telecommunications regulator (IFT) and transferred its functions to a new Telecommunications Regulatory Commission (CRT), with reduced autonomy from the government. While the reform aimed to streamline governance, the reduction in regulatory independence has raised concerns about the future effectiveness and credibility of oversight in the sector.

Introducing a more transparent and merit‑based appointment process of the members of the CRT and ensuring appropriate budgets, could help restore trust and promote private investment in the sector. Beyond institutional governance, the cost of spectrum represents another binding constraint on network expansion. Mexico’s spectrum fees are among the highest in the OECD (Figure 1), largely due to elevated annual charges. This discourages entry, limits network expansion and leaves large portions of spectrum unused. Reforming spectrum pricing by shifting towards lower annual fees and greater reliance on transparent auctions would reduce barriers to investment.

Advancing digital government and trust

Mexico lags the OECD average in digital government (Figure 2), but recent reforms , notably the consolidation in 2025 of digital policy under the Agency for Digital Transformation and Telecommunications (ADTT), have created a good momentum to make reform happen.  Backed by strong political support and strengthened governance framework, the ADTT now leads efforts to simplify and digitalise administrative procedures across all levels of government. Early results are promising, with federal procedures  becoming faster and less costly for users. Flagship initiatives like the One-Stop Shop for investors and the Digital Window for Investors could significantly reduce red tape and improve the investment climate.

Nevertheless, significant challenges remain. Effective coordination across government levels, uneven local capacity, uncertainty over availability of adequate funding over the future,  and low interoperability across IT systems all risk slowing progress. Sustained investment in digital skills, infrastructure and intergovernmental coordination will be essential to maintain reform momentum and achieve lasting results.

Strengthening digital skills is also crucial, as limited basic digital competencies are among the main barriers to accessing and effectively using digital technologies. Ensuring a stronger focus on digital skills in education and training programmes will better equip Mexican to make the most out of digital tools.

Beyond households, targeted policies are also needed to accelerate digital adoption by firms. Targeted digital support programmes, combining digital skills training, targeted funding and advisory services  can help SMEs increase their use of digital technologies. Since these firms provide over half of Mexico’s economic output and most jobs, helping them go digital could deliver large benefits for the economy.

References

OECD (2026), OECD Economic Surveys: Mexico 2026, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8a7c0ac4-en.

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich immer mehr zu einem wesentlichen Treiber des Stromverbrauchs in Europa. Während bislang die Rechenleistung der wichtigste Engpassfaktor war, verschiebt sich mit der Beschleunigung der KI-Verbreitung der Fokus zunehmend auf die Kapazität der Stromnetze, große, konstante und räumlich konzentrierte Lasten zu verkraften. Dieser Blog untersucht, wie entscheidend die Aktualisierung und Modernisierung der Netzplanung, der Netzanschlussregeln und der Energieregulierung für die Zukunft von KI in der EU sind.

Von Ruben Maximiano und Wouter Meester, OECD-Hauptabteilung Wirtschaft

Also available in English: Wired for Power: The energy behind the AI revolution

Wie viel Energie braucht KI?

In der öffentlichen Diskussion entsteht oft der Eindruck, dass KI losgelöst von physischen Systemen operiert. In Wirklichkeit braucht KI aber Unmengen von Strom. Ihre Zukunft hängt nicht nur von Fortschritten bei Algorithmen und Rechenleistung ab, sondern auch von Kilowattstunden – also von der Fähigkeit der Stromsysteme, zuverlässig und in großem Umfang Strom bereitzustellen.

Training und Nutzung der neuesten KI-Modelle verursachen einen kontinuierlichen und stetig wachsenden Strombedarf. Der IEA zufolge verbraucht ein typisches KI-Rechenzentrum derzeit so viel Strom wie 100 000 Haushalte. Die größten neuen Rechenzentren könnten sogar zwanzigmal so viel Strom benötigen, was dem Stromverbrauch eines kleinen Landes entspricht (IEA, 2025).

Die Stromerzeugung allein ist daher nicht mehr der einzige limitierende Faktor für die weitere KI-Verbreitung. Eine immer kritischere Rolle spielt mittlerweile die Kapazität der Stromsysteme, große, konstante und geografisch konzentrierte Lasten aufzunehmen, zu transportieren und zu steuern, ohne Konflikte mit anderen Nutzungsarten zu verursachen. Wie die aktuelle Studie OECD Diagnostic Tool for Reducing Regulatory Barriers to Solar, Wind and Pumped Hydro Storage in the EU zeigt, ist dafür auch eine bessere Regulierung erforderlich.

Die zentrale Bedeutung von Energie für den KI-Rollout lässt sich an den Energiebeschaffungsstrategien der Unternehmen ablesen. Ein Großteil der langfristigen Strombezugsverträge von Unternehmen (Corporate Power Purchase Agreements – Corporate PPAs) in Europa entfällt inzwischen auf Big Tech (vgl. Abbildung 1). Umfang und Geschwindigkeit der KI-Implementierung erfordern jedoch schon jetzt mehr Strom als traditionelle PPAs gewährleisten können. Daher investieren Hyperscaler zunehmend direkt in Stromerzeugung, z. B. durch Photovoltaik, Wind- und Kernenergie, um ihre langfristige Versorgung zu sichern.

Insgesamt lassen diese Entwicklungen den Schluss zu, dass die nächste große Herausforderung für die KI-Politik nicht nur in einer ausreichenden Stromerzeugung, sondern auch in einer angemessenen Netzplanung und -verstärkung besteht. Dies hängt in erheblichem Maße von der Regulierung der Netzinvestitionen und Netzanschlussregeln ab.

Um diese Hürden in der EU systematisch abzubauen, benennt die OECD-Studie Diagnostic Tool for Reducing Regulatory Barriers to Solar, Wind and Pumped Hydro Storage in the EU die regulatorischen Engpässe, die den Ausbau der erneuerbaren Energien in der EU verlangsamen und die Netzverfügbarkeit begrenzen, und zeigt Optionen für Politikverantwortliche auf, um durch eine Anpassung der Energieregulierung die KI-Implementierung zu fördern. Da dieser Blog auf der genannten Studie beruht, bezieht er sich hauptsächlich auf die Herangehensweisen und den Energiemix in der EU.

Globale KI trifft auf lokale Stromnetze

Global betrachtet ist zwar der Strombedarf für KI nach wie vor moderat (bis 2030 wird ein Anstieg auf 3 % weltweit und 4,5 % in der EU erwartet) (IEA, 2025; Ember, 2025), die Auswirkungen des KI-bedingten Stromverbrauchs sind jedoch stark konzentriert. Rechenzentren ballen sich an Standorten mit stabilen Glasfaserverbindungen, günstigen Kühlbedingungen, niedrigen Strompreisen und schnellem, zuverlässigem Netzzugang. Diese Clusterbildung erhöht den Druck auf die lokalen Stromnetze und bringt die bestehenden Planungs- und Netzanschlussstrukturen an ihre Grenzen.

Am Beispiel Irlands werden diese Risiken deutlich. 2023 entfielen rd. 21 % des Stromverbrauchs in Irland auf Rechenzentren, verglichen mit 5 % im Jahr 2015. Dies betrifft vor allem den Großraum Dublin, wo Rechenzentren etwa die Hälfte der gesamten Stromerzeugung verbrauchen. Die enorme Belastung für das Stromnetz lässt Besorgnis über die Versorgungssicherheit aufkommen, was dazu geführt hat, dass der Übertragungsnetzbetreiber bis 2028 keine Anträge für neue Rechenzentren in Dublin mehr annimmt (Ember, 2025; CRU, 2025). Die nationale Regulierungsbehörde hat mit einer Reihe von regulatorischen Änderungen auf die Entwicklung reagiert. Beispielsweise müssen neue Rechenzentren mit steuerbaren Erzeugungs- oder Speicherkapazitäten ausgestattet werden.

Länder, die über mehr und billigeren Strom und bessere Netze verfügen, haben bei der Ansiedlung von Rechenzentren einen komparativen Vorteil. So sind beispielsweise die nordischen Länder aufgrund ihres reichlichen Energieangebots, starker Netze und einer CO₂-armen Grundlastversorgung zu attraktiven KI-Zielländern geworden (Ember, 2025). Generell könnten Staaten mit deutlich schnelleren Netzanschlusszeiten laut IEA-Analysen bis 2030 um bis zu 20 % mehr Wachstum bei Rechenzentren verzeichnen (IEA, 2025).

Wie KI die Stromsysteme belastet

Die Belastung der Stromsysteme tritt in drei überlappenden zeitlichen Dimensionen zutage. Auf lange Sicht brauchen große KI-Standorte Übertragungs- und Verteilnetze mit ausreichenden Kapazitäten, doch der Netzausbau und die erforderlichen Genehmigungsverfahren nehmen oft fünf bis zehn Jahre in Anspruch. Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, vorausschauend zu planen und die Ansiedlung von Rechenzentren mit Netzinvestitionen und lokaler Stromerzeugung zu koordinieren. Ebenso wichtig ist die Netzoptimierung, d. h. die Verbesserung der Systemeffizienz durch Digitalisierung und KI-basiertes Systemmanagement.

Auf mittlere Sicht sind ineffiziente Netzanschlussregeln ein limitierender Faktor. Lange Warteschlangen, spekulative Anträge und Windhundverfahren verzögern tragfähige Vorhaben und verzerren die Planung. Und bereits heute verursacht die KI-Nutzung rapide Schwankungen im Stromsystem, die deutlich drastischer ausfallen als bei traditionellen Industrielasten und Probleme für die Frequenzstabilität und Spannungssteuerung mit sich bringen.

Um diese Belastungen zu bewältigen, sind Regulierungsrahmen notwendig, die nicht nur eine physische Verstärkung der Stromnetze, sondern auch eine Optimierung des Stromsystems durch Digitalisierung, Flexibilitätsbeschaffung und Stabilitätsdienstleistungen fördern und es den Systembetreibern ermöglichen, neben den traditionellen Sachanlagen in Software und operative Lösungen zu investieren.

Laut Diagnosetool würden u. a. die folgenden wesentlichen Elemente des Regulierungssystems dazu beitragen, den Belastungen für das Stromsystem zu begegnen:

• vorausschauende Netzinvestitionen, die durch klare Abschreibungsregeln unterstützt werden
• kriterienbasierte Netzanschluss-Warteschlangen mit Priorisierung nach Reifegrad und Systemnutzen der Projekte
• Netzkapazitätskarten zur Erleichterung effizienter Standortentscheidungen
• flexible Zugangsregelungen, wie z. B. flexible oder hybride Netzanschlüsse
• Tarif- und Marktdesigns, die den Wert von Flexibilitäts- und Stabilitätsdienstleistungen widerspiegeln

Wie gehen die Länder mit dieser Herausforderung um?

Die Länder passen zunehmend die Regulierung ihrer Stromsysteme an, um den sehr standortspezifischen Auswirkungen der KI-bedingten Nachfrage auf die Stromnetze zu begegnen. Dabei drehen die Regierungen an unterschiedlichen Stellschrauben. In Europa beispielsweise verbessert Italien die standortbezogene Planung durch detaillierte Netzkapazitätskarten, während Portugal ungenutzte Kapazitäten umverteilt und die Lizenzierung von Speicherkapazitäten vereinfacht. Das Vereinigte Königreich reformiert die Netzanschluss-Warteschlangen durch Priorisierung nach dem Reifegradverfahren („first ready, first connected“), die Niederlande führen Engpassmanagementzonen und Priorisierungskriterien ein und Finnland integriert Rechenzentren in Wärmerückgewinnungs- und Grünstromstrategien.

Trotz dieser unterschiedlichen Herangehensweisen zeichnen sich gemeinsame Erkenntnisse ab. So können etwa Netzzugangsbegehren nicht mehr als einfache administrative Warteschlange behandelt werden; vielmehr müssen die Projekte nach ihrem Reifegrad priorisiert werden. Standortbezogene Transparenz ist entscheidend, um effiziente Investitionen zu fördern. Die hergebrachte Netzverstärkung muss durch Flexibilitätsmechanismen und digitale Optimierung ergänzt werden. Außerdem müssen die Netzplanung und die Genehmigungsprozesse antizipativ anstatt reaktiv gestaltet werden. Länder, die diese Grundsätze befolgen, sind besser in der Lage, dem erhöhten Strombedarf für KI gerecht zu werden und zugleich die Verlässlichkeit und Erschwinglichkeit der Stromversorgung zu sichern.

Energiestrategien für das KI-Zeitalter

Die Auswirkungen der KI auf den Strombedarf sind inzwischen von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Strategie. Die Sicherung einer verlässlichen, erschwinglichen und CO₂-armen Stromversorgung wird immer mehr zu einer entscheidenden Voraussetzung, um digitale Investitionen anzuwerben und längerfristig zu halten. Im KI-Zeitalter werden Wettbewerbsfähigkeit, Autonomie und Resilienz nicht mehr nur von Daten und Algorithmen bestimmt, sondern zunehmend auch von der Regulierung, der die Recheninfrastruktur und die Stromsysteme unterliegen.

Das OECD/EU-Diagnosetool bietet den Regierungen einen praktischen Leitfaden zur Modernisierung und Anpassung ihres Regulierungsrahmens an die Anforderungen einer stromintensiven digitalen Wirtschaft.

Quellen

CRU (2025), „Large Energy Users Connection Policy“, Decision Paper, Commission for Regulation of Utilities, Dublin, https://cruie-live-96ca64acab2247eca8a850a7e54b-5b34f62.divio-media.com/documents/CRU2025236_Large_Energy_User_connection_policy_decision_paper.pdf.

Ember ( 2025), Grids for data centres: ambitious grid planning can win Europe’s AI race, Ember, London, https://ember-energy.org/app/uploads/2025/06/Grids-for-data-centres-in-Europe.pdf.

IEA (2025), Energy and AI, World Energy Outlook Special Report, IEA, Paris, https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/.

OECD (2025), Diagnostic Tool for Reducing Regulatory Barriers to Solar, Wind and Pumped Hydro Storage in the European Union: Empowering Policymakers at National, Regional, and Local Levels, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/15f4aed4-en.