By Paula Garda and Nicolas Ruiz, Economics Department
Durante los últimos 20 años, Chile ha logrado un tremendo progreso hacia una mayor prosperidad económica, más que duplicando su ingreso per cápita y sacando a muchos chilenos de la pobreza. Esos logros se estancaron durante 2020, ya que Chile se ha enfrentado a dos choques sin precedentes: las protestas sociales de finales de 2019 y el brote de COVID-19. Esos choques han sumido a Chile en una recesión de una magnitud no vista desde la crisis monetaria de 1982. Las políticas de reacción a la pandemia han sido rápidas y audaces para amortiguar un impacto sin precedentes para los hogares y las empresas. Sin embargo, a medida que Chile se encamina hacia una recuperación gradual de la pandemia, existe una necesidad imperiosa de transformaciones económicas y sociales más profundas para lograr una recuperación compartida por todos, colocando a Chile en una senda de crecimiento más inclusivo y sostenible.
Chile debe llenar sus dos faltantes del medio: una clase media decaída y la falta de empresas medianas dinámicas. Más de la mitad de los hogares chilenos son económicamente vulnerables. Esos son hogares que no son pobres, pero están en riesgo de pobreza, debido a los bajos ingresos y la falta de riqueza mínima suficiente para hacer frente a un impacto negativo sobre los ingresos (Figura 1). Es posible que muchos de estos vulnerable hayan caído en la pobreza durante 2020. Al mismo tiempo, Chile exhibe una división persistente entre una pequeña cantidad de empresas grandes y productivas y una larga cola de empresas pequeñas y medianas con un desempeño de productividad considerablemente menor (Figura 2). Esta polarización de la productividad tiende a sostener una clase media vulnerable: la escasez de empleos de mayor productividad y de salarios más altos genera empleos informales y precarios, asociados con una baja protección social, ingresos bajos e inestables, amplificando el riesgo de volver a caer en la pobreza en recesión o en caso de crisis sanitaria.
Este estudio identifica las prioridades para una recuperación exitosa y construir una clase media fuerte y próspera en Chile. Las medidas y áreas de reforma incluyen:
- Intensificar la eficiencia del sistema tributario y de transferencias: el sistema tributario y de transferencias apenas reduce las desigualdades. La base del impuesto sobre los ingresos de las personas físicas es demasiado estrecha y ampliarla después de que la recuperación esté en marcha generaría ingresos que pueden destinarse a la creación de un impuesto negativo a los ingresos, lo que aseguraría a cada hogar e individuo una protección básica.
- Promover el acceso a una educación de calidad para todos: El acceso a una buena educación sigue fuertemente vinculado al estatus socioeconómico de la familia. Se debe intensificar el gasto en educación y dar prioridad a la educación de alta calidad de primera infancia, primaria y secundaria, como requisito base para elevar los niveles de competencias y ampliar la educación terciaria. Si bien los efectos de estas políticas se sentirán solo a largo plazo, constituye una palanca fundamental para combatir ahora las consecuencias que COVID-19 podría grabar en la inclusión y la desigualdad de oportunidades.
- Aumentar la relevancia y calidad del sistema de capacitación: El acceso de los trabajadores vulnerables a la capacitación es insuficiente y muchos de sus perfiles laborales pueden cambiar en el futuro o desaparecer con el riesgo de automatización. Los programas de formación deberían revisarse para aumentar la calidad y la pertinencia y dirigirse a aquellos que más lo necesitan, asegurando que todos los trabajadores, en particular los más vulnerables, tengan oportunidades adecuadas para capacitarse y encontrar trabajos de buena calidad.
- Generalizar los procedimientos de concesión de licencias cero (“zero licensing”): el entorno regulatorio inhibe la competencia y la expansión de las empresas. La generalización del “zero licensing” que involucre a los municipios en el diseño, podría facilitar la entrada y formalización de empresas, lo que podría contribuir a reducir las desigualdades a lo largo del tiempo al crear empleos mejor remunerados.
- Impulsar la transformación digital: La crisis puso de relieve disparidades en las habilidades digitales y el acceso y uso de estas tecnologías entre estudiantes, trabajadores y empresas chilenas. Uno de los mayores desafíos es el acceso a Internet de banda anche de alta velocidad, en particular en las zonas rurales. Barreras de entrada más bajas en el sector de las comunicaciones podrían acelerar el despliegue de redes tanto fijas como móviles y mejorar el acceso a servicios de banda de alta velocidad a precios competitivos. Intensificar las competencias digitales y la adopción de herramientas digitales por parte de las empresas, principalmente las PYMES, ayudaría a los trabajadores y las empresas en la transición para una recuperación más rápida e incluyente. Se necesita una mejor integración de las habilidades digitales en la escuela y mejorar la formación de los profesores que son los propulsores de cambio. Programas públicos específicos para las PYMEs de adopción de herramientas digitales y mecanismos de financiamiento, diseñados en estrecha colaboración con el sector privado, les permitirían emprender el camino digital.
Más información:
OECD (2020), OECD Economic Surveys: Chile 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/79b39420-en.