Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Dimitris Mavridis, Claudia Ramírez y Adolfo Rodriguez-Vargas, Departamento de Economía, OCDE

La última edición de las Perspectivas Económicas de la OCDE ofrece un diagnóstico realista pero esperanzador sobre las economías latinoamericanas. Aunque el entorno global sigue siendo complejo, marcado por tensiones comerciales y geopolíticas, la región tiene oportunidades claras para fortalecer el crecimiento económico a través de las reformas estructurales. Una de las más prometedoras: la transformación digital del sector público para simplificar trámites, reducir costos y mejorar la eficiencia regulatoria.

América Latina muestra resiliencia pero con desafíos persistentes

En línea con la evolución de la economía global, tras un crecimiento proyectado del 2.3% en 2025, se prevé una ligera desaceleración al 1.9% en 2026, antes de repuntar al 2.4% en 2027 en las  siete principales economías de la región. Factores como la consolidación fiscal en muchos países de la región, necesaria pero restrictiva, y una elevada incertidumbre política y económica seguirán afectando la demanda interna, la inversión y las exportaciones, principalmente en 2026.

Cuadro. Perspectivas económicas para los países de América Latina

Nota: América Latina 7 es la media ponderada por el PIB a valores de paridad del poder de compra de los 7 países en la tabla para el PIB. América Latina 6 es la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación excluyendo a Argentina.
Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 118, diciembre de 2025.

La inflación en los últimos meses ha sido más persistente de lo esperado. En la mayoría de los países se prevé que en 2025 la inflación se mantenga por encima de las metas de los bancos centrales, convergiendo gradualmente hacia las metas en 2026 y 2027. Excepciones son Perú, donde la inflación está controlada hace un año, Costa Rica, que mantiene una inflación negativa en 2025, y Argentina, en donde la elevada inflación seguirá reduciéndose gracias a una combinación de consolidación fiscal y política monetaria restrictiva. La mayoría de los países tendría que mantener una política monetaria prudente basada en datos y orientada a devolver la inflación a sus metas sin generar presiones innecesarias sobre la actividad. En este contexto, los bancos centrales deben mantenerse atentos a la evolución del comercio global, las condiciones financieras, las expectativas de inflación y la orientación de la política fiscal. Al mismo tiempo, será clave que la consolidación fiscal siga avanzando con medidas concretas y más ambiciosas, dada la elevada deuda pública y la necesidad de asegurar su sustentabilidad en un entorno externo incierto y con elevados costos de financiamiento.

Los riesgos económicos están sesgados a la baja:

• Incertidumbre global derivada de tensiones comerciales y geopolíticas, junto con la incertidumbre política en algunos países de la región asociada al ciclo electoral u otros factores internos, podría afectar negativamente a la inversión y las exportaciones, con repercusiones adversas sobre el crecimiento económico.
• Desviaciones fiscales podrían subir el coste del servicio de la deuda, socavar la confianza, frenar la inversión y generar presiones inflacionarias.
• Persistencias inflacionarias limitarían el espacio para reducir las tasas de interés, afectando las condiciones financieras y desincentivando el consumo y la inversión.

Sin embargo, también hay riesgos al alza: una reducción de las barreras comerciales o redirección del comercio hacia la región y una menor incertidumbre geopolítica podrían fortalecer el consumo, la inversión y el consumo.

Aprovechar la revolución digital para avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes

El capítulo especial de las perspectivas económicas subraya la necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes. En este contexto, la transformación digital del sector público emerge como una herramienta clave para facilitar esta simplificación regulatoria, reduciendo la carga administrativa y modernizando procesos normativos. Una implementación eficiente de la gobernanza digital representa una gran oportunidad para América Latina, tanto para mejorar la eficiencia del gasto público y la transparencia, como mejorar el crecimiento económico al impulsar la productividad de las empresas, históricamente baja. Un gobierno digital bien implementado permite:

• Ofrecer servicios públicos más rápidos, sencillos e inclusivos.
• Reducir costos administrativos y simplificar trámites gubernamentales, mejorando el entorno de negocios, lo que cual se puede traducir en ganancias significativas de eficiencia al reducir costos y tiempos de espera, ampliar la cobertura y fomentar la competitividad de las empresas. 
• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas facilitando el acceso ciudadano a la información, la detección de irregularidades, contribuyendo a prevenir el fraude.

Los indicadores de la OCDE muestran que países como Colombia y Brasil lideran el gobierno digital en la región. Colombia ha avanzado significativamente con la puesta en marcha de plataformas en línea, aplicaciones móviles para trámites gubernamentales y datos abiertos, mientras que Brasil ha sido pionero en servicios como el voto electrónico, las declaraciones de impuestos digitales, y más recientemente la centralización del acceso a cientos de servicios y la identificación digital. No obstante, muchos otros países siguen rezagados (Figure 1).

¿Qué se necesita para una transformación digital exitosa del sector público?

Para lograr una transformación digital exitosa en el sector público, los gobiernos de América Latina aún enfrentan retos importantes y requieren redoblar esfuerzos para lograr:

• Infraestructura digital robusta con cobertura suficiente y sistemas interoperables entre niveles de gobierno para garantizar que todos puedan acceder a los servicios digitales.
• Coordinación efectiva entre gobiernos centrales y locales. En muchos países de la región, existe una gran brecha en el uso de herramientas digitales entre las instituciones públicas centrales y las locales.
• Autoridad política clara para liderar la transformación.  El reciente impulso a la agenda digital en México, incluida la creación de la Agencia de Transformación Digital y Tecnológica, es un ejemplo destacado de cómo dotar de liderazgo institucional a estos procesos
• Regulación ágil y flexible para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
• Confianza ciudadana. Garantizar la privacidad y la seguridad de los datos es esencial para que los ciudadanos confíen y utilicen los servicios públicos digitales, aprovechando así al máximo el potencial de la digitalización. Además, publicar datos en formatos reutilizables facilitaría el acceso a información pública completa y confiable, mientras que impulsar la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, universidades y empresas, aceleraría la experimentación y mejoraría el impacto de la gobernanza digital.

Casos exitosos como el de Estonia demuestran que una gobernanza digital bien implementada puede generar ahorros al gobierno equivalentes al 2 % del PIB anual.

Digitalizar para transformar

La digitalización del sector público no solo mejora la eficiencia del gasto público. También genera beneficios que se extienden a toda la economía, al elevar la productividad, reducir cargas administrativas para ciudadanos y empresas, facilitar la formalización y mejorar el acceso a servicios esenciales, todos desafíos de larga data en la región. Pero para que la gobernanza digital tenga legitimidad y pueda realmente desplegar todo su potencial, es necesario que todos se conviertan en “ciudadanos digitales”. Esto implica centrarse en las necesidades reales de la población y crear las condiciones para que todos tengan acceso a conexión a internet, dispositivos adecuados y las habilidades necesarias para navegar con seguridad. La transformación digital debe ser ambiciosa. Solo así la región podrá aprovechar todo su potencial y construir un futuro más próspero.

Para más información:

OECD (2025), OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9f653ca1-en – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina

Información detallada por país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

Senior policymakers, ministers, academics and experts gathered in Montevideo on 17 and 18 November for the IMF–OECD High-Level Conference “Making Reforms Happen in Latin America”, an event dedicated to discussing how to advance reforms across the region.

The event highlighted both the region’s significant achievements and the structural challenges that continue to constrain growth.

Despite meaningful progress in poverty reduction, education access and macroeconomic stability, Latin America’s GDP growth has averaged only 2.3% since 2000 among OECD members and accession countries in the region—less than half the pace of emerging Asia.

Latin America’s growth underperformance largely reflects weak productivity. Strengthening productivity and unlocking private investment will require bold, sustained structural reforms, in line with  OECD’s Economic Surveys and the Foundations for Growth and Competitiveness framework. Main take-aways of the conference were:

Labour markets: reducing informality and strengthening skills

Discussions underscored that persistent labour market challenges—high informalitygender participation gaps, and skills mismatches—remain major barriers to inclusive growth.

Speakers highlighted the need to:

• modernise social protection financing to strengthen formalisation incentives
• reduce non-wage labour costs, particularly for low-income workers
• improve active labour market policies
• better align education and training with economic transformation

Examples such as Costa Rica’s efforts to increase the supply of relevant skills  to underpin its investment strategy illustrated how coordinated policies can support better jobs and productivity gains.

Tax systems: broader bases, stronger institutions

The tax session emphasised that Latin America requires tax systems that are fairer, broader-based, and more supportive of productivity and formalisation.

Key priorities included:

• reducing inefficient tax expenditures, particularly in VAT
• strengthening tax administration and state capacity
• simplifying tax systems to improve compliance and investment climate

Brazil’s recent VAT reform showed how consensus-building and predictability can make ambitious changes feasible.

Competition and regulation: a foundation for productivity

Participants stressed the need to improve competition and regulatory quality, central pillars of the OECD’s Foundations for Growth and Competitiveness flagship.

Priority areas included:

• simplifying business creation and licensing
• advancing digital one-stop shops
• strengthening governance of state-owned enterprises
• opening markets to foster private investment

The political economy of reform: building trust and long-term commitments

Across several sessions—including contributions from Andrés Velasco, Mariano Tommasi and Omar Licandro—a key message emerged: many constraints to reform are political, not technical.

Speakers highlighted the importance of:

• capable and credible institutions
• clear long-term strategies
• cooperation across ministries
• strong communication that links reforms to improved public services

Reforms are more likely to endure when supported by broad coalitions and sustained political commitment.

A shared commitment to stronger, more inclusive growth

The OECD will continue working with governments across Latin America to support the design and implementation of reforms that strengthen productivity, competitiveness and social inclusion.

Related documents

IMF-OECD Event Webpage

Opening remarks by the Secretary General of the OECD

Por Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Dimitris Mavridis, Claudia Ramírez y Adolfo Rodriguez-Vargas, OCDE.

El contexto global, marcado por una alta incertidumbre política y fragmentación, plantea nuevos desafíos para América Latina, pero también abre nuevas oportunidades para fortalecer su competitividad y reducir vulnerabilidades.

Se espera que el PIB en América Latina crecerá 2.1% en 2025 y 2% en 2026, lo que refleja una desaceleración generalizada en la región. Estas cifras son más bajas que las previstas a fines del año pasado y se sitúan por debajo del promedio de otras economías emergentes. Aunque se espera una fuerte recuperación en Argentina, el crecimiento se mantiene débil en la mayoría de los países, con revisiones a la baja para Brasil, México y Colombia (Tabla), en un contexto generalizado de una débil demanda externa y la alta incertidumbre.

Cuadro. Perspectivas económicas para los países de América Latina

Nota: América Latina 7 es la media ponderada por el PIB a valores de paridad del poder de compra de los 7 países en la tabla para el PIB. América Latina 6 es la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación excluyendo a Argentina.
Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 117, junio de 2025.

La desinflación avanza, pero persisten las presiones inflacionarias. La inflación se mantiene por encima del objetivo en muchos países. En cambio, Argentina ha logrado avances significativos gracias a una combinación de consolidación fiscal y una política monetaria más restrictiva. Con la excepción de Argentina y Brasil, los bancos centrales de la región deberían continuar con su flexibilización monetaria prudente y gradual para asegurarse que la inflación se acerque al objetivo, manteniéndose alerta ante riesgos de salidas de capitales y nuevas presiones inflacionarias.

Los riesgos para las perspectivas son a la baja. Un aumento de los aranceles comerciales y menor dinamismo al previsto en socios comerciales clave podría debilitar aún más las exportaciones y presionar a la baja los precios de las materias primas. Los costos comerciales podrían ralentizar más de lo esperado la desinflación en las economías avanzadas y prolongar tasas de interés globales más altas. Una elevada deuda pública y unas condiciones financieras globales más restrictivas de lo previsto, podrían retrasar la tan necesaria inversión. Si se intensifican las salidas de capital, los bancos centrales podrían tener menos margen de maniobra para flexibilizar la política monetaria.

Una agenda de competitividad para tiempos inciertos

En este complejo entorno global, la región necesita más que nunca mejorar sus políticas domésticas. Un área donde es posible avanzar, y urgentemente necesario, es en competitividad, comercio e inversión. Estas no son prioridades nuevas, pero los cambios globales en el comercio, las cadenas de suministro y la transición hacia economías más sostenibles aumentan su relevancia estratégica. Los países que ofrezcan estabilidad institucional, apertura y baja carga administrativa estarán mejor posicionados para atraer inversión y expandir sus mercados.

Mejorar los procedimientos aduaneros representa una oportunidad clara. Según los Indicadores de Facilitación del Comercio de la OCDE, América Latina aún enfrenta altos costos comerciales debido a procedimientos aduaneros complejos, inspecciones redundantes y poca coordinación entre agencias fronterizas (Figura). Hay amplio margen para mejorar el procesamiento, levante y despacho de mercancías, en particular mediante una mayor automatización y una mejor coordinación entre las agencias aduaneras, sanitarias, tributarias y otras agencias fronterizas. Medidas prácticas como la cooperación entre agencias de distintos países en la frontera, la agilización de los procesos judiciales y una mayor digitalización pueden beneficiar a los exportadores, especialmente a las pequeñas empresas, y atraer inversión. Además, estas medidas reducen los costos de operar formalmente, lo que incentiva a más empresas a salir de la informalidad.

Figura. Las políticas de facilitación del comercio pueden mejorarse en América Latina

2 = Mejor desempeño

Nota: Disponibilidad de la información y uso de consultas públicas es la media de los indicadores de la facilitación del comercio (TFI, por sus siglas en inglés) A y B. Eficiencia del marco jurídico es la media de los indicadores TFI C y D. Simplicidad de los procedimientos es la media de los indicadores TFI F, G y H. Eficacia de las agencias fronterizas es la media de los indicadores TFI I, J y K. ALC-7 es la media de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Fuente: Estadísticas sobre los Indicadores de Facilitación del Comercio de la OCDE (TFI, por sus siglas en inglés).

La facilitación del comercio debe ir acompañada de reformas más amplias que fomenten la productividad. Impulsar la competitividad de las exportaciones y la productividad empresarial también requiere un entorno empresarial más dinámico, una mayor competencia doméstica, un mejor acceso a la financiación, más capacitación y capacidad de innovación. Estas reformas se refuerzan mutuamente: las empresas más productivas tienen mayor probabilidad de exportar, invertir y formalizarse.

El fortalecimiento de la integración regional sigue siendo relevante en América Latina, especialmente en un mundo donde las cadenas de valor están cambiando y los centros regionales cobran mayor importancia. El enfoque debe centrarse en la cooperación: mejorar la cooperación entre organismos fronterizos, el reconocimiento mutuo de normas, el intercambio de datos, los sistemas interoperables y el reconocimiento de estándares técnicos comunes. La región también cuenta con un potencial sin explotar en el comercio de servicios, gracias a idiomas compartidos y husos horarios similares; sin embargo, el comercio interregional de servicios sigue siendo bajo en comparación con los estándares mundiales.

América Latina debe adoptar una visión más orientada hacia el exterior. Acuerdos comerciales como el de la UE-Mercosur, y la participación en marcos plurilaterales como la Alianza del Pacífico o el CPTPP pueden ayudar a diversificar mercados de exportación, atraer inversión, fortalecer la participación en las cadenas globales de valor y aprovechar nuevas tecnologías. Sin embargo, para aprovechar al máximo los beneficios de estas iniciativas, los países deben mejorar su capacidad de implementación y garantizar la coherencia entre las políticas comerciales, de inversión y regulatorias.

América Latina cuenta con ventajas reales: vastas reservas de minerales críticos, abundante energía renovable, una fuerza laboral joven y cada vez más cualificada, y proximidad a mercados clave. Al impulsar reformas concretas que mejoren la competitividad, reduzcan las barreras comerciales y atraigan inversión de calidad, la región puede convertir los desafíos actuales en oportunidades y sentar las bases para un crecimiento más sólido y resiliente.

Referencias:

OECD (2025), OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 1, OECD Publishing, Paris, doi – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina, Junio 2025.

Información detallada por país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

Por Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Dimitris Mavridis, Claudia Ramírez, Adolfo Rodriguez-Vargas y Elena Vidal, Departamento de Economía, OCDE.

América Latina enfrenta un crecimiento moderado que, aunque resiliente, no es suficiente para mejorar significativamente los niveles de vida y la convergencia en PIB per cápita a países más avanzados. En un contexto donde el crecimiento global se estabiliza apenas por encima del 3% (OECD, 2024), y existen numerosas tensiones globales ¿cómo puede la región reavivar el crecimiento?

El crecimiento económico de la región sigue siendo moderado en 2024, en gran parte debido al efecto de política monetaria para frenar la inflación y a una demanda externa débil. Aunque se proyecta una ligera mejora en el crecimiento en los próximos dos años (Cuadro), gracias a la recuperación de los salarios reales, la resiliencia de los mercados laborales y la relajación de la política monetaria, este crecimiento converge hacia un crecimiento potencial bajo, insuficiente para elevar significativamente los niveles de vida.

Cuadro. Perspectivas económicas para los países de América Latina

Nota: América Latina 7 es la media ponderada por el PIB a valores de paridad del poder de compra de los 7 países en la tabla para el PIB. América Latina 6 es la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación excluyendo a Argentina.
Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 116, diciembre de 2024.

La inflación en América Latina sigue moderándose en la mayoría de los países, acercándose a los rangos meta fijados por los bancos centrales. Sin embargo, persisten desafíos significativos. En Brasil, un repunte inflacionario llevó a su banco central a pausar y, más recientemente, a subir las tasas de política monetaria. Aunque la mayoría de los bancos centrales han reducido sus tasas de referencia, la velocidad e intensidad varía considerablemente. La relajación monetaria continuará en la mayor parte de los países de la región, pero deberá implementarse con cautela debido a riesgos inflacionarios.

América Latina enfrenta riesgos que podrían frenar su crecimiento. A nivel global, las tensiones comerciales y geopolíticas continúan generando incertidumbre y podrían aumentar la volatilidad de los precios de las materias primas e impactar la actividad económica de la región. Además, la inflación persistente en el sector servicios podría ralentizar la relajación monetaria, tanto global como regional. En el ámbito comercial, un posible aumento de aranceles en EEUU representaría un nuevo desafío, mientras que un crecimiento menor al esperado en China podría impactar a los países más expuestos.  

A nivel doméstico, los riesgos incluyen aquellos derivados de elevados déficits fiscales, un creciente nivel de deuda pública y una alta carga de intereses, los cuales se han agravado en casi todos los países. De no abordarse oportunamente, estos factores podrían desencadenar reacciones adversas en los mercados financieros. La mayoría de los países están actualmente rezagados respecto a sus metas fiscales para 2024, lo que hace urgente implementar medidas de consolidación para situar la deuda en una senda descendente y salvaguardar la sostenibilidad fiscal. Por el lado positivo, un mayor crecimiento de los socios comerciales y una coyuntura mundial más benigna podrían impulsar las exportaciones y las entradas de capital, así como un repunte de la inversión podría impulsar el crecimiento.

A pesar de que la región ha afrontado de forma resiliente la coyuntura reciente, el crecimiento proyectado es moderado y aumentar el crecimiento de largo plazo sigue siendo el principal desafío para América Latina. Esto requiere fortalecer la inversión, que permanece débil, y el crecimiento de la productividad, un reto de larga data en la región.

Impulsar la inversión y la productividad: Reformas clave para un ambiente empresarial competitivo

Mejorar el ambiente empresarial y fomentar la competencia son medidas esenciales para impulsar la inversión y la productividad sin requerir grandes recursos fiscales. Reformar las regulaciones del mercado de productos es clave para eliminar barreras a la competencia, un área donde América Latina está significativamente rezagada, según el reciente indicador de Regulación de Producto de Mercado (PMR) de la OCDE. Por ejemplo, reducir barreras regulatorias en sectores clave, tales como industrias de red (electricidad, transporte, telecomunicaciones) y servicios, podría atraer inversiones más diversificadas y promover la innovación en la región. Además, mejorar la gobernanza de las empresas públicas ayudaría a mejorar el ambiente de negocios. 

Las reformas prioritarias deben enfocarse en reducir la carga administrativa y los costos de entrada para las empresas, especialmente en el sistema de permisos y licencias, que son altos en la mayoría de los países de la región (Grafico), para impulsar la inversión, la formalidad empresarial y la productividad. Simplificar la creación de empresas mediante ventanillas únicas donde las empresas pueden realizar todos los trámites online y de una sola vez, como en Portugal o Estonia, puede reducir costes y mejorar la eficiencia. Aunque muchos países de América Latina ya cuentan con sistemas similares, es necesario ampliar su cobertura y funcionalidad. Por ejemplo, Chile está discutiendo una reforma para simplificar permisos sectoriales a través de una ventanilla única, mientras que Argentina creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para simplificar y agilizar trámites, reducir las cargas regulatorias y promover una administración más eficiente.

América Latina debe superar su bajo potencial de crecimiento implementando reformas audaces que derriben barreras al desarrollo empresarial, desarrollen el talento necesario, atraigan inversión y transformen la región en un terreno fértil para la innovación y el crecimiento sostenible. Los vastos recursos de energía renovable y el crecimiento del nearshoring brindan oportunidades únicas para América Latina. Invertir en infraestructura sostenible y atraer industrias verdes puede convertir a la región en un líder de sostenibilidad. El momento de actuar es ahora.

Gráfico. Mejorar el entorno empresarial y fomentar la competencia es necesario

Índice de regulación del mercado de productos, 2023

Nota: América Latina (ALC-6) es el promedio simple de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Fuente: Base de datos PMR OCDE 2023-2024.

Referencias:

OECD (2024), OECD Economic Outlook, Volume 2024 Issue 2: Resilience in uncertain times, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d8814e8b-en  – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina, Diciembre 2024.

Información detallada por país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

Por Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Tomas Opazo, Claudia Ramírez, Adolfo Rodriguez-Vargas y Elena Vidal, Departamento de Economía, OCDE.

El panorama global ha comenzado a mejorar, aunque el crecimiento sigue siendo modesto según las Perspectivas Económicas de la OCDE (OECD, 2024). Por su parte, en América Latina, el crecimiento económico presenta heterogeneidad. En la mayoría de las economías el crecimiento ha perdido dinamismo debido a condiciones financieras restrictivas, una demanda externa débil y a eventos climáticos extremos. La inflación sigue disminuyendo en el conjunto de la región, aunque en Colombia, y en Argentina, sigue en un nivel elevado, lo que ha permitido que todos los bancos centrales hayan comenzado a disminuir sus tasas de política monetaria.

Las proyecciones macroeconómicas de la OCDE para América Latina señalan un crecimiento modesto para los próximos dos años (Cuadro 1). En 2024, se proyecta que la actividad avance a un ritmo ligeramente menor que en 2023, como resultado de una demanda externa aún débil. Si bien es cierto que se prevé un crecimiento en la región por debajo de la media de la OCDE, con una fuerte contracción en Argentina, algunos países muestran mejores resultados. En Chile y Perú la recuperación de los salarios reales, impulsaran el consumo y junto a la relajación paulatina de la política monetaria, permitirán que el crecimiento del PIB mejore en 2024. En 2025, las perspectivas para la región tienen un tono más positivo, asociado a un mayor crecimiento de la demanda externa, y una menor inflación, ya dentro de los rangos meta de los bancos centrales.

Los riesgos económicos siguen sesgados a la baja en la región. Las tensiones geopolíticas globales y la volatilidad en los mercados financieros globales podrían tener un impacto negativo sobre la región. Por otro lado, una mayor persistencia de la inflación a nivel mundial y en la región, que frenara la bajada de tipos de interés podría mermar también las perspectivas de crecimiento. Los riesgos asociados a los elevados niveles de deuda pública y déficits estructurales, y una alta carga de intereses de la deuda pública, también persisten. Eventos climáticos extremos también pueden impactar las producciones agrícolas de la región y alterar los precios de las materias primas.

Sin embargo, a pesar de estos riesgos y dificultades, el escenario global ofrece un futuro lleno de oportunidades para América Latina. Si los países de la región logran aprovechar sus ventajas frente al resto del mundo, un crecimiento duradero y sostenible es posible.

Cuadro 1. Perspectivas económicas de los países de América Latina

Nota: América Latina 7 es la media ponderada por PIB a paridad de poderes de compra de los 7 países en la tabla para el PIB. América Latina 6 es la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación excluyendo a Argentina.
Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 115, mayo de 2024.

Aprovechar las oportunidades

La transición energética se ha acelerado en la mayoría de los países incrementando la demanda de energías renovables. En este contexto, América Latina puede desempeñar un papel determinante en el nuevo sistema energético global. La región está muy bien posicionada para mitigar el cambio climático y ayudar en la transición hacia energías más limpias, gracias a su alto potencial para la generación de energías renovables, y gran riqueza de minerales esenciales para la transición energética (Grafico 1). De hecho, la energía hidroeléctrica ya genera el 60% de la electricidad de la región, el doble de la media mundial (IEA,2023). Por ejemplo, Costa Rica ya ofrece una matriz eléctrica 100% verde y el potencial aún no utilizado de otros países para avanzar en la misma dirección es enorme. Brasil, Chile y Colombia podrían ser exportadores clave de hidrógeno verde en los próximos años. América Latina atesora cerca del 50% de las reservas mundiales de litio, un metal esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. Chile y Perú desempeñan un papel clave en el suministro de otros minerales críticos para la transición energética como el cobre.

Las tensiones geopolíticas están provocando cambios relevantes en las cadenas globales de suministros. Algunas empresas han decidido trasladar partes de sus actividades productivas a países más cercanos geográficamente de los consumidores finales (“nearshoring”). Costa Rica y México son los países que más se han beneficiado de momento, pero otros países en la región podrían también beneficiarse.

Para aprovechar las oportunidades y desbloquear el potencial de América Latina para un crecimiento sostenible que además traiga desarrollo social, se requieren inversiones significativas, tanto públicas como privadas. Para ello se requieren medidas de política pública en tres áreas prioritarias:

• Habilidades e innovación: Es necesario mejorar la educación técnica y superior, junto con programas de capacitación, para fomentar la innovación, la absorción de tecnologías y conocimientos técnicos para facilitar la producción de alto valor agregado en las cadenas de valor, así como energías renovables e hidrógeno verde.
• Infraestructura: Mejorar la infraestructura es clave para desarrollar el potencial de las energías renovables y el nearshoring, incluyendo carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas y de telecomunicaciones.
• Seguridad jurídica: Garantizar la seguridad jurídica, un marco regulatorio estable y transparente, y fortalecer las instituciones y la gobernanza es clave para catalizar la inversión y atraer inversión extranjera directa.

Gráfico 1. América Latina tiene amplias reservas de minerales

Fuente: United States Geological Survey (USGS).

Referencias:

IEA (2023). Latin America Energy Outlook

OECD Economic Outlook, May 2024 – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina, Mayo 2024.

Información detallada por país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

by Aida Caldera, Paula Garda, Alberto Gonzalez-Pandiella, Alessandro Maravalle and Elena Vidal, OECD Economics Department

The number of independent fiscal institutions (IFIs) across OECD countries has significantly grown in the last decade, following the global financial crisis. The experience of Latin America countries is more recent and mixed. While some countries, such as Peru or Chile, have well-functioning IFIs, others have less developed institutions and are actively exploring ways to reinforce or establish IFIs.

Strengthening IFIs in Latin American economies could be very beneficial at the current juncture. In most cases, these economies emerged from the COVID-19 crisis with higher government debt as a percentage of GDP and limited fiscal space (Arnold et al. 2023). Strong IFIs can play a pivotal role by fostering  fiscal sustainability and enhancing credibility of fiscal policies and support the effective implementation of medium-term fiscal frameworks (Caldera et al. 2024). Evidence from OECD and EU countries suggests that well-functioning IFIs are associated with higher forecasting accuracy, better compliance with fiscal rules and reductions of fiscal deficits. Ultimately, this can facilitate countries  access to international financial markets at lower borrowing costs, a valuable prospect in a higher-for-longer interest rate environment.

Our recent paper reviews the diverse experience of OECD countries in establishing and running independent fiscal institutions with the aim of drawing practical insights and establishing a roadmap for Latin American countries. There is a large heterogeneity among OECD countries in the way IFIs are designed and establishing a set of stylised facts about alternative IFIs designs can help to identify good examples and best practices. With that aim, the paper identifies, through cluster analysis, different types of independent fiscal institutions based on their functions and resources (Figure 1). The paper supplements the cluster-analysis with cases studies from Chile, Spain and Korea and with the OECD Principles for Independent Fiscal Institutions to guide the set-up and strengthening of IFIs in the region.

Figure 1. OECD IFIs can be categorized into four groups according to their functions and staff size

Note: The cluster plot reports the projections of original data over the two largest eigenvectors, respectively the x-axis and the y-axis, which explain most of the total variance of the data.
Source: Authors’ calculation.

The analysis in the paper suggests that a road map towards independent fiscal institutions in Latin America could have the following key features:

1. Prioritize Legal and Financial Independence. They are crucial to ensure the IFI resilience in the face of policy uncertainty. Defining IFIs in national legislation with clearly specified tasks and functional autonomy is vital, but IFIs can still find difficulties in ensuring funding and recruiting staff. A clear definition of the IFI’s mandate in higher-level legislation, establishing their tasks and degree of functional autonomy, namely in terms of funding and recruitment policy, can provide IFIs with the necessary financial and statutory independence. An example of best practice is the Fiscal responsibility Act in Ireland, which sets in legislation the budget of the Fiscal Advisory Council and grants it full recruiting powers.

2. Bolster Leadership Selection and Expertise. Legislation should also specify leadership expertise and include clear guidelines for appointment, including technical requirements and term length for the president of the fiscal council, which would help to guarantee leadership independence. Making the president position a full-time position and making its appointment conditional on a qualified majority in Parliament (such as in the Slovak Republic or Portugal) also helps to strengthen independence.

3. Tailor IFIs’ Mandates to Local Needs and Resources.  An IFI should be established with a legal broad mandate and sufficient resources that would make it possible to fulfil its functions. Initially an IFI could be small and perform a limited set of functions, those requiring fewer resources according to its budget (e.g., monitoring of fiscal rules, assessment of government economic and/or fiscal forecasts, undertaking long term sustainability analysis). Over time and after gaining a solid reputation, the IFI could assume gradually more functions as it grows in financial and human resources, such as policy costing and producing macroeconomic and fiscal forecasts. This approach was successfully adopted in the Netherlands.

4. Ensure Timely Access to Information. This is often quoted as a key barrier for IFIs to perform its duties in the case studies in the paper. A good practice is to specify in legislation that the IFI should have access to information to fulfil its function. Reinforcing this requirement with the signature of memorandums of understanding with relevant institutions has been found to be very effective (e.g. in Luxembourg and the Netherlands).

5. Emphasize Communication Efforts. Public visibility and effective communication are essential for IFIs’ operational independence and effectiveness. Proactive engagement with the media, independent of government intermediation, can enhance an IFI’s reputation and credibility. IFIs could also formally commit to participating in parliamentary hearings, cultivating strong ties with Parliament, and proactively engaging with different parliamentary groups. OECD IFIs practical experiences reveal that planning and resourcing since the set-up of an IFIs the appropriate tools to communicate in an easy and understandable way to non-experts, the Parliament and the broad public is key to influence the public debate and promote sound fiscal policies, build a strong reputation and gain de-facto independence.

6. Invest in Technical Capacities. High-quality and independent technical capacities are essential to build reputation and ensure accurate and transparent fiscal analysis. Staff training, recruitment of experts, and cooperation with international organisations are effective ways to enhance these capacities. When IFIs are young and have few resources, they can build institutional cooperation with non-political bodies recognized for high-quality analysis, such as Central Banks or academic and research institutions.

References:

Caldera et al. (2024), “Independent Fiscal Institutions: a typology of OECD institutions and a roadmap for Latin America”, OECD Economics Department Working Papers N. 1789.

by Aida Caldera, Paula Garda and Alberto Gonzalez-Pandiella, OECD Economics Department

Fiscal authorities in Latin America face the challenge of continuing to reduce high public debt levels which increased significantly during the pandemic. This challenge is further compounded by higher interest rates for longer and coupled with other fiscal challenges that the region was facing already before the pandemic (Arnold et al 2023). This includes a need to improve the efficiency of public spending efficiency and to mitigate fiscal policy procyclicality (Cardenas et al. 2021; World Bank, 2020). Despite relatively favorable sovereign debt amortization profiles in many countries in the region, a higher debt service (Figure 1), will mean that countries must increasingly mobilize public resources to ensure debt sustainability. This will need to be achieved without compromising spending in key social programs, health, education and infrastructure, all essential to promote potential growth that is low in the region and to meet increasing social demands.

These fiscal challenges make redoubling efforts to strengthen medium-term fiscal frameworks (MTFFs) particularly timely.  A MTFF is a strategic plan where governments outline their fiscal policies and budgetary goals over a medium-term horizon, which is usually a period of 3 to 5 years. Hence, the framework serves as a roadmap for managing government finances and achieving various economic objectives. Most OECD advanced economies have these frameworks in place and existing evidence suggests that successful implementation of MTFFs has many potential benefits (IMF, 2013; OECD, 2019). First, they contribute to maintain a sustainable fiscal stance by generating a credible and predictable annual budget, underpinned by accurate medium-term macroeconomic projections. By incorporating a medium-term perspective into the fiscal framework, it aids in mitigating short-term bias when executing economic policies. They also enable understanding the origin and size of fiscal challenges as well as the impact of revenue and spending policy proposals before they are adopted giving early warnings about the fiscal sustainability of policies. Beyond their fiscal sustainability benefits, MTFFs also improve the efficiency of spending by promoting more effective allocation of expenditure between sectors and priorities and facilitating the planning and resourcing of multi-year policies that need extended time horizons for implementation, such as large capital projects. Lastly, these frameworks play a crucial role in mitigating the pro-cyclicality of fiscal policies, a key problem in Latin American economies. By providing a structured and medium-term approach to fiscal planning, they facilitate that fiscal policy can play a more significant role in smoothing the economic cycle. This implies providing support during downturns and gaining fiscal space when the economy is experiencing robust growth.

Figure 1. Net interest payments, % GDP

Note: Data for Chile refers to 2021 instead of 2022 

Source: IMF, Fiscal Monitor, October 2023.

Latin American and Caribbean countries have experienced a surge in MFMP adoption (OECD, 2020 here). However, the level of development is heterogeneous and there is scope for improvement.

What areas for improvement?

• Establish expenditure ceilings. Multi-year aggregate expenditure ceilings, that is estimates of the total amount the government can spend in the years to come, are key elements during the preparation of the budget. This “top-down” approach to budgeting is an effective way of achieving the central objective of medium-term budgeting, which is to ensure that all expenditure and revenue decisions are consistent with aggregate fiscal policy objectives. By putting in place multi-year ceilings, they also help to avoid resorting to sharp budget cuts to achieve fiscal targets.
• Increase transparency and improve communication including with the parliament. An open and transparent budget process helps build citizen trust and can boost tax morale by reinforcing society’s perception that public money is being used correctly. In several OECD countries (such as Canada, France, Germany, New Zealand, Portugal, Sweden, or Switzerland), governments present their multi-year bill to their parliaments, detailing the budget for the current year and the subsequent ones. This prevents election cycle impacts on spending and avoids annual negotiations over incremental resources, making it easier to plan multiyear expenditures. Another good practice is that governments give regular updates to Congress on revenue and expenditure projections and targets, to positively engage Congress.
• Improve coordination across different levels of government. Establishing coincident medium-term frameworks for the different levels of government and mechanisms that facilitate the flow of information and allow joint planning and coordination of the execution of policies among different levels of government helps to improve the coordination between ministries and subnational governments.
• Reduce biases in projections and improve technical capacities: Only with quality information this framework can serve the purpose of guiding policies and investment forward. Reducing optimism biases in GDP and revenue forecasts is a pending and common challenge in many countries in the region. In this context, strong institutions are needed to forecast fiscal paths and risks, monitor the implementation of MTFFs, and enforce compliance with anchors.
• Measure contingent liabilities: Experience in several OECD countries (e.g. Portugal or Spain) show that monitoring and limiting contingent liabilities is particularly important, as they can be conducive to sharp deteriorations of the fiscal accounts and lead to fiscal stress episodes. Extra budgetary funds and contingent liabilities should not be left out but should be integrated into the MTTF.
• Include risk analysis, including climate change. A MTTF can bolster risk analysis, including climate change, by incorporating long-term fiscal projections that consider the potential financial implications of climate-related risks and policy responses. This would enable governments in the region to proactively assess and mitigate fiscal vulnerabilities stemming from climate change, and to devise the necessary policy responses to climate change and to integrate its budget implications in medium-term planning.

Improving medium fiscal frameworks in the region will allow governments to better navigate the economic cycles and signal that fiscal policies are sustainable, ensuring that medium-term expenditure strategies are geared towards strategic and equitable development while maximizing the effective and efficient utilization of resources.

References:

IMF (2013) Public financial management and its emerging architecture / editors, Marco Cangiano, Teresa Curristine, and Michel Lazare – Washington, D.C. : International Monetary Fund.

Cardenas, M., Ricci, L. A, Roldos J. and Werner, A. (2021) Fiscal Policy Challenges for Latin America During the Next Stages of the Pandemic The Need for a Fiscal Pact, IMF Working Paper WP21/77.

OECD (2020), Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es.

OECD (2019), Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2019, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264307957-en

World Bank (2020), Fiscal Rules and Economic Size in Latin America and The Caribbean, https://documents1.worldbank.org/curated/en/935121618461168939/pdf/Fiscal-Rules-and-Economic-Size-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf

También disponible en español

By Paula Garda and Michael Koelle, OECD Economics Department

Peru has made significant strides over the past two decades in reducing poverty and improving living standards, outperforming many Latin American peer countries as highlighted in the 2023 Economic Survey of Peru.  The basis for this progress was the country’s robust macroeconomic framework and ambitious structural reforms implemented in 1990s. These reforms have catalysed macroeconomic stability, high economic growth, low inflation and low public debt.

The COVID-19 pandemic, however, exposed remaining challenges. Peru experienced one of the most severe economic contractions and excess mortality rates of any country. The economy bounced back in 2021, thanks to its fiscal buffers. The recovery was short-lived and a series of shocks, including Russia’s war of aggression in Ukraine, social unrest and extreme weather events led to inflationary pressures and economic slowdown. The economy is projected to gradually recover with inflation returning to the target range by early 2024. However, Peru faces long-standing structural issues like a large informal sector, infrastructure gaps, and a weak rule of law. These not only magnify the impact of adverse shocks and socio-economic inequalities but also hold up Peru on its path towards better standards of living.

As Peru embarks on its journey towards OECD accession, the process represents a transformative opportunity for the country to design and implement a comprehensive reform agenda to foster convergence to higher living standards for all Peruvians. The 2023 Peru Economic Survey highlights four key priority areas of reforms:

Fostering Long-Term Growth

Income convergence to more advanced countries stalled in 2014 with the end of the commodity price boom, making it of utmost importance to boost productivity and investment. While commodities, particularly minerals, have fuelled past growth, there is a need to expand the economy’s productive base. High concentration of market power in a few major business groups reduces market dynamism. This calls for strengthening competition enforcement and simplifying regulations to boost productivity. Additionally, better public spending efficiency would help close infrastructure gaps and deliver essential services while boosting potential growth. This entails enhancing local government capabilities, improving infrastructure planning, and modernising the civil service to enhance overall state capacity. Strengthening the rule of law by fighting corruption and improving judicial independence and efficiency is equally important, as it not only encourages investment but also restores trust in institutions.

Tackling Informality

The challenge of informality looms large in Peru, with around 80% of workers in informal jobs, without social and labour protection, and on the margin of the formal tax and benefit system. Though there is no silver bullet solution as the roots of informality are multi-dimensional, fostering formality through a comprehensive reform package is essential for reducing poverty and inequality, boosting productivity, and improving tax collection. Ensuring universal access to basic social benefits – health, pensions, and social assistance – for both formal and informal sector workers alike, could remove some distortions that incentivise informality. This requires increased social spending funded by general taxation instead of by social contributions that make formal job creation expensive incentivising informal job creation. Providing universal access to pensions and health services financed by general taxation offers the possibility of reducing social contributions for low-income workers, promoting formal employment, and boosting productivity. Improving access to high-quality education tackles another root cause of informality, low labour productivity. Closing the gap in learning outcomes, especially among disadvantaged students, requires improving teachers’ training and addressing school infrastructure gaps.

Strengthening Public Finances

Peru’s current tax revenues, at 17% of GDP, lag both OECD and regional peers. A key challenge for Peru is sustaining fiscal responsibility while addressing social and infrastructure needs. Addressing this gap requires a multifaceted approach: improving spending efficiency while strengthening tax administration, reducing tax expenditures, modernizing property registries, and streamlining corporate tax schemes.

Confronting Climate Change

Climate change poses another significant challenge for Peru. The country is highly vulnerable to extreme weather events and is committed to achieving carbon neutrality by 2050. To achieve this goal, the country must combat deforestation—a major contributor to greenhouse gas emissions—and accelerate the use of renewable energy sources implementing stricter regulations and consistent price signals to reduce reliance on fossil fuels, tapping the enormous potential that the country has in this area.

As Peru navigates these multifaceted challenges, its process of accession to the OECD can offer a framework for long-term reforms that address existing vulnerabilities and allow the convergence to higher living standards. This roadmap, grounded in evidence and best practices, should build on the successes of the past, such as the robust macroeconomic setup that fuelled Peru’s economic growth. Realising this transformation demands political consensus, evidence-backed policies, and collaborative efforts.

References

OECD (2023), OECD Economic Surveys: Peru 2023, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/081e0906-en

Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Adolfo Rodriguez-Vargas and Elena Vidal, Departamento de Economía, OCDE

Después de dos años con altos crecimientos, mejores de lo esperado, América Latina está volviendo a la senda de bajo crecimiento que tenía antes de la COVID-19. Para 2023 se espera una fuerte ralentización económica, mayor que en el resto del mundo. Esto se debe a una demanda externa que pierde dinamismo y un consumo doméstico golpeado por la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, como consecuencia de elevadas tasas de inflación y del endurecimiento de las condiciones financieras entre otros. Mientras que las economías OCDE crecerán un 1.4% en promedio en 2023, el PIB de los siete países de América Latina aumentará un 1.5%. Para 2024 se prevé una mejora, las economías de América Latina repuntaran ligeramente hasta un 1.7% en promedio, por encima del crecimiento promedio de las economías de la OCDE (Cuadro 1), si bien este crecimiento no será suficiente para lograr la convergencia en PIB per cápita con la OCDE. Por otro lado, la inflación se ha ido moderando gradualmente en la mayoría de los países después de alcanzar niveles históricos, gracias a la rápida y fuerte subida de las tasas de política monetaria y menores precios globales de combustibles y alimentos.

Este panorama, ya de si poco alentador, está acompañado de una elevada incertidumbre y de riesgos domésticos y externos inusualmente altos. Un crecimiento mundial menor de lo previsto, especialmente en Estados Unidos y en China, acompañados de una inflación más persistente de lo esperado que implique una política monetaria más restrictiva en el mundo y en la región, representan claros riesgos a la baja. Aunque los buenos niveles de liquidez y capitalización en el sector bancario permitieron que las recientes turbulencias internacionales tuvieran un impacto mínimo en los países de la región, el endurecimiento de las condiciones financieras a nivel global, junto con los signos de inestabilidad en el sector bancario internacional, podrían causar salidas de capitales y un repunte de la aversión al riesgo, junto a volatilidad de los tipos de cambio y del coste de financiación. En términos domésticos, la frecuencia de eventos climáticos severos se ha incrementado debido al cambio climático. Lo mismo sucede con las tensiones sociales que fueron exacerbadas por la pandemia y con las recientes presiones inflacionarias.

A pesar de estas dificultades, un futuro próspero y equitativo en América Latina es posible. Navegar los riesgos en el horizonte requiere fortalecer las cuentas públicas al tiempo que se atienden las crecientes demandas sociales y se mejora el crecimiento de una forma duradera.

Cuadro 1. Perspectivas económicas de los países de América Latina

Fortalecer las cuentas públicas y proteger a los más vulnerables

La situación fiscal permanece frágil en la región. Si bien los déficits fiscales disminuyeron en 2022, la deuda pública sigue históricamente elevada y la carga de intereses ha aumentado, siendo ésta muy sensible al endurecimiento de las condiciones de financiación globales. Todo ello junto con un crecimiento débil plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal. Proseguir la consolidación fiscal es crucial para restaurar la confianza de los mercados y reducir los costes del servicio de la deuda a la vez que se enfatiza el gasto social para apoyar a los pobres y hacer frente a las necesidades crecientes en educación, sanidad y protección social. Alcanzar estos objetivos requerirá la movilización de ingresos de manera progresiva, favorable al crecimiento y equitativa. Los programas de transferencias de apoyo social en un contexto de alta inflación deben ser temporales y focalizados hacia los más vulnerables y reducir los incentivos a la informalidad.

Fomentar la participación laboral de las mujeres: clave para impulsar el crecimiento inclusivo

Para impulsar el crecimiento potencial y reducir las desigualdades en América Latina será clave una agenda de reformas para mejorar el acceso y la calidad de la educación, incrementar la competencia y reducir las brechas de infraestructura (transporte y digital). Pero también incrementar la participación laboral de las mujeres será un ingrediente prioritario. La brecha en las tasas de participación femenina en el mercado laboral respecto a los hombres es grande, mayor que el promedio de la OCDE (Gráfico 1). Además, cuando las mujeres trabajan tienen más probabilidades de tener trabajos informales con peores condiciones laborales, reduciendo sus salarios. Cerrar estas desigualdades de género impulsarían muy significativamente el crecimiento en la región de una forma equitativa. No solo se incrementaría el número de personas en la fuerza laboral, sino que también se impulsaría la productividad, al mejorar la adecuación entre trabajadores y empleos. A su vez, el mayor crecimiento económico también tendría un impacto fiscal positivo, ayudando en el reto de fortalecer las cuentas públicas.

¿Como hacerlo? Promover el acceso a la educación inicial, que a pesar del progreso reciente es insuficiente en la mayoría de los países de América Latina, es clave para aumentar la participación laboral de las mujeres. La tasa de participación escolar de los niños menores de 6 años es a menudo más baja en los hogares de menores ingresos, donde las necesidades de cuidado impiden que las madres participen en el mercado laboral. Deben incrementarse la oferta de plazas en las guarderías y subsidios para los hogares con menos recursos. Estas distorsiones de género en el mercado laboral están también estrechamente relacionadas con las desigualdades en la formación de las mujeres. Por tanto, es crucial seguir invirtiendo en educación básica accesible y de calidad. Finalmente, es necesario promover campañas de sensibilización y educación para combatir estereotipos de género tan arraigados en los países de América Latina.

Gráfico 1. La brecha de género en participación laboral en los países de Latinoamérica está muy por encima del promedio de la OCDE

Participación laboral, población 15-64 años de edad, por sexo, 2021

Más información:

OECD Economic Outlook, junio 2023– Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina, junio 2023.

Información detallada para Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

Jens Arnold, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Adolfo Rodriguez-Vargas and Elena Vidal, Departamento de Economía, OCDE

La economía mundial enfrenta crecientes desafíos, y América Latina no es la excepción según las nuevas Perspectivas Económicas de la OCDE. El crecimiento mundial ha perdido impulso, la alta inflación está resultando más persistente de lo esperado, y la incertidumbre es elevada. Las condiciones financieras globales se han endurecido considerablemente, en medio de aumentos de tasas de política monetaria rápidas y generalizadas. Si bien las perspectivas en América Latina para 2022 mantienen un tono positivo, las perspectivas son menos optimistas para los próximos dos años. Se prevé que América Latina crezca ligeramente por encima de las economías de la OCDE (Cuadro 1), lo que será insuficiente para acelerar un proceso de convergencia económica que ya era lento antes de la pandemia. La incertidumbre sobre las perspectivas es alta, y los riesgos están sesgados a la baja. Las presiones inflacionarias podrían resultar aún más persistentes, requiriendo condiciones financieras más restrictivas en el mundo y en la región. También siguen existiendo importantes riesgos sobre la desaceleración de la actividad económica en China y Estados Unidos. En este complejo e incierto entorno macroeconómico global, preservar la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, continuar brindando apoyo a los más vulnerables es clave.

Cuadro 1. Perspectivas económicas de los países de América Latina

Mantener una política monetaria que responda a la alta inflación

Las tasas de inflación han repuntado fuertemente en todo el mundo, hasta alcanzar en muchos casos máximos de los últimos 30 años. América Latina no ha sido ajena a este fenómeno, pues la inflación interanual alcanzó el 10,3%, en promedio, en el tercer trimestre de 2022. En este contexto, la reacción de las políticas monetarias en la región ha sido más rápida e intensa que en las economías avanzadas, para mantener ancladas las expectativas de inflación y evitar que se amplíen las presiones inflacionarias. Se necesitará mantener este tono restrictivo en la política monetaria para asegurar el anclaje de las expectativas de inflación y reconducir la inflación hacia los niveles objetivos establecidos por los Bancos Centrales de forma duradera. Esto es de suma importancia, no solo desde un punto de vista macroeconómico sino también de equidad, ya que el fuerte aumento de los precios de los productos básicos afecta en mayor medida a los hogares de bajos ingresos (Gráfico 1).

Gráfico 1. La inflación afecta más a los más vulnerables

Evolución de la inflación según el nivel de ingresos de los hogares en Colombia

Mejorar la situación de las finanzas públicas y apoyar a los más vulnerables

Tras los importantes apoyos fiscales que muchos países pusieron en marcha para afrontar la crisis del Covid-19, el déficit fiscal ha comenzado a reducirse en muchos países. Los ingresos públicos han aumentado en 2022 debido a la recuperación económica, la elevada inflación y, en algunos países, el aumento de los precios de las materias primas. También ha aumentado el costo de financiación de la deuda pública, impulsado por los incrementos de tasas de interés y por una mayor incertidumbre. El reto reside en recuperar espacio fiscal a la vez que se apoya a los grupos vulnerables, especialmente mientras persiste la alta inflación y el crecimiento se debilita. Este espacio permitiría atender necesidades de gasto acuciantes en educación y protección social, clave para impulsar el crecimiento a largo plazo y reducir los altos niveles de desigualdad y pobreza. Existe espacio en todos los países para mejorar la eficiencia del gasto público. Eso incluye también orientar las ayudas sociales hacia los más vulnerables. Un ejemplo son las medidas que muchos países han establecido para mitigar el impacto de la subida de los precios de la energía. Estas medidas son necesarias, pero podrían estar más focalizadas hacia los hogares vulnerables. Hay también oportunidades en muchos países para incrementar los ingresos tributarios, reduciendo las exenciones tributarias y los tratamientos preferenciales, luchando contra la evasión fiscal y aumentando la progresividad de los impuestos, sobre todo los impuestos a la renta.

Más competencia impulsaría la productividad y beneficiaría particularmente a hogares vulnerables

En un contexto de alta inflación y costos de vida, fortalecer la competencia en los mercados de bienes y servicios, un reto pendiente en la mayoría de los países de la región, cobra particular relevancia, ya que facilitaría el acceso de empresas a insumos a menores costos y de hogares a bienes y servicios a precios más bajos. Simplificar regulaciones para facilitar la creación y entrada de empresas y la reducción de barreras comerciales, particularmente en productos básicos, facilitaría mercados con un mayor grado de competencia. Sin aumentar el gasto público, eso permitiría bajar precios y costos, generando beneficios particularmente pronunciados para hogares en deciles de ingresos más bajos.

Más información:

OECD Economic Outlook, Noviembre 2022– Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina, Noviembre 2022.

Información detallada para Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú