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Por Paula Garda y Michael Koelle, Departamento de Economía de la OCDE

Perú ha logrado significativos avances en las últimas dos décadas hasta 2019 en la reducción de la pobreza y la mejora de los niveles de vida, superando a muchos países de América Latina, como se destaca en el Estudio Económico de la OCDE de Perú 2023.  La base de este progreso fue un sólido marco macroeconómico y ambiciosas reformas estructurales implementadas en la década de 1990. Estas reformas han logrado darle al país estabilidad macroeconómica, alto crecimiento económico, baja inflación y una de las menores ratios de deuda pública- PIB en la región.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto los desafíos estructurales pendientes. Perú experimentó una de las contracciones económicas y tasas de mortalidad más altas de todos los países. La economía se recuperó en 2021, gracias a los existentes amortiguadores fiscales. Pero la recuperación fue transitoria y una serie de shocks, como la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, conflictos sociales y el fenómeno del Niño, provocaron presiones inflacionistas y una ralentización económica. Se prevé que la economía se recupere gradualmente y que la inflación vuelva al rango objetivo a principios de 2024. Sin embargo, Perú se enfrenta a problemas estructurales de larga data, como una alta proporción de empleos informales, amplias brechas en infraestructuras básicas y un débil Estado de Derecho. Estos problemas no sólo magnifican el impacto de shocks adversos y las desigualdades socioeconómicas, sino que también frenan a Perú en su camino hacia mejores niveles de vida.

A medida que el Perú se embarca en su viaje hacia la adhesión a la OCDE, el proceso representa una oportunidad transformadora para que el país diseñe e implemente una agenda integral de reformas para fomentar la convergencia hacia mejores niveles de vida para todos los peruanos. El Estudio Económico del Perú 2023 destaca cuatro áreas prioritarias de reformas:

Fomentar el crecimiento de largo plazo

La convergencia de ingresos hacia los países más avanzados se estancó en 2014 con el fin del auge de los precios de las materias primas, por lo que es de suma importancia impulsar la productividad y la inversión. Aunque las materias primas, en particular los minerales, han impulsado el crecimiento en el pasado, es necesario ampliar la base productiva de la economía. La elevada concentración del poder de mercado en unos pocos grandes grupos empresariales reduce el dinamismo del mercado. Esto exige reforzar la aplicación de las leyes de competencia y simplificar las regulaciones y licencias para impulsar la productividad. Además, una mayor eficiencia del gasto público ayudaría a cerrar las brechas en infraestructuras y a prestar servicios públicos esenciales, impulsando al mismo tiempo el crecimiento potencial. Ello implica reforzar las capacidades de los gobiernos subnacionales, mejorar la planificación de las infraestructuras y modernizar el servicio civil para aumentar la capacidad de implementación del Estado. El fortalecimiento del Estado de Derecho mediante la lucha contra la corrupción y la mejora de la independencia y la eficiencia del sistema judicial es igualmente importante, ya que no sólo fomenta la inversión, sino que también puede restablecer la confianza en las instituciones.

Luchar contra la informalidad

La informalidad representa un gran desafío para Perú, con cerca del 80% de los trabajadores en empleos informales, sin protección social o laboral, y al margen del sistema formal de impuestos y transferencias. Aunque no existe una solución milagrosa, ya que las raíces de la informalidad son multidimensionales, fomentar la formalidad a través de un paquete integral de reformas es esencial para reducir la pobreza y las desigualdades, impulsar la productividad y mejorar la recaudación tributaria. Garantizar un acceso universal a unos servicios básicos de protección social – en salud, pensiones y asistencia social – tanto para los trabajadores formales como informales, podría eliminar algunas distorsiones que incentivan la informalidad. Para ello es necesario aumentar el gasto social financiado con impuestos generales en lugar de con contribuciones sociales que encarecen la creación de empleo formal incentivando así la creación de empleo informal. Proporcionar un acceso universal a las pensiones y a los servicios de salud financiados por impuestos generales ofrece la posibilidad de reducir las contribuciones sociales de los trabajadores de bajos ingresos, promoviendo el empleo formal e impulsando la productividad. Mejorar el acceso a una educación de alta calidad aborda otra de las causas fundamentales de la informalidad, la baja productividad laboral. Cerrar la brecha en los resultados de aprendizaje, especialmente entre los estudiantes desfavorecidos, requiere mejorar la formación de los maestros y abordar las deficiencias de las infraestructuras escolares.

Fortalecer las finanzas públicas

Los ingresos tributarios del Perú, del 17% del PIB, son inferiores a los de sus pares de la OCDE y de la región. Un reto clave para Perú es mantener la responsabilidad fiscal al tiempo que se abordan las necesidades sociales y de infraestructura. Enfrentar este desafío requiere un enfoque multidimensional: mejorar la eficiencia del gasto público al tiempo que se refuerza la administración tributaria, se reducen los gastos tributarios, se moderniza el catastro y se racionalizan y simplifican los regímenes del impuesto a la renta de sociedades.

Afrontar el cambio climático

El cambio climático plantea otro desafío importante para Perú. El país es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos y se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Para lograr este objetivo, el país debe combatir la deforestación -un importante contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero- y acelerar el uso de fuentes de energía renovables aplicando regulaciones más estrictas y señales de precios coherentes para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aprovechando el enorme potencial que el país tiene en energías renovables.

Mientras Perú navega por estos desafíos multidimensionales, el proceso de adhesión a la OCDE puede ofrecer un marco para reformas que aborden las vulnerabilidades existentes y permitan la convergencia hacia niveles de vida más altos para todos los peruanos. Esta hoja de ruta, basada en evidencia y buenas prácticas, debería aprovechar lo que ha funcionado bien, como el sólido marco macroeconómica que ha impulsado el crecimiento económico de Perú. Llevar a cabo esta transformación exige consenso político, políticas basadas en evidencia y esfuerzos de todos los peruanos.

Referencias

Por Jens Matthias Arnold y Paula Garda, Departamento de Economía de la OCDE

La economía de Chile ha sido un ejemplo para América Latina durante mucho tiempo. Como destaca el nuevo Estudio Económico de Chile, las sólidas instituciones han proporcionado estabilidad macroeconómica y niveles de vida crecientes. Los ingresos per cápita se han más que duplicado desde el decenio de 1990 y se encuentran entre los más altos de la región. Pero a pesar de este notable progreso, surgieron grietas en la superficie. En octubre de 2019, el malestar social generalizado paralizó el país y reveló un descontento profundamente arraigado con las desigualdades de oportunidades y de las condiciones económicas.

Después de los disturbios sociales, la pandemia de Covid-19 tuvo un alto costo en vidas y medios de subsistencia, y condujo a la contracción más aguda de los ingresos económicos en 40 años. En 2021, la economía se recuperó rápidamente gracias a un apoyo de las políticas económicas excepcionalmente fuerte que, terminó por sobrecalentarla significativamente, con la demanda interna empujando la inflación muy por encima del objetivo. La agresión rusa contra Ucrania y la escasez de suministros mundial en 2022 exacerbaron las presiones inflacionarias con la inflación superando el 14% y con el aumento de los precios de los alimentos y la energía golpeando con fuerza a muchas familias. La política fiscal está consolidando acertadamente este año, incluyendo una fuerte reducción del gasto público. La política monetaria ha reaccionado rápida y oportunamente, y el sesgo deberá mantenerse en niveles restrictivos por algún tiempo para asegurar la inflación vuelva al objetivo y lograr anclar nuevamente las expectativas de inflación al objetivo.

Frente a estos choques extraordinarios, las instituciones de Chile han sido resilientes y han ayudado a evitar peores resultados. El malestar social de 2019 finalmente dio lugar a un proceso ordenado y democrático en el cual se busca reescribir la constitución del país. En un referéndum nacional, la mayoría de los chilenos votaron a favor de dar este paso. En setiembre 2022, un primer borrador de la constitución fue rechazado en un segundo referéndum nacional, pero un nuevo proceso para redactar un nuevo borrador ya está en discusión.

En los próximos años Chile tiene que abordar importantes desafíos subyacentes al crecimiento y las desigualdades. Un proceso de larga data de convergencia del ingreso a las economías avanzadas se ha invertido desde 2014 (Gráfico 1). La productividad se ha estancado o incluso disminuido, y aumentarla se ha convertido en una prioridad clave. La inversión en nuevas tecnologías ha sido débil, y partes importantes de la economía podrían beneficiarse de fuerzas competitivas más fuertes, con regulaciones complejas que frenan la entrada e inversión de nuevas empresas.

Gráfico 1. La convergencia de los ingresos se ha invertido  

Además de impulsar los motores del crecimiento de los ingresos, urgentes necesidades sociales requieren de una creciente atención a cómo se distribuyen los ingresos y las oportunidades. Es necesario mejorar la calidad de la educación y los servicios de salud públicos para reducir la brecha con respecto a las instituciones privadas. La pandemia también ha puesto de relieve importantes brechas en la protección social, en particular para los hogares más vulnerables. Garantizar cierta cobertura básica de protección social para los trabajadores formales e informales por igual, al tiempo que se reduce el costo del empleo formal, es un desafío clave. Sólo abordando simultáneamente los cambios requeridos en la protección social y la informalidad, Chile podrá romper el círculo vicioso en el que los trabajadores informales no tienen acceso a la mayoría de los beneficios de protección social, mientras que las cargas laborales que financian estos beneficios aumentan los costos de creación de empleos formales.

Pocas personas tienen pensiones de vejez adecuadas, debido a las brechas de las contribuciones debido al empleo informal y a las bajas tasas de contribución. Las tasas de reemplazo de pensiones ya eran bajas antes de la pandemia, pero los ahorros de pensiones de muchas personas están ahora agotados después de tres rondas de retiros extraordinarios de los fondos de pensiones durante la crisis. Una pensión básica universal (PGU) recientemente establecida es un hito clave ya que mejorará significativamente las pensiones por jubilación, particularmente para muchas personas de bajos ingresos. Pero las futuras reformas del sistema pensional deberían prestar especial atención a los incentivos de formalización, al tiempo que se busca aumentar las tasas de reemplazo de las pensiones. Los programas de transferencias monetarias a los hogares vulnerables están muy fragmentados, y la unificación de estos programas en un único plan permitiría aumentar la cobertura y las prestaciones.

La educación es clave para reducir las desigualdades y aumentar la productividad al mismo tiempo. Los resultados del aprendizaje siguen estando muy por debajo del promedio de la OCDE y los cierres de escuelas relacionados con la pandemia han exacerbado estos desafíos de larga data, ya que menos estudiantes de entornos vulnerables utilizaron herramientas digitales para permanecer conectados. Ampliar el acceso a una educación de calidad en la primera infancia cerraría las brechas tempranas y a menudo decisivas en el progreso cognitivo y social y permitiría que más mujeres participen del mercado laboral. Las condiciones de trabajo de los docentes no alcanzan los estándares promedio de la OCDE, con salarios más bajos y jornadas laborales más largas.

El pequeño tamaño del sector público de Chile limita su capacidad para proporcionar mejores servicios públicos y oportunidades para todos, y para reducir las desigualdades. Los ingresos tributarios, de sólo el 21% del PIB, son insuficientes para satisfacer las crecientes demandas sociales, preservando al mismo tiempo la inversión pública necesaria en infraestructura, educación y salud (Gráfica 2). Los impuestos sobre la renta, que solo paga el 20% de los chilenos, son una explicación detrás de esta baja recaudación de impuestos. Aumentar los ingresos públicos en varios puntos porcentuales del PIB, como lo planean actualmente las autoridades, es ambicioso pero claramente al alcance a través de una reforma tributaria integral.

Gráfico 2. Los ingresos tributarios son bajos

A medida que Chile se embarca en este camino de reformas, se están tomando muchas decisiones que probablemente darán forma al futuro de su sociedad y economía en los próximos años. Estas reformas son una excelente oportunidad no solo para aumentar los futuros ingresos de los chilenos, sino también para hacer que el crecimiento sea más inclusivo y brindar mejores oportunidades para todos los chilenos, como se analiza en el Estudio Económico de la OCDE para Chile de 2022. 

Para más información:

OECD (2022), OECD Economic Surveys: Chile 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/311ec37e-en