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Por Bertrand Pluyaud y Adolfo Rodríguez-Vargas, Departamento de Economía, OCDE

Antes de la pandemia de COVID-19, la economía española experimentó un período de crecimiento económico sostenido y más equilibrado, menos dependiente del sector de la construcción, y con un sistema financiero más saludable. La pandemia y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania fueron golpes sucesivos que requirieron un fuerte apoyo gubernamental para proteger a las empresas y los hogares, como se señala en el Estudio Económico de España 2023. La producción se ha recuperado a su nivel anterior a la pandemia, y el crecimiento se ha mantenido desde el segundo semestre de 2022 y se espera que siga siendo sólido en 2024.

La recuperación de la pandemia ha sido constante tras la gran caída del PIB en 2020

Producto Interno Bruto, Volumen, base 2019Q4 = 100

España también ha introducido varias reformas importantes para abordar problemas de larga data en el mercado laboral, promover el crecimiento empresarial y la innovación, garantizar la sostenibilidad de las pensiones e impulsar la formación profesional. Sin embargo, persisten debilidades estructurales que lastran el potencial de crecimiento de España. El Estudio Económico de 2023 analiza las opciones de política para abordar estas cuestiones en cuatro ámbitos.

Abordar los desafíos fiscales

La acción del gobierno fue decisiva para la recuperación, pero costosa. La deuda pública, que ya era elevada antes de la pandemia, ha aumentado 13 puntos porcentuales del PIB desde 2019.  Es necesario un saneamiento presupuestario sostenido para mantener la deuda en una senda descendente y dejar espacio para el gasto relacionado con el envejecimiento y partidas que fomentan el crecimiento, como la educación y la transición ecológica. Esta consolidación debería basarse tanto en la movilización de ingresos adicionales como en la mejora de la eficiencia del gasto.

El aumento de la recaudación tributaria relativamente baja debe incluir la ampliación gradual de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido y el aumento de los impuestos relacionados con el medio ambiente, pero también la reducción de la elusión fiscal y la mejora de la recaudación fiscal. Las revisiones del gasto deben seguir utilizándose para definir las prioridades de gasto que fomentan el crecimiento, y la evaluación de las políticas públicas debe convertirse en la norma.

La deuda pública sigue siendo elevada

Deuda pública, definición de Maastricht, % del PIB

Fuente: Eurostat.

Aumentar la productividad

La baja inversión en investigación y desarrollo, el gasto público ineficiente en educación y capacitación y un acervo insuficiente de capital en TIC han lastrado el crecimiento de la productividad, que en la última década ha promediado el 0,6% anual en comparación con el 0,9% de la OCDE. La proporción de empresas innovadoras también es comparativamente baja. Todo esto pesa sobre el crecimiento potencial, que con el rápido envejecimiento de la población se espera que se mantenga bajo.

Promover la colaboración y la transferencia de conocimientos entre empresas y universidades, fomentar el emprendimiento, reducir las barreras regulatorias y mejorar la regulación puede aumentar la innovación y el crecimiento empresarial. Continuar con la aplicación efectiva de las inversiones y reformas en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia debe seguir siendo una prioridad, ya que puede ayudar a superar las deficiencias estructurales e impulsar la productividad.

Promover oportunidades para todas las personas en España

A pesar de las recientes mejoras, las desigualdades de ingresos siguen siendo significativas. La pobreza es alta en comparación con la OCDE, y España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de Europa Occidental, con un 22%. Esto hace que sea urgente garantizar que la asistencia pública sea suficiente y llegue a quienes más la necesitan. El estudio recomienda mejorar la focalización de las prestaciones sociales, en particular hacia las familias pobres con hijos, impulsar la utilización del Ingreso Mínimo Vital y reducir las cargas administrativas para los usuarios.

Los jóvenes en España se enfrentan a una difícil transición hacia una vida adulta independiente, productiva y feliz. El riesgo de pobreza entre ellos es particularmente alto, aunque ha disminuido. Es por eso que el tema especial de este estudio es cómo puede España aumentar las oportunidades para sus jóvenes.

Los resultados educativos y del mercado laboral han mejorado, pero muchos jóvenes siguen dejando el sistema educativo con bajos niveles de educación o competencias, y la integración de los jóvenes en el mercado laboral sigue siendo difícil. La proporción de contratos temporales ha disminuido tras la reforma del mercado laboral de 2021, pero sigue siendo elevada. El estudio recomienda formar a los profesores para que identifiquen y ayuden a los estudiantes en situación de riesgo y mantener el apoyo a los estudiantes para que se matriculen en la formación profesional, en particular fomentando la participación de las pymes en la oferta de plazas. Además, para facilitar la transición del estudio al trabajo, recomienda una mayor participación de los empleadores en el diseño de los planes de estudios universitarios y mejorar el acceso a la financiación para los jóvenes empresarios.

La vivienda es una preocupación acuciante para muchas personas en España, especialmente para los jóvenes. Para aumentar la oferta de viviendas, la encuesta recomienda ampliar el muy bajo parque de viviendas de alquiler social y relajar los estrictos controles de alquiler.

Los jóvenes afrontan un alto riesgo de pobreza

Riesgo de pobreza o exclusión social, %

Note: OECD Europe includes European OECD countries and excludes Türkiye.
Fuente: INE.

Abordar los desafíos ambientales

España ha avanzado en la lucha contra el cambio climático, ya que el gasto en protección del medio ambiente ha aumentado y las energías renovables están cada vez más presentes en la matriz energética. Para seguir reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles, España debe acelerar el cambio hacia un transporte más ecológico, mejorar el almacenamiento y las interconexiones a la red eléctrica, y seguir impulsando las energías renovables.

También se necesita un régimen fiscal más amigable con el medio ambiente, ya que los ingresos por impuestos medioambientales como porcentaje del PIB son bajos en comparación con la mayoría de los países europeos de la OCDE. La base para los impuestos medioambientales puede ampliarse, en particular mediante la eliminación gradual de las exenciones y el aumento gradual del tipo impositivo sobre las emisiones, al tiempo que se compensa parcial y temporalmente a los más vulnerables.

La sequía persistente en algunas regiones ha reducido la disponibilidad de agua, y la intensa producción agrícola ha afectado a la calidad del agua. Estos problemas podrían abordarse mediante un riego más eficiente, la reutilización y el reciclaje de las aguas, y un uso más sensato de los fertilizantes.

Mejorar la disponibilidad y la calidad del agua es urgente

Estaciones de agua subterránea con estándares de calidad deficientes, %

Nota: Estaciones de agua subterránea que no cumplen con el estándar de agua potable bajo la Directiva sobre Nitratos de la UE.
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA).

La acción del Gobierno ayudó a España a superar dos grandes golpes sucesivos. Las políticas públicas basadas en la evidencia también pueden ayudar a resolver las debilidades estructurales de larga data de España para aumentar el crecimiento y el bienestar de todas las personas en el país.

Referencias

OECD (2023), OECD Economic Surveys: Spain 2023, OECD Publishing, Paris,  https://doi.org/10.1787/5b50cc51-en  

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Por Paula Garda y Michael Koelle, Departamento de Economía de la OCDE

Perú ha logrado significativos avances en las últimas dos décadas hasta 2019 en la reducción de la pobreza y la mejora de los niveles de vida, superando a muchos países de América Latina, como se destaca en el Estudio Económico de la OCDE de Perú 2023.  La base de este progreso fue un sólido marco macroeconómico y ambiciosas reformas estructurales implementadas en la década de 1990. Estas reformas han logrado darle al país estabilidad macroeconómica, alto crecimiento económico, baja inflación y una de las menores ratios de deuda pública- PIB en la región.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto los desafíos estructurales pendientes. Perú experimentó una de las contracciones económicas y tasas de mortalidad más altas de todos los países. La economía se recuperó en 2021, gracias a los existentes amortiguadores fiscales. Pero la recuperación fue transitoria y una serie de shocks, como la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, conflictos sociales y el fenómeno del Niño, provocaron presiones inflacionistas y una ralentización económica. Se prevé que la economía se recupere gradualmente y que la inflación vuelva al rango objetivo a principios de 2024. Sin embargo, Perú se enfrenta a problemas estructurales de larga data, como una alta proporción de empleos informales, amplias brechas en infraestructuras básicas y un débil Estado de Derecho. Estos problemas no sólo magnifican el impacto de shocks adversos y las desigualdades socioeconómicas, sino que también frenan a Perú en su camino hacia mejores niveles de vida.

A medida que el Perú se embarca en su viaje hacia la adhesión a la OCDE, el proceso representa una oportunidad transformadora para que el país diseñe e implemente una agenda integral de reformas para fomentar la convergencia hacia mejores niveles de vida para todos los peruanos. El Estudio Económico del Perú 2023 destaca cuatro áreas prioritarias de reformas:

Fomentar el crecimiento de largo plazo

La convergencia de ingresos hacia los países más avanzados se estancó en 2014 con el fin del auge de los precios de las materias primas, por lo que es de suma importancia impulsar la productividad y la inversión. Aunque las materias primas, en particular los minerales, han impulsado el crecimiento en el pasado, es necesario ampliar la base productiva de la economía. La elevada concentración del poder de mercado en unos pocos grandes grupos empresariales reduce el dinamismo del mercado. Esto exige reforzar la aplicación de las leyes de competencia y simplificar las regulaciones y licencias para impulsar la productividad. Además, una mayor eficiencia del gasto público ayudaría a cerrar las brechas en infraestructuras y a prestar servicios públicos esenciales, impulsando al mismo tiempo el crecimiento potencial. Ello implica reforzar las capacidades de los gobiernos subnacionales, mejorar la planificación de las infraestructuras y modernizar el servicio civil para aumentar la capacidad de implementación del Estado. El fortalecimiento del Estado de Derecho mediante la lucha contra la corrupción y la mejora de la independencia y la eficiencia del sistema judicial es igualmente importante, ya que no sólo fomenta la inversión, sino que también puede restablecer la confianza en las instituciones.

Luchar contra la informalidad

La informalidad representa un gran desafío para Perú, con cerca del 80% de los trabajadores en empleos informales, sin protección social o laboral, y al margen del sistema formal de impuestos y transferencias. Aunque no existe una solución milagrosa, ya que las raíces de la informalidad son multidimensionales, fomentar la formalidad a través de un paquete integral de reformas es esencial para reducir la pobreza y las desigualdades, impulsar la productividad y mejorar la recaudación tributaria. Garantizar un acceso universal a unos servicios básicos de protección social – en salud, pensiones y asistencia social – tanto para los trabajadores formales como informales, podría eliminar algunas distorsiones que incentivan la informalidad. Para ello es necesario aumentar el gasto social financiado con impuestos generales en lugar de con contribuciones sociales que encarecen la creación de empleo formal incentivando así la creación de empleo informal. Proporcionar un acceso universal a las pensiones y a los servicios de salud financiados por impuestos generales ofrece la posibilidad de reducir las contribuciones sociales de los trabajadores de bajos ingresos, promoviendo el empleo formal e impulsando la productividad. Mejorar el acceso a una educación de alta calidad aborda otra de las causas fundamentales de la informalidad, la baja productividad laboral. Cerrar la brecha en los resultados de aprendizaje, especialmente entre los estudiantes desfavorecidos, requiere mejorar la formación de los maestros y abordar las deficiencias de las infraestructuras escolares.

Fortalecer las finanzas públicas

Los ingresos tributarios del Perú, del 17% del PIB, son inferiores a los de sus pares de la OCDE y de la región. Un reto clave para Perú es mantener la responsabilidad fiscal al tiempo que se abordan las necesidades sociales y de infraestructura. Enfrentar este desafío requiere un enfoque multidimensional: mejorar la eficiencia del gasto público al tiempo que se refuerza la administración tributaria, se reducen los gastos tributarios, se moderniza el catastro y se racionalizan y simplifican los regímenes del impuesto a la renta de sociedades.

Afrontar el cambio climático

El cambio climático plantea otro desafío importante para Perú. El país es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos y se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Para lograr este objetivo, el país debe combatir la deforestación -un importante contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero- y acelerar el uso de fuentes de energía renovables aplicando regulaciones más estrictas y señales de precios coherentes para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aprovechando el enorme potencial que el país tiene en energías renovables.

Mientras Perú navega por estos desafíos multidimensionales, el proceso de adhesión a la OCDE puede ofrecer un marco para reformas que aborden las vulnerabilidades existentes y permitan la convergencia hacia niveles de vida más altos para todos los peruanos. Esta hoja de ruta, basada en evidencia y buenas prácticas, debería aprovechar lo que ha funcionado bien, como el sólido marco macroeconómica que ha impulsado el crecimiento económico de Perú. Llevar a cabo esta transformación exige consenso político, políticas basadas en evidencia y esfuerzos de todos los peruanos.

Referencias

Por Alberto González Pandiella y Alessandro Maravalle, Departamento de Economía de la OCDE

Costa Rica ha hecho un notable progreso económico en las dos últimas décadas, como tener una esperanza de vida equiparable a la media de la OCDE. Gracias a un fuerte compromiso con el comercio, ha logrado atraer inversión extranjera directa y aumentar el nivel de sofisticación de su cesta de exportaciones. Sin embargo, los retos para salvaguardar estos logros y seguir mejorando el nivel de vida son considerables. Las perspectivas de crecimiento se estaban deteriorando antes de la pandemia y, en el futuro, el envejecimiento de la población se cobrará un peaje adicional (gráfico). El desempleo es elevado, con una tasa de dos dígitos desde 2018, así como la informalidad, que afecta a casi la mitad de la población activa. La situación fiscal mejoró en 2021 y 2022, gracias a la reforma fiscal de 2018, pero con una deuda pública en torno al 70% del PIB, las finanzas públicas siguen siendo una vulnerabilidad crítica que requiere esfuerzos sostenidos para contener el gasto e impulsar la eficiencia del sector público. Las tendencias de nearshoring, por las que las empresas buscan reducir los riesgos de interrupción de la cadena de suministro localizándose más cerca de sus mercados finales, están proporcionando nuevas oportunidades de inversión. Costa Rica está a la vanguardia de la protección del medio ambiente y la generación de energías renovables, y la transición mundial hacia la emisión neta cero de gases de efecto invernadero puede aumentar aún más la competitividad del país.

El último Estudio Económico de la OCDE (OCDE, 2023) sostiene que continuar e intensificar los esfuerzos de reforma estructural sería la mejor manera de que Costa Rica respondiera a estos retos y aprovechara las nuevas oportunidades. Las reformas para impulsar la productividad son especialmente críticas para mantener el crecimiento del PIB y del nivel de vida. El fortalecimiento de la competencia es una vía especialmente prometedora para impulsar la productividad. Una competencia débil tiende a traducirse en precios relativamente altos de bienes y servicios para consumidores y empresas. Recientemente se han dado pasos valiosos y audaces para impulsar la competencia en mercados clave, como el del arroz o los servicios profesionales. También se están tomando medidas, en cooperación con el sector privado, para reducir la carga regulatoria, mediante la identificación de reglamentos y procedimientos susceptibles de ser eliminados progresivamente, incluyendo también plazos concretos para su supresión. Dotar a la autoridad nacional de competencia del presupuesto que le otorga la ley es un reto pendiente, que sería especialmente beneficioso en la coyuntura actual, en la que se están tomando medidas para mejorar las regulaciones y abrir sectores clave de la economía. Una autoridad de competencia eficaz, al promover un crecimiento económico más fuerte, también pueden tener un impacto fiscal positivo al apoyar una mayor recaudación de impuestos.

La informalidad, en torno al 45% del empleo total, sigue siendo elevada y es a la vez causa y consecuencia de la baja productividad. Se requiere una estrategia global para reducirla, con acciones necesarias en varias áreas, como reducir los costes laborales no salariales, facilitar la creación de empresas formales, incluso reduciendo el coste burocrático y económico de establecer una empresa formal, ayudar a más costarricenses a adquirir las cualificaciones necesarias para acceder a empleos formales, simplificar los impuestos y mejorar los mecanismos de aplicación. La experiencia de algunos países de la OCDE, como Colombia, indica que la reducción de los costes no salariales, mediante la reducción de las cargas salariales de los empleadores, puede ayudar a reducir la informalidad. Las cargas salariales de los empleadores en Costa Rica son elevadas en comparación con la media de la OCDE, lo que indica que hay un amplio margen para avanzar en esta dirección.

La asistencia sanitaria y la educación primaria prácticamente universales y una de las coberturas de pensiones más altas de la región han dado lugar a resultados sociales notables. Sin embargo, Costa Rica se enfrenta a importantes retos sociales, como el mantenimiento de la pobreza en torno al 20% en los últimos 25 años y el aumento de la desigualdad de ingresos. Hay margen para mejorar la focalización de los programas sociales, ya que en algunos casos más del 40% de los beneficiarios son hogares de ingresos medios y altos. También hay margen para reducir la fragmentación, ya que 21 instituciones se encargan de ejecutar más de 35 programas. Una mejor focalización y una menor fragmentación facilitarían el refuerzo de la protección social en áreas clave y reducirían la desigualdad.

Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación también es clave para apoyar el crecimiento y la equidad en Costa Rica. Aunque el gasto en educación en Costa Rica es elevado, ascendiendo a más del 6,5% del PIB, uno de los porcentajes más altos de los países de la OCDE, los resultados educativos siguen siendo pobres y la exclusión educativa sigue siendo alta, con demasiados costarricenses que abandonan la escuela sin haber cursado la educación secundaria superior. Un apoyo más localizado a los alumnos con dificultades de aprendizaje, la mejora de la selección y la formación de los profesores y la ampliación del acceso a la educación a los niños menores de cuatro años contribuirían a aumentar la igualdad de oportunidades y ayudarían a que más costarricenses accedieran a empleos formales mejor remunerados y a que las empresas cubrieran más fácilmente sus vacantes.

Gráfico. Sin reformas el potencial de crecimiento de la economía caerá al desvanecerse el bono demográfico

Contribuciones al crecimiento potencial, % puntos

Referencias:

OCDE (2023), OCDE Estudios Económicos: Costa Rica 2023, OECD Publishing, Paris.

Por Jens Matthias Arnold y Paula Garda, Departamento de Economía de la OCDE

La economía de Chile ha sido un ejemplo para América Latina durante mucho tiempo. Como destaca el nuevo Estudio Económico de Chile, las sólidas instituciones han proporcionado estabilidad macroeconómica y niveles de vida crecientes. Los ingresos per cápita se han más que duplicado desde el decenio de 1990 y se encuentran entre los más altos de la región. Pero a pesar de este notable progreso, surgieron grietas en la superficie. En octubre de 2019, el malestar social generalizado paralizó el país y reveló un descontento profundamente arraigado con las desigualdades de oportunidades y de las condiciones económicas.

Después de los disturbios sociales, la pandemia de Covid-19 tuvo un alto costo en vidas y medios de subsistencia, y condujo a la contracción más aguda de los ingresos económicos en 40 años. En 2021, la economía se recuperó rápidamente gracias a un apoyo de las políticas económicas excepcionalmente fuerte que, terminó por sobrecalentarla significativamente, con la demanda interna empujando la inflación muy por encima del objetivo. La agresión rusa contra Ucrania y la escasez de suministros mundial en 2022 exacerbaron las presiones inflacionarias con la inflación superando el 14% y con el aumento de los precios de los alimentos y la energía golpeando con fuerza a muchas familias. La política fiscal está consolidando acertadamente este año, incluyendo una fuerte reducción del gasto público. La política monetaria ha reaccionado rápida y oportunamente, y el sesgo deberá mantenerse en niveles restrictivos por algún tiempo para asegurar la inflación vuelva al objetivo y lograr anclar nuevamente las expectativas de inflación al objetivo.

Frente a estos choques extraordinarios, las instituciones de Chile han sido resilientes y han ayudado a evitar peores resultados. El malestar social de 2019 finalmente dio lugar a un proceso ordenado y democrático en el cual se busca reescribir la constitución del país. En un referéndum nacional, la mayoría de los chilenos votaron a favor de dar este paso. En setiembre 2022, un primer borrador de la constitución fue rechazado en un segundo referéndum nacional, pero un nuevo proceso para redactar un nuevo borrador ya está en discusión.

En los próximos años Chile tiene que abordar importantes desafíos subyacentes al crecimiento y las desigualdades. Un proceso de larga data de convergencia del ingreso a las economías avanzadas se ha invertido desde 2014 (Gráfico 1). La productividad se ha estancado o incluso disminuido, y aumentarla se ha convertido en una prioridad clave. La inversión en nuevas tecnologías ha sido débil, y partes importantes de la economía podrían beneficiarse de fuerzas competitivas más fuertes, con regulaciones complejas que frenan la entrada e inversión de nuevas empresas.

Gráfico 1. La convergencia de los ingresos se ha invertido  

Además de impulsar los motores del crecimiento de los ingresos, urgentes necesidades sociales requieren de una creciente atención a cómo se distribuyen los ingresos y las oportunidades. Es necesario mejorar la calidad de la educación y los servicios de salud públicos para reducir la brecha con respecto a las instituciones privadas. La pandemia también ha puesto de relieve importantes brechas en la protección social, en particular para los hogares más vulnerables. Garantizar cierta cobertura básica de protección social para los trabajadores formales e informales por igual, al tiempo que se reduce el costo del empleo formal, es un desafío clave. Sólo abordando simultáneamente los cambios requeridos en la protección social y la informalidad, Chile podrá romper el círculo vicioso en el que los trabajadores informales no tienen acceso a la mayoría de los beneficios de protección social, mientras que las cargas laborales que financian estos beneficios aumentan los costos de creación de empleos formales.

Pocas personas tienen pensiones de vejez adecuadas, debido a las brechas de las contribuciones debido al empleo informal y a las bajas tasas de contribución. Las tasas de reemplazo de pensiones ya eran bajas antes de la pandemia, pero los ahorros de pensiones de muchas personas están ahora agotados después de tres rondas de retiros extraordinarios de los fondos de pensiones durante la crisis. Una pensión básica universal (PGU) recientemente establecida es un hito clave ya que mejorará significativamente las pensiones por jubilación, particularmente para muchas personas de bajos ingresos. Pero las futuras reformas del sistema pensional deberían prestar especial atención a los incentivos de formalización, al tiempo que se busca aumentar las tasas de reemplazo de las pensiones. Los programas de transferencias monetarias a los hogares vulnerables están muy fragmentados, y la unificación de estos programas en un único plan permitiría aumentar la cobertura y las prestaciones.

La educación es clave para reducir las desigualdades y aumentar la productividad al mismo tiempo. Los resultados del aprendizaje siguen estando muy por debajo del promedio de la OCDE y los cierres de escuelas relacionados con la pandemia han exacerbado estos desafíos de larga data, ya que menos estudiantes de entornos vulnerables utilizaron herramientas digitales para permanecer conectados. Ampliar el acceso a una educación de calidad en la primera infancia cerraría las brechas tempranas y a menudo decisivas en el progreso cognitivo y social y permitiría que más mujeres participen del mercado laboral. Las condiciones de trabajo de los docentes no alcanzan los estándares promedio de la OCDE, con salarios más bajos y jornadas laborales más largas.

El pequeño tamaño del sector público de Chile limita su capacidad para proporcionar mejores servicios públicos y oportunidades para todos, y para reducir las desigualdades. Los ingresos tributarios, de sólo el 21% del PIB, son insuficientes para satisfacer las crecientes demandas sociales, preservando al mismo tiempo la inversión pública necesaria en infraestructura, educación y salud (Gráfica 2). Los impuestos sobre la renta, que solo paga el 20% de los chilenos, son una explicación detrás de esta baja recaudación de impuestos. Aumentar los ingresos públicos en varios puntos porcentuales del PIB, como lo planean actualmente las autoridades, es ambicioso pero claramente al alcance a través de una reforma tributaria integral.

Gráfico 2. Los ingresos tributarios son bajos

A medida que Chile se embarca en este camino de reformas, se están tomando muchas decisiones que probablemente darán forma al futuro de su sociedad y economía en los próximos años. Estas reformas son una excelente oportunidad no solo para aumentar los futuros ingresos de los chilenos, sino también para hacer que el crecimiento sea más inclusivo y brindar mejores oportunidades para todos los chilenos, como se analiza en el Estudio Económico de la OCDE para Chile de 2022. 

Para más información:

OECD (2022), OECD Economic Surveys: Chile 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/311ec37e-en