Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Dimitris Mavridis, Claudia Ramírez y Adolfo Rodriguez-Vargas, Departamento de Economía, OCDE

La última edición de las Perspectivas Económicas de la OCDE ofrece un diagnóstico realista pero esperanzador sobre las economías latinoamericanas. Aunque el entorno global sigue siendo complejo, marcado por tensiones comerciales y geopolíticas, la región tiene oportunidades claras para fortalecer el crecimiento económico a través de las reformas estructurales. Una de las más prometedoras: la transformación digital del sector público para simplificar trámites, reducir costos y mejorar la eficiencia regulatoria.

América Latina muestra resiliencia pero con desafíos persistentes

En línea con la evolución de la economía global, tras un crecimiento proyectado del 2.3% en 2025, se prevé una ligera desaceleración al 1.9% en 2026, antes de repuntar al 2.4% en 2027 en las  siete principales economías de la región. Factores como la consolidación fiscal en muchos países de la región, necesaria pero restrictiva, y una elevada incertidumbre política y económica seguirán afectando la demanda interna, la inversión y las exportaciones, principalmente en 2026.

Cuadro. Perspectivas económicas para los países de América Latina

Nota: América Latina 7 es la media ponderada por el PIB a valores de paridad del poder de compra de los 7 países en la tabla para el PIB. América Latina 6 es la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación excluyendo a Argentina.
Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 118, diciembre de 2025.

La inflación en los últimos meses ha sido más persistente de lo esperado. En la mayoría de los países se prevé que en 2025 la inflación se mantenga por encima de las metas de los bancos centrales, convergiendo gradualmente hacia las metas en 2026 y 2027. Excepciones son Perú, donde la inflación está controlada hace un año, Costa Rica, que mantiene una inflación negativa en 2025, y Argentina, en donde la elevada inflación seguirá reduciéndose gracias a una combinación de consolidación fiscal y política monetaria restrictiva. La mayoría de los países tendría que mantener una política monetaria prudente basada en datos y orientada a devolver la inflación a sus metas sin generar presiones innecesarias sobre la actividad. En este contexto, los bancos centrales deben mantenerse atentos a la evolución del comercio global, las condiciones financieras, las expectativas de inflación y la orientación de la política fiscal. Al mismo tiempo, será clave que la consolidación fiscal siga avanzando con medidas concretas y más ambiciosas, dada la elevada deuda pública y la necesidad de asegurar su sustentabilidad en un entorno externo incierto y con elevados costos de financiamiento.

Los riesgos económicos están sesgados a la baja:

• Incertidumbre global derivada de tensiones comerciales y geopolíticas, junto con la incertidumbre política en algunos países de la región asociada al ciclo electoral u otros factores internos, podría afectar negativamente a la inversión y las exportaciones, con repercusiones adversas sobre el crecimiento económico.
• Desviaciones fiscales podrían subir el coste del servicio de la deuda, socavar la confianza, frenar la inversión y generar presiones inflacionarias.
• Persistencias inflacionarias limitarían el espacio para reducir las tasas de interés, afectando las condiciones financieras y desincentivando el consumo y la inversión.

Sin embargo, también hay riesgos al alza: una reducción de las barreras comerciales o redirección del comercio hacia la región y una menor incertidumbre geopolítica podrían fortalecer el consumo, la inversión y el consumo.

Aprovechar la revolución digital para avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes

El capítulo especial de las perspectivas económicas subraya la necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes. En este contexto, la transformación digital del sector público emerge como una herramienta clave para facilitar esta simplificación regulatoria, reduciendo la carga administrativa y modernizando procesos normativos. Una implementación eficiente de la gobernanza digital representa una gran oportunidad para América Latina, tanto para mejorar la eficiencia del gasto público y la transparencia, como mejorar el crecimiento económico al impulsar la productividad de las empresas, históricamente baja. Un gobierno digital bien implementado permite:

• Ofrecer servicios públicos más rápidos, sencillos e inclusivos.
• Reducir costos administrativos y simplificar trámites gubernamentales, mejorando el entorno de negocios, lo que cual se puede traducir en ganancias significativas de eficiencia al reducir costos y tiempos de espera, ampliar la cobertura y fomentar la competitividad de las empresas. 
• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas facilitando el acceso ciudadano a la información, la detección de irregularidades, contribuyendo a prevenir el fraude.

Los indicadores de la OCDE muestran que países como Colombia y Brasil lideran el gobierno digital en la región. Colombia ha avanzado significativamente con la puesta en marcha de plataformas en línea, aplicaciones móviles para trámites gubernamentales y datos abiertos, mientras que Brasil ha sido pionero en servicios como el voto electrónico, las declaraciones de impuestos digitales, y más recientemente la centralización del acceso a cientos de servicios y la identificación digital. No obstante, muchos otros países siguen rezagados (Figure 1).

¿Qué se necesita para una transformación digital exitosa del sector público?

Para lograr una transformación digital exitosa en el sector público, los gobiernos de América Latina aún enfrentan retos importantes y requieren redoblar esfuerzos para lograr:

• Infraestructura digital robusta con cobertura suficiente y sistemas interoperables entre niveles de gobierno para garantizar que todos puedan acceder a los servicios digitales.
• Coordinación efectiva entre gobiernos centrales y locales. En muchos países de la región, existe una gran brecha en el uso de herramientas digitales entre las instituciones públicas centrales y las locales.
• Autoridad política clara para liderar la transformación.  El reciente impulso a la agenda digital en México, incluida la creación de la Agencia de Transformación Digital y Tecnológica, es un ejemplo destacado de cómo dotar de liderazgo institucional a estos procesos
• Regulación ágil y flexible para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
• Confianza ciudadana. Garantizar la privacidad y la seguridad de los datos es esencial para que los ciudadanos confíen y utilicen los servicios públicos digitales, aprovechando así al máximo el potencial de la digitalización. Además, publicar datos en formatos reutilizables facilitaría el acceso a información pública completa y confiable, mientras que impulsar la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, universidades y empresas, aceleraría la experimentación y mejoraría el impacto de la gobernanza digital.

Casos exitosos como el de Estonia demuestran que una gobernanza digital bien implementada puede generar ahorros al gobierno equivalentes al 2 % del PIB anual.

Digitalizar para transformar

La digitalización del sector público no solo mejora la eficiencia del gasto público. También genera beneficios que se extienden a toda la economía, al elevar la productividad, reducir cargas administrativas para ciudadanos y empresas, facilitar la formalización y mejorar el acceso a servicios esenciales, todos desafíos de larga data en la región. Pero para que la gobernanza digital tenga legitimidad y pueda realmente desplegar todo su potencial, es necesario que todos se conviertan en “ciudadanos digitales”. Esto implica centrarse en las necesidades reales de la población y crear las condiciones para que todos tengan acceso a conexión a internet, dispositivos adecuados y las habilidades necesarias para navegar con seguridad. La transformación digital debe ser ambiciosa. Solo así la región podrá aprovechar todo su potencial y construir un futuro más próspero.

Para más información:

OECD (2025), OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9f653ca1-en – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina

Información detallada por país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

Laurence Boone, OECD Chief Economist, Chiara Criscuolo, OECD Science and Technology Directorate, and James Mancini, OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs

Digital technologies have the potential to bring huge
benefits in terms of productivity, jobs and ultimately living standards. At the
same time, consumers will gain access to new, innovative, and cheaper products.
However, for digitalisation to bring benefits to all firms and citizens, we
need a healthy competitive environment, which encourages and diffuses innovation, and helps bring the
gains from technology to people.

There is a growing debate in the media and among
policymakers about how competition is functioning in digital markets, with a
focus on market power, concentration and data protection, among other concerns.
The OECD’s analysis is beginning to shed light on this important issue, and
develop policy options to harness the benefits of digitalisation.

To start with, let’s recall what makes digital markets
unique and shapes the business models and competitive dynamics in digital
sectors. These characteristics include:

• Substantial network effects in platform markets, meaning that as the number of users grows, the value of a platform to users increases.

• Low variable costs and high fixed costs, meaning that there are significant economies of scale and scope in digital markets.

• Data from users playing an increasingly important role as an input and competitive asset. New firms may find that data constitutes a substantial barrier to entry in digital markets, and consumers may not be fully aware of the data collected when they use online services.

These characteristics can result in a small number of firms
holding very high market shares and potentially dominant positions in some
digital markets.

However, it is important to recognise that a firm having a
large share of a given market is not automatically a cause for concern. In
fact, it may simply be the reward for having the most innovative ideas, or
attracting the highest number of users to increase the usefulness of a digital
platform. As long as the large market share is not defended through
anticompetitive conduct, and the market is accessible enough for new entrants,
the market can function well.

However, there are some signs that markets are becoming less
dynamic than before

• First,
  the OECD and others have found that mark-ups (defined as the ratio of unit
  price over marginal cost) charged by firms are increasing. This could be an
  indicator that competitive intensity is weaker than before.

• Second, there is evidence that fewer start-ups are being created, particularly in the digital sector, which also has implications for the entrenchment of large firms, as shown in Figure 1 below.

• Third,
  there has been an acceleration of M&A activity that focuses on digital
  firms (see Figure 2 below). Many mergers can have broadly procompetitive
  benefits, for example in terms of innovation. But there is concern about
  transactions involving small start-ups that are not captured by competition
  authorities, and which may have anticompetitive effects.

• Fourth,
  there are signs that the largest firms are earning an increasing share of
  revenues. While revenue concentration is not a very meaningful indicator of
  competition on its own, in combination with the other evidence above, it may
  suggest that something is changing about competitive dynamics in markets.

The OECD is working to understand
the implications of these findings, especially the role of digitalisation. There
is currently no single “smoking gun”, whether technological entry barriers,
regulatory distortions to competition, or firm misconduct. A variety of factors
may be at play.

In the meantime, policymakers can take
steps to address competition risks in digital markets.

First, there are opportunities to strengthen competition law enforcement. Agencies may need to adjust merger notification thresholds to ensure they capture potentially anticompetitive acquisitions of digital start-ups. They will also require vigilance in assessing merger harms associated with dynamic competition (i.e. effects on potential future competition) and innovation, as well as addressing potential abusive conduct by firms.  Ex-post assessments of merger decisions can also help authorities review the analysis and tools used in past cases in order to draw lessons going forward. Authorities may also need additional tools to analyse and detect novel forms of firm misconduct, such as algorithmic collusion.

Second, we need to consider whether
current legislative frameworks are themselves contributing to problems
regarding digital competition. For example, the OECD is adapting its
Competition Assessment Toolkit to assist policymakers in identifying regulatory
barriers to competition in digital sectors. The adapted toolkit for digital
markets will be released later this year.

Third, new policy solutions may be
needed to protect and promote competition in digital markets, such as data
portability measures. Such measures could potentially help innovative new firms
overcome the barriers to entry associated with data, and empower consumers by
reducing switching costs. New business models could emerge that involve paying
consumers for their data, allowing them to share in the value generated by
their online activities.

Consumer and data protection
regulators can also address growing consumer concerns about digital firms while
at the same time promoting competition. This can include clarifying the rights
consumers have, and ensuring that they are given meaningful opportunities to
exercise those rights through fair contracting standards and default options

Fourth, competition authorities can
strengthen cooperation with international counterparts given the global scale
of many digital businesses. Investigation and advocacy cooperation is also
needed with consumer protection and data protection authorities, who may be
dealing with overlapping concerns. The OECD has a range of resources for
competition authorities on emerging digital
competition issues, assessing
their past decisions, and using non-enforcement
tools.

More broadly, policymakers must
ensure that the fundamentals are in place for new businesses to succeed, namely
by ensuring the right skills mix in the economy, keeping administrative burdens
to a minimum, and promoting broadband internet access.

OECD will be jointly hosting with the French Ministry of the Economy and Finance, and the French Autorité de la concurrence, a conference exploring many of these issues on June 3, 2019. The conference, Competition in the Digital Economy, will be webcast, and available to watch during and after the event here.

Further reading

Bajgar, M., et al. (2019), “Industry Concentration in Europe and North America”, OECD Productivity Working Papers, No. 18, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2ff98246-en.

Calvino, F. and C. Criscuolo (2019), “Business dynamics and digitalisation”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 62, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6e0b011a-en.

More resources on the digital economy, innovation and competition