Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Dimitris Mavridis, Claudia Ramírez y Adolfo Rodriguez-Vargas, Departamento de Economía, OCDE

La última edición de las Perspectivas Económicas de la OCDE ofrece un diagnóstico realista pero esperanzador sobre las economías latinoamericanas. Aunque el entorno global sigue siendo complejo, marcado por tensiones comerciales y geopolíticas, la región tiene oportunidades claras para fortalecer el crecimiento económico a través de las reformas estructurales. Una de las más prometedoras: la transformación digital del sector público para simplificar trámites, reducir costos y mejorar la eficiencia regulatoria.

América Latina muestra resiliencia pero con desafíos persistentes

En línea con la evolución de la economía global, tras un crecimiento proyectado del 2.3% en 2025, se prevé una ligera desaceleración al 1.9% en 2026, antes de repuntar al 2.4% en 2027 en las  siete principales economías de la región. Factores como la consolidación fiscal en muchos países de la región, necesaria pero restrictiva, y una elevada incertidumbre política y económica seguirán afectando la demanda interna, la inversión y las exportaciones, principalmente en 2026.

Cuadro. Perspectivas económicas para los países de América Latina

Nota: América Latina 7 es la media ponderada por el PIB a valores de paridad del poder de compra de los 7 países en la tabla para el PIB. América Latina 6 es la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación excluyendo a Argentina.
Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 118, diciembre de 2025.

La inflación en los últimos meses ha sido más persistente de lo esperado. En la mayoría de los países se prevé que en 2025 la inflación se mantenga por encima de las metas de los bancos centrales, convergiendo gradualmente hacia las metas en 2026 y 2027. Excepciones son Perú, donde la inflación está controlada hace un año, Costa Rica, que mantiene una inflación negativa en 2025, y Argentina, en donde la elevada inflación seguirá reduciéndose gracias a una combinación de consolidación fiscal y política monetaria restrictiva. La mayoría de los países tendría que mantener una política monetaria prudente basada en datos y orientada a devolver la inflación a sus metas sin generar presiones innecesarias sobre la actividad. En este contexto, los bancos centrales deben mantenerse atentos a la evolución del comercio global, las condiciones financieras, las expectativas de inflación y la orientación de la política fiscal. Al mismo tiempo, será clave que la consolidación fiscal siga avanzando con medidas concretas y más ambiciosas, dada la elevada deuda pública y la necesidad de asegurar su sustentabilidad en un entorno externo incierto y con elevados costos de financiamiento.

Los riesgos económicos están sesgados a la baja:

• Incertidumbre global derivada de tensiones comerciales y geopolíticas, junto con la incertidumbre política en algunos países de la región asociada al ciclo electoral u otros factores internos, podría afectar negativamente a la inversión y las exportaciones, con repercusiones adversas sobre el crecimiento económico.
• Desviaciones fiscales podrían subir el coste del servicio de la deuda, socavar la confianza, frenar la inversión y generar presiones inflacionarias.
• Persistencias inflacionarias limitarían el espacio para reducir las tasas de interés, afectando las condiciones financieras y desincentivando el consumo y la inversión.

Sin embargo, también hay riesgos al alza: una reducción de las barreras comerciales o redirección del comercio hacia la región y una menor incertidumbre geopolítica podrían fortalecer el consumo, la inversión y el consumo.

Aprovechar la revolución digital para avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes

El capítulo especial de las perspectivas económicas subraya la necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes. En este contexto, la transformación digital del sector público emerge como una herramienta clave para facilitar esta simplificación regulatoria, reduciendo la carga administrativa y modernizando procesos normativos. Una implementación eficiente de la gobernanza digital representa una gran oportunidad para América Latina, tanto para mejorar la eficiencia del gasto público y la transparencia, como mejorar el crecimiento económico al impulsar la productividad de las empresas, históricamente baja. Un gobierno digital bien implementado permite:

• Ofrecer servicios públicos más rápidos, sencillos e inclusivos.
• Reducir costos administrativos y simplificar trámites gubernamentales, mejorando el entorno de negocios, lo que cual se puede traducir en ganancias significativas de eficiencia al reducir costos y tiempos de espera, ampliar la cobertura y fomentar la competitividad de las empresas. 
• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas facilitando el acceso ciudadano a la información, la detección de irregularidades, contribuyendo a prevenir el fraude.

Los indicadores de la OCDE muestran que países como Colombia y Brasil lideran el gobierno digital en la región. Colombia ha avanzado significativamente con la puesta en marcha de plataformas en línea, aplicaciones móviles para trámites gubernamentales y datos abiertos, mientras que Brasil ha sido pionero en servicios como el voto electrónico, las declaraciones de impuestos digitales, y más recientemente la centralización del acceso a cientos de servicios y la identificación digital. No obstante, muchos otros países siguen rezagados (Figure 1).

¿Qué se necesita para una transformación digital exitosa del sector público?

Para lograr una transformación digital exitosa en el sector público, los gobiernos de América Latina aún enfrentan retos importantes y requieren redoblar esfuerzos para lograr:

• Infraestructura digital robusta con cobertura suficiente y sistemas interoperables entre niveles de gobierno para garantizar que todos puedan acceder a los servicios digitales.
• Coordinación efectiva entre gobiernos centrales y locales. En muchos países de la región, existe una gran brecha en el uso de herramientas digitales entre las instituciones públicas centrales y las locales.
• Autoridad política clara para liderar la transformación.  El reciente impulso a la agenda digital en México, incluida la creación de la Agencia de Transformación Digital y Tecnológica, es un ejemplo destacado de cómo dotar de liderazgo institucional a estos procesos
• Regulación ágil y flexible para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
• Confianza ciudadana. Garantizar la privacidad y la seguridad de los datos es esencial para que los ciudadanos confíen y utilicen los servicios públicos digitales, aprovechando así al máximo el potencial de la digitalización. Además, publicar datos en formatos reutilizables facilitaría el acceso a información pública completa y confiable, mientras que impulsar la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, universidades y empresas, aceleraría la experimentación y mejoraría el impacto de la gobernanza digital.

Casos exitosos como el de Estonia demuestran que una gobernanza digital bien implementada puede generar ahorros al gobierno equivalentes al 2 % del PIB anual.

Digitalizar para transformar

La digitalización del sector público no solo mejora la eficiencia del gasto público. También genera beneficios que se extienden a toda la economía, al elevar la productividad, reducir cargas administrativas para ciudadanos y empresas, facilitar la formalización y mejorar el acceso a servicios esenciales, todos desafíos de larga data en la región. Pero para que la gobernanza digital tenga legitimidad y pueda realmente desplegar todo su potencial, es necesario que todos se conviertan en “ciudadanos digitales”. Esto implica centrarse en las necesidades reales de la población y crear las condiciones para que todos tengan acceso a conexión a internet, dispositivos adecuados y las habilidades necesarias para navegar con seguridad. La transformación digital debe ser ambiciosa. Solo así la región podrá aprovechar todo su potencial y construir un futuro más próspero.

Para más información:

OECD (2025), OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9f653ca1-en – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina

Información detallada por país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

How OECD Economic Surveys reveal the drivers of deforestation, and the policy tools to stop it

By Michael Koelle, OECD Economics Department

Tropical forests cover vast swaths of land in many OECD member and accession countries, including more than 75% of Costa Rica’s territory, and over half of Brazil, Colombia, Indonesia and Peru. In these countries, emissions from land use, land use change and forestry (LULUCF), largely driven by forest loss and degradation, account for a large share of total emissions (Figure 1). In fact, land use emissions are in some cases the main driver of national emission trends. But forests can also be part of the solution, as the experiences of Finland and New Zealand, two forest-rich OECD members, teach us.

For many countries, forests are no longer just a conservation issue, they are central to climate mitigation plans. Turning forests into carbon sinks is one of the most cost-effective ways to offset hard-to-abate emissions from agriculture, transport and energy. Finland and New Zealand have long had negative LULUCF emissions thanks to sustainable forest management and afforestation. Costa Rica managed to turn around LULUCF emissions, converting its forests into a carbon sink. Indonesia aims to achieve net negative emissions from LULUCF by 2030 while in Peru and Brazil, LULUCF accounts for 65% and 38% of planned emissions reductions by 2050, respectively. The economic case for protecting forests, through stronger enforcement, property rights, sustainable agriculture, and better incentives, has never been clearer. 

Insights from Economic Surveys: What’s really driving deforestation?

What do Brazil, Costa Rica, Colombia, Finland, Indonesia, New Zealand, and Peru have in common? They are all forest-rich economies, and each has been subject of in-depth analysis in OECD Economic Surveys. These studies go beyond emissions reporting. They dig into the underlying economic drivers of deforestation and discuss what can be done to turn forests into carbon sinks. While each country has its own context, common drivers of deforestation emerge. Forest loss is rooted in economic structures and incentives, from the rapid expansion of agriculture to unclear or unenforced property rights and misalignment between individual incentives and broader societal goals. Developing forest-based activities that generate sufficient economic value while keeping forests intact is far from impossible, given that cleared forest land is often used for low-profitability activities. Moreover, as seen in Finland and New Zealand, afforestation can be one of the least costly ways to reduce net greenhouse gas emissions. Tackling deforestation therefore requires structural policy responses that make choosing forests the economically sensible option, not just environmental regulation.

Fostering sustainable agriculture

Across all countries studied the expansion of the agricultural frontier is the main driver of deforestation. In Peru, OECD research shows that 90% of all deforested land is used for agriculture and livestock-rearing (Garcia Soto and Koelle, 2025). Moreover, 75% of these lands are identified as mixed-use, where farmers combine crop growing and livestock grazing on relatively small plots. In Brazil, cattle is a major pressure; in Indonesia, palm oil plantations continue to push into forest areas. Cattle grazing was also a main driver of deforestation in Costa Rica and Colombia. Most of these activities have low productivity and profitability, making extensive use of underpriced land. As Finland’s experience shows, managing soil emissions from agriculture and forestry can become a crucial issue even when forest stocks have stabilised.

To address this, OECD Economic Surveys recommend:

• Eliminating environmentally harmful agriculture subsidies, such as cattle ranching subsidies, which contributed to successful reforestation in Costa Rica.
• Improving scientific knowledge of agriculture, soils and forests, which provides the basis for cost-efficient emissions reduction and carbon storage activities in Finland.
• Boosting productivity on existing land, to reduce pressure to expand the agricultural frontier.
• Incentivising agroforestry and sustainable land-use practices and enforcing compliance with the law and regulations tied to land rights.

Strengthening property rights

Most deforestation occurs on land that is either publicly owned or of unclear or unenforced property rights. In Peru, state lands without designated purpose are at the highest risk for deforestation. In Colombia, land rights are often unclear and ambiguous after decades of conflict and displacement of rural populations. In Brazil, a strong framework exists, but enforcement is a challenge. Indigenous communities are especially vulnerable in defending their property rights, even if formally recognised.

OECD Economic Surveys recommend:

• Creating comprehensive land registries using modern technology.
• Strengthening property rights and law enforcement in remote areas, including based on satellite imagery.
• Recognising and enforcing indigenous land rights, which are linked to lower deforestation rates.

Aligning incentives with climate goals

Even with secure land rights and strong enforcement, forest conservation must make economic sense. Intact forests need to generate real value for communities and landowners. Payment for ecosystem services (PES) that provide payments to forest owners for forest preservation are an essential policy tool. Costa Rica’s model stands out: funded by an earmarked portion of fuel taxes it covers 40% of all the nation’s forests, even if financing needs to be put on a broader footing. Other countries have significantly underfunded PES systems or rely mostly on international mechanisms like REDD+ and Article 6 of the Paris Agreement that provide a global mechanism for protecting the world’s remaining forests, but implementation is slow and partly untested. The possibility to sell carbon credits through emissions trading schemes (ETS) can provide powerful incentives for reforestation. New Zealand’s pioneering inclusion of forestry in its ETS, where forest owners can earn carbon credits for capturing carbon through tree growth and must surrender credits if they deforest, provides useful lessons on how such schemes should be designed in forest-rich countries. There should be differentiation according to the emissions removal potential of different forest types, and the design should ensure a sufficiently high carbon price to incentivise carbon-efficiency in non-LULUCF sectors.

The OECD Economic Surveys call for:

• More robust, broader, and sustainably financed payment for ecosystem services schemes and the expansion and integration of emissions trading schemes.
• Better integration of eco-tourism, agroforestry, pisciculture and sustainable timber industry into regional economic development and planning.
• Public incentives that complement, not contradict, private-sector logic.

Conclusion

To truly value forests, governments must embed them into national budgets, tax systems and investment frameworks. Forest conservation must be seen as a sensible investment into preserving the nation’s natural wealth and resources. The cost of these investments is often relatively modest but strong leadership and coordination is needed to ensure that institutions and incentives all work in the same direction.  At COP30 in Belem, forest rich countries have a chance to lead, not just in emission reductions, but also in showing how forests can support climate goals and the economy.

Infographic

REFERENCES

OECD Economic Surveys: Costa Rica 2025, https://doi.org/10.1787/048cf07b-en

OECD Economic Surveys: Finland 2025, https://doi.org/10.1787/985d0555-en

OECD Economic Surveys: Peru 2025, https://doi.org/10.1787/76f6eb73-en

OECD Economic Surveys: Colombia 2024, https://doi.org/10.1787/a1a22cd6-en

OECD Economic Surveys: Indonesia 2024, https://doi.org/10.1787/de87555a-en

OECD Economic Surveys: New Zealand 2024, https://doi.org/10.1787/603809f2-en

OECD Economic Surveys: Brazil 2023, https://doi.org/10.1787/a2d6acac-en

Garcia Soto and Koelle (2025): “Deforestation in Peru: Key facts and main drivers”. OECD Economics Department Working Paper No. 1846, https://doi.org/10.1787/e7786877-en

Por Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Dimitris Mavridis, Claudia Ramírez y Adolfo Rodriguez-Vargas, OCDE.

El contexto global, marcado por una alta incertidumbre política y fragmentación, plantea nuevos desafíos para América Latina, pero también abre nuevas oportunidades para fortalecer su competitividad y reducir vulnerabilidades.

Se espera que el PIB en América Latina crecerá 2.1% en 2025 y 2% en 2026, lo que refleja una desaceleración generalizada en la región. Estas cifras son más bajas que las previstas a fines del año pasado y se sitúan por debajo del promedio de otras economías emergentes. Aunque se espera una fuerte recuperación en Argentina, el crecimiento se mantiene débil en la mayoría de los países, con revisiones a la baja para Brasil, México y Colombia (Tabla), en un contexto generalizado de una débil demanda externa y la alta incertidumbre.

Cuadro. Perspectivas económicas para los países de América Latina

Nota: América Latina 7 es la media ponderada por el PIB a valores de paridad del poder de compra de los 7 países en la tabla para el PIB. América Latina 6 es la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación excluyendo a Argentina.
Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 117, junio de 2025.

La desinflación avanza, pero persisten las presiones inflacionarias. La inflación se mantiene por encima del objetivo en muchos países. En cambio, Argentina ha logrado avances significativos gracias a una combinación de consolidación fiscal y una política monetaria más restrictiva. Con la excepción de Argentina y Brasil, los bancos centrales de la región deberían continuar con su flexibilización monetaria prudente y gradual para asegurarse que la inflación se acerque al objetivo, manteniéndose alerta ante riesgos de salidas de capitales y nuevas presiones inflacionarias.

Los riesgos para las perspectivas son a la baja. Un aumento de los aranceles comerciales y menor dinamismo al previsto en socios comerciales clave podría debilitar aún más las exportaciones y presionar a la baja los precios de las materias primas. Los costos comerciales podrían ralentizar más de lo esperado la desinflación en las economías avanzadas y prolongar tasas de interés globales más altas. Una elevada deuda pública y unas condiciones financieras globales más restrictivas de lo previsto, podrían retrasar la tan necesaria inversión. Si se intensifican las salidas de capital, los bancos centrales podrían tener menos margen de maniobra para flexibilizar la política monetaria.

Una agenda de competitividad para tiempos inciertos

En este complejo entorno global, la región necesita más que nunca mejorar sus políticas domésticas. Un área donde es posible avanzar, y urgentemente necesario, es en competitividad, comercio e inversión. Estas no son prioridades nuevas, pero los cambios globales en el comercio, las cadenas de suministro y la transición hacia economías más sostenibles aumentan su relevancia estratégica. Los países que ofrezcan estabilidad institucional, apertura y baja carga administrativa estarán mejor posicionados para atraer inversión y expandir sus mercados.

Mejorar los procedimientos aduaneros representa una oportunidad clara. Según los Indicadores de Facilitación del Comercio de la OCDE, América Latina aún enfrenta altos costos comerciales debido a procedimientos aduaneros complejos, inspecciones redundantes y poca coordinación entre agencias fronterizas (Figura). Hay amplio margen para mejorar el procesamiento, levante y despacho de mercancías, en particular mediante una mayor automatización y una mejor coordinación entre las agencias aduaneras, sanitarias, tributarias y otras agencias fronterizas. Medidas prácticas como la cooperación entre agencias de distintos países en la frontera, la agilización de los procesos judiciales y una mayor digitalización pueden beneficiar a los exportadores, especialmente a las pequeñas empresas, y atraer inversión. Además, estas medidas reducen los costos de operar formalmente, lo que incentiva a más empresas a salir de la informalidad.

Figura. Las políticas de facilitación del comercio pueden mejorarse en América Latina

2 = Mejor desempeño

Nota: Disponibilidad de la información y uso de consultas públicas es la media de los indicadores de la facilitación del comercio (TFI, por sus siglas en inglés) A y B. Eficiencia del marco jurídico es la media de los indicadores TFI C y D. Simplicidad de los procedimientos es la media de los indicadores TFI F, G y H. Eficacia de las agencias fronterizas es la media de los indicadores TFI I, J y K. ALC-7 es la media de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Fuente: Estadísticas sobre los Indicadores de Facilitación del Comercio de la OCDE (TFI, por sus siglas en inglés).

La facilitación del comercio debe ir acompañada de reformas más amplias que fomenten la productividad. Impulsar la competitividad de las exportaciones y la productividad empresarial también requiere un entorno empresarial más dinámico, una mayor competencia doméstica, un mejor acceso a la financiación, más capacitación y capacidad de innovación. Estas reformas se refuerzan mutuamente: las empresas más productivas tienen mayor probabilidad de exportar, invertir y formalizarse.

El fortalecimiento de la integración regional sigue siendo relevante en América Latina, especialmente en un mundo donde las cadenas de valor están cambiando y los centros regionales cobran mayor importancia. El enfoque debe centrarse en la cooperación: mejorar la cooperación entre organismos fronterizos, el reconocimiento mutuo de normas, el intercambio de datos, los sistemas interoperables y el reconocimiento de estándares técnicos comunes. La región también cuenta con un potencial sin explotar en el comercio de servicios, gracias a idiomas compartidos y husos horarios similares; sin embargo, el comercio interregional de servicios sigue siendo bajo en comparación con los estándares mundiales.

América Latina debe adoptar una visión más orientada hacia el exterior. Acuerdos comerciales como el de la UE-Mercosur, y la participación en marcos plurilaterales como la Alianza del Pacífico o el CPTPP pueden ayudar a diversificar mercados de exportación, atraer inversión, fortalecer la participación en las cadenas globales de valor y aprovechar nuevas tecnologías. Sin embargo, para aprovechar al máximo los beneficios de estas iniciativas, los países deben mejorar su capacidad de implementación y garantizar la coherencia entre las políticas comerciales, de inversión y regulatorias.

América Latina cuenta con ventajas reales: vastas reservas de minerales críticos, abundante energía renovable, una fuerza laboral joven y cada vez más cualificada, y proximidad a mercados clave. Al impulsar reformas concretas que mejoren la competitividad, reduzcan las barreras comerciales y atraigan inversión de calidad, la región puede convertir los desafíos actuales en oportunidades y sentar las bases para un crecimiento más sólido y resiliente.

Referencias:

OECD (2025), OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 1, OECD Publishing, Paris, doi – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina, Junio 2025.

Información detallada por país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

Por Michael Koelle, Aida Caldera Sánchez y Paula Garda, Departamento de Economía de la OCDE

Blog para dar seguimiento al lanzamiento del Estudio Económico Colombia 2024. También disponible en inglés.

Abordar las disparidades regionales en la productividad en Colombia es crucial para mejorar los niveles de vida y garantizar el bienestar económico de todos los colombianos. Las brechas regionales del PIB per cápita de Colombia se encuentran entre las más altas de la OCDE (Figura 1), impulsadas en gran medida por diferencias profundamente arraigadas en productividad, como se destacó en el reciente Estudio Económico de la OCDE sobre Colombia 2024. Estas disparidades se han desarrollado a lo largo de muchos años, exacerbadas por décadas de conflicto, un acceso desigual a la infraestructura, la educación, la capacitación y las oportunidades del mercado laboral, y también debido a desafíos institucionales.

Figura 1. Las brechas del PIB per cápita entre las regiones colombianas son amplias

Nota: El PIB per cápita es para grandes regiones TL2 (departamentos en Colombia) y para 2022 o el último año disponible.

Colombia se encuentra ante una oportunidad única para impulsar su economía y garantizar que todas las regiones se beneficien. Las tendencias globales, como los cambios en los patrones comerciales, el nearshoring y la transición ecológica, presentan desafíos, pero también grandes oportunidades. El gobierno colombiano ha hecho del desarrollo regional una parte clave de su plan para revitalizar, diversificar y transformar la economía. Para aprovechar este momento y llevar prosperidad a todas las regiones, el Estudio Económico de la OCDE sobre Colombia 2024 describe un conjunto de acciones en varias áreas de política:

1. Mejorar la infraestructura para mejorar la conectividad: La calidad de la infraestructura de Colombia se ha visto frenada durante mucho tiempo por la falta de inversión, el conflicto armado, y la geografía del país. Por ejemplo, puede llevar más de ocho horas recorrer los 250 km que separan Bogotá de Medellín. Si bien las carreteras troncales han experimentado algunas mejoras recientes gracias a las asociaciones público-privadas, el siguiente paso es desarrollar y conectar puertos, ríos, ferrocarriles y carreteras de manera más eficiente. Además, la mejora de los caminos rurales es fundamental para conectar a las comunidades remotas con las ciudades y los mercados cercanos.
2. Reducir la burocracia para las empresas:  Losaltos costos administrativos y las complejas regulaciones hacen difícil que las empresas, sobre todo las pequeñas, prosperen en Colombia. La expansión de las ventanillas únicas empresariales (VUE) digitales para permisos y licencias a más municipios, incluyendo más trámites y soluciones de pago digital, particularmente en áreas remotas, ayudaría a más pequeños negocios a formalizarse, crear empleos y contribuir a las economías locales.
3. Equipar a los adultos jóvenes con habilidades para el trabajo: Muchos adultos jóvenes abandonan la escuela sin las habilidades que necesitan para tener éxito en la fuerza laboral, especialmente en áreas rurales donde los colegios están lejos. Los programas de formación profesional de segundo ciclo han sido un salvavidas para muchos, ya que ofrecen competencias valiosas y buenos resultados. La expansión de estos programas en regiones vulnerables donde las opciones educativas son limitadas puede ayudar a cerrar la brecha entre la escuela y el trabajo.
4. Fortalecer las capacidades y las finanzas de los gobiernos subnacionales: Muchos gobiernos subnacionales, especialmente los municipios en áreas remotas y rurales, tienen unas capacidades fiscales y administrativas limitadas. Una reforma para fortalecer los mecanismos de igualación de ingresos fiscales y mejorar la recaudación directa de impuestos mejoraría las capacidades fiscales. La implementación en curso del catastro multipropósito es un paso importante en este camino. El desarrollo de la capacidad administrativa debe ir de la mano con la delegación de autoridad, la clarificación de las responsabilidades de gasto y la mejora de la coordinación intergubernamental. Estas recomendaciones están en línea con las recomendaciones de la Comisión de Descentralización de Colombia.
5. Luchar contra la corrupción, especialmente en las zonas rurales:  La corrupción afecta más a las regiones más pobres y rurales de Colombia, erosionando la confianza y bloqueando el progreso. El fortalecimiento de las regulaciones sobre el financiamiento privado de las campañas políticas, una mejor protección de los líderes de la sociedad civil y la mejora de la transparencia en las transacciones financieras son pasos fundamentales para garantizar que el progreso beneficie a todos los colombianos.
6. Implementar el Acuerdo de Paz para impulsar el desarrollo rural: El Acuerdo de Paz de 2017 abrió la puerta para el crecimiento en zonas afectadas por el conflicto, especialmente en las regiones rurales. Al mejorar la infraestructura y garantizar la paz, estas áreas pueden participar en el comercio y beneficiarse del fuerte turismo de Colombia. Sin embargo, el ritmo de aplicación ha sido lento y se necesitan más recursos para aprovechar plenamente los beneficios de la paz.

Cerrar las brechas de prosperidad entre las regiones de Colombia es esencial no solo para fomentar la equidad, sino también para impulsar la productividad del país. Al mejorar la infraestructura, reducir las barreras a las empresas y empoderar a los gobiernos locales, Colombia puede construir un futuro mejor en el que todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan, puedan compartir el crecimiento del país.

Referencia

OECD (2024), Estudios Económicos de la OCDE: Colombia 2024, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/es/publications/estudios-economicos-de-la-ocde-colombia-2024_e61e16ad-es.html.

by Michael Koelle, Aida Caldera Sanchez and Paula Garda, OECD Economics Department.

Also available in Spanish.

Tackling regional disparities in productivity in Colombia is crucial to improving living standards and ensuring economic wellbeing for all Colombians. Colombia’s regional gaps in GDP per capita are among the highest in the OECD (Figure 1), largely driven by deep-rooted differences in productivity, as highlighted in the recent 2024 OECD Economic Survey of Colombia. These disparities have developed over many years, exacerbated by decades of conflict, unequal access to infrastructure, education, training, labour market opportunities, and institutional weaknesses.

Figure 1. Colombian regions differ widely in their GDP per capita

Note: GDP per capita is for large TL2 regions (departamentos in Colombia) and for 2022 or the latest year available.

Colombia faces a unique opportunity to boost its economy and ensure that every region benefits. Global shifts like changing trade patterns, nearshoring, and the green transition present challenges, but also big opportunities. The Colombian government has made regional development a key part of its plan to revitalize, diversify and transform the economy. To seize this moment and bring prosperity to all regions, the 2024 OECD Economic Survey of Colombia outlines a set of strategic policy actions:

1. Upgrade infrastructure for better connectivity: Colombia’s infrastructure has long been held back by under-investment, conflict, and its rugged geography. For example, it can take over eight hours to drive the 250 km between Bogotá and Medellín. While national roads have seen some recent improvements thanks to public-private partnerships, the next step is to develop and connect ports, rivers, railways, and roads more efficiently. Additionally, improving rural roads is critical for linking remote communities to nearby cities and markets.
2. Cut red tape for businesses: High administrative costs and complex regulations make it tough for businesses, especially small ones, to thrive in Colombia. Expanding digital one-stop shops for permits and licenses to more municipalities, including more procedures and digital payment options, particularly in remote areas, would help more small businesses formalize, create jobs, and contribute to local economies.
3. Equip young adults with job-ready skills: Many young adults leave school without the skills they need to succeed in the workforce, especially in rural areas where schools are far away. Upper-secondary vocational training programmes (VET) have been a lifeline for many, offering valuable skills and good outcomes. Expanding these programs in vulnerable regions where educational options are limited can help bridge the gap between school and work.
4. Strengthen subnational governments capabilities and finances: Many subnational governments, especially local authorities in remote and rural areas, struggle with limited fiscal and administrative capacity. A reform to strengthen fiscal equalisation mechanisms and to enhance direct tax collection would improve fiscal capacities. The ongoing implementation of the multipurpose land registry is an important step along this way. Administrative capacity building should go hand in hand with delegation of authority, clarifying spending responsibilities, and improving intergovernmental coordination. These recommendations are in line with recommendations from Colombia’s decentralisation commission.
5. Fight corruption, especially in rural areas: Corruption hits Colombia’s poorest and most rural regions hardest, eroding trust and blocking progress. Strengthening regulations on private political campaign funding, better protecting civil society leaders, and improving transparency in financial transactions are critical steps to ensure that progress benefits all Colombians.
6. Implement the Peace Agreement to boost rural development: The 2017 Peace Agreement opened the door for growth in areas long affected by conflict, especially in rural regions. By improving infrastructure and ensuring peace, these areas can participate in trade and benefit from Colombia’s strong tourism. However, the pace of implementation has been slow, and more resources are needed to fully realise the benefits of peace.

Closing the prosperity gap between Colombia’s regions is essential not only for regional equality but also for boosting the country’s overall productivity. By improving infrastructure, reducing barriers to business, and empowering local governments, Colombia can build a brighter future where every citizen—no matter where they live—can share in the country’s growth and success.

Reference

OECD (2024), OECD Economic Surveys: Colombia 2024, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-colombia-2024_a1a22cd6-en.html.

Por Paula Garda y Michael Koelle, Departamento de Economía de la OCDE

La inversión es el motor que impulsa la prosperidad económica. Es clave para aumentar la productividad, fomentar la innovación y generar empleos formales, todo lo cual es vital para mejorar los niveles de vida. En Colombia, la tasa de inversión ha venido cayendo desde el fin del auge de las materias primas, pasando del 23 % en 2015 al 18 % en 2023, situándose entre las más bajas de los países de la OCDE (Gráfica, panel A), según el Estudio Económico de Colombia 2024. Esta baja tasa de inversión frena el crecimiento potencial de Colombia, que se estima por debajo del 3 %, y es preocupante, ya que el país enfrenta necesidades urgentes en infraestructura, educación, innovación, construcción de paz, desarrollo social y transición hacia una economía verde.

La debilidad en la inversión también está ralentizando el crecimiento actual del PIB de Colombia (Gráfica, panel B). Tras recuperarse rápidamente de la pandemia, el crecimiento impulsado por el consumo se desaceleró drásticamente en 2023 debido a políticas macroeconómicas restrictivas, la desaceleración del crecimiento global y el aumento de los costos de endeudamiento. Aunque la actividad económica, incluida la inversión, comenzó a recuperarse en 2024, la tasa de inversión sigue siendo baja. Entre los factores que explican esta debilidad están los altos costos crediticios, la baja confianza empresarial y la incertidumbre.

Gráfica. La débil inversión está frenando el crecimiento

La agenda de reformas del gobierno es ambiciosa, orientada a mejorar los niveles de vida y promover la justicia social a través de la diversificación económica, la transición energética y la convergencia regional. Pero todo esto requiere mayor inversión. Mejorar la infraestructura, la innovación, la educación, los servicios públicos y las oportunidades de empleo formal no solo ayudará a reducir las desigualdades, especialmente en regiones remotas y marginadas, sino que también impulsará el crecimiento a largo plazo. Los recursos naturales y la biodiversidad de Colombia ofrecen oportunidades únicas para atraer inversiones verdes. Dado el limitado espacio fiscal de Colombia, atraer inversión privada es crucial para aumentar la inversión.

Para revertir la tendencia a la baja en la inversión y lograr un crecimiento más fuerte, resiliente e inclusivo, el Estudio Económico de Colombia 2024 de la OCDE sugiere varias acciones de políticas:

1. Mantener un marco macroeconómico sólido: Esto incluye continuar con la consolidación fiscal y cumplir con la regla fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y fomentar un entorno favorable a los negocios. Las autoridades monetarias también deben mantener un ciclo de relajación de la política monetaria prudente y basado en datos, atentas a los riesgos inflacionarios, para llevar la inflación a la meta, lo que reducirá gradualmente los costos de endeudamiento.
2. Implementar una reforma tributaria integral: La alta carga tributaria de las empresas y la incertidumbre generada por reformas tributarias fragmentadas han desincentivado la inversión privada. Colombia necesita una reforma tributaria integral, implementada gradualmente, que genere espacio fiscal para inversiones sociales y productivas. Reducir la tasa del impuesto corporativo mientras se amplía la base del impuesto sobre la renta personal, reducir gastos tributarios innecesarios y combatir la evasión aumentaría la recaudación tributaria y mejoraría el entorno empresarial. Aumentar la eficiencia del gasto también es clave.
3. Reducir las barreras a la inversión privada: La afluencia récord de Inversión Extranjera Directa (IED) de 17.000 millones de USD en 2023 es una señal positiva, pero es necesario hacer más para mantener este impulso, capitalizar las tendencias de nearshoring y fomentar la inversión doméstica. El gobierno debe acelerar la implementación de asociaciones público-privadas, especialmente en proyectos de infraestructura, facilitar el acceso a crédito asequible, particularmente para las pymes, y fomentar un entorno de políticas más estable y predecible. Ampliar la cobertura de los regímenes simplificados de impuestos e insolvencia y de las ventanillas únicas para más micro y pequeñas empresas reduciría significativamente los costos de cumplimiento normativo. Además, aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación es importante para diversificar la economía y atraer inversiones de mayor valor agregado.
4. Fortalecer las capacidades fiscales y administrativas de los gobiernos subnacionales y mejorar la coordinación intergubernamental para garantizar la ejecución exitosa de proyectos de inversión pública y la convergencia regional.
5. Reducir la informalidad: La alta informalidad empresarial y laboral conlleva bajas tasas de ahorro nacional y una asignación ineficiente del capital, que han sido barreras importantes para la inversión en Colombia. El gobierno debe implementar una agenda de reformas que reduzca la informalidad, incluyendo la reducción a los costos de creación de empresas formales, mejorando las competencias laborales y reduciendo las contribuciones a la seguridad social para los trabajadores de menores ingresos. Esto mejorará la cobertura de protección social, aumentará la recaudación tributaria y fomentará el crecimiento inclusivo.

Impulsar la inversión no es solo una prioridad a corto plazo para Colombia, sino un elemento fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible y un desarrollo social, desbloqueando el potencial del país y sentando las bases para un futuro más próspero y equitativo.

Referencias:

OCDE (2024), OCDE Estudios Económicos: Colombia 2024, OECD Publishing, Paris.

by Paula Garda and Michael Koelle, OECD Economics Department

Investment fuels the engine of economic prosperity. It drives productivity, fosters innovation, and generates formal job opportunities, all of which are essential for improving living standards. In Colombia, the total investment rate has dropped since the end of the commodity boom from 23% in 2015 to 18% in 2023, now ranking among the lowest among OECD countries (Figure, panel A), according to the 2024 Colombia Economic Survey. This low investment rate hinders Colombia’s potential growth, estimated at below 3%, and is particularly troubling as the country faces urgent needs in infrastructure, education, innovation, peacebuilding efforts, social development, and transitioning to a green economy.

The weakness in investment is also a slowing down Colombia’s current GDP growth rate (Figure, panel B). Colombia experienced one of the strongest recoveries among OECD countries from the COVID-19 pandemic, but its consumption-led growth decelerated sharply in 2023 due to tight macroeconomic policies, slowing global growth, and rising borrowing costs. Although economic activity including investment began recovering in 2024, the investment rate remains low. Several factors contribute to the investment weakness, including high credit costs, low business confidence, and uncertainty.

Figure. Weak investment is dragging down growth

The government has an ambitious reform agenda to raise living standards and social justice through economic diversification, an energy transition, and fostering regional convergence, but all this requires higher investment. Improving infrastructure, innovation, education, public services and formal job opportunities are needed not only to reduce entrenched inequalities, especially in remote and marginalized regions, but also to boost long-term growth. Colombia’s natural resources and biodiversity offer unique opportunities to attract green investments. Given Colombia’s limited fiscal space, attracting private investment is crucial for stepping up investment.

To reverse the downward trend in investment, and achieve stronger, resilient, and inclusive growth, the 2024 Colombia OECD Economic Survey suggests policy action in several areas:

1. Maintaining a strong macroeconomic framework. This includes continuing fiscal consolidation and complying with the fiscal rule to support public debt sustainability and foster a business-friendly environment. Monetary authorities should also maintain a prudent, data-based, easing cycle of monetary policy mindful of inflationary risks, to bring inflation to target, which will gradually reduce borrowing costs.
2. Implementing a comprehensive tax reform: High corporate tax burden and the uncertainty generated by frequent piecemeal tax reforms have been a deterrent to private investment. Colombia needs a comprehensive and gradually implemented tax reform to create the fiscal space for social and productive investments. Lowering the corporate tax rate while expanding the base of personal income taxes, reducing unnecessary tax expenditures in corporate, personal and consumption taxes, and tackling tax evasion would enhance revenue collection while promoting a business-friendly environment. Raising spending efficiency is also crucial.
3. Lowering barriers to private investment: The recent record-high Foreign Direct Investment (FDI) influx of USD 17 billion in 2023 is a positive sign, but more needs to be done to sustain this momentum, capitalise on nearshoring trends and encourage domestic investment. The government should accelerate the implementation of public-private partnerships, particularly the new generation of infrastructure projects, ensure access to affordable credit, particularly for SMEs, and foster a more stable and predictable policy environment. Expanding the coverage of the simplified tax and insolvency regimes and online one-stop shops to more micro and small firms would significantly reduce regulatory compliance costs. Additionally, increasing investment in science, technology, and innovation is crucial for diversifying the economy and attracting higher value-added investments.
4. Strengthening subnational government fiscal and administrative capacities and improving intergovernmental coordination are necessary to ensure the successful implementation of public investment projects and regional convergence.
5. Reducing informality: High business and labour informality leads to low savings rates and inefficient capital allocation which have been major barriers to investment in Colombia. The government should implement a comprehensive agenda of reforms to reduce informality by lowering the costs formal firm creation, enhancing skills, strengthening the enforcement of labour and tax laws, and lowering social security contributions for lower-income workers. This, in turn, will enhance social protection coverage, improve tax collection, and boost inclusive growth. Improving education outcomes at all levels and aligning them with labour market needs would support creating formal job opportunities and attracting investment.

Boosting investment is not just a short-term priority for Colombia—it is fundamental for achieving sustainable economic growth and social development, unlock the country’s potential and laying the foundation for a more prosperous and equitable future.

References

OECD (2024). OECD Economic Survey of Colombia, OECD Publishing, Paris.  

By Jens Matthias Arnold and Paula Garda, OECD Economics Department

After a severe economic crisis in 2020, Colombia’s economy recovered strongly in 2021 and activity levels now exceed pre-pandemic levels. Having trailed behind for some time, employment has now increased visibly as well, albeit led by informal jobs. By now, 95% of the jobs destroyed during the pandemic have been recreated.  

Colombia has suffered from high poverty and social exclusion for a long time, and the pandemic has only exacerbated these challenges: only 14% of vulnerable households received social transfers before the crisis (Figure 1), and 60% of workers are in informal jobs, with no access to unemployment or pension benefits.

Figure 1. Many vulnerable households are left behind

The government expanded social spending during the pandemic and managed to partly cushion the negative impact on incomes, employment and poverty. Still, incomes of households in the lower end of the income distribution fell three times more than for other income segments during 2020 (Figure 2). This has exacerbated what is the OECD’s most unequal income distribution and pushed the poverty rate up to 42.5%.

Figure 2. The pandemic had serious social consequences

A strong and inclusive recovery requires more and better jobs, but also more and better social protection for all Colombians. Offering universal benefits for formal and informal workers alike will be crucial to achieve that. Instead, the current system generates a vicious cycle by which informal workers are excluded from the social security benefits, while informality is perpetuated through high contributions and non-labour wage costs that finance benefits for formal workers. Non-wage labour costs can amount to 55% of take-home wages for workers earning the minimum wage, raising the cost of formal job creation significantly.

The results of the current dual social protection system is that only 28% of pension-age adults receive a formal old-age pension, while 20% of all public revenues are spent to subsidise the pensions of a privileged 4% of the population. Another 25% of pension-age adults receive a meagre non-contributory pension, at only 60% of the extreme poverty line.

These weaknesses in the social protection system are also one factor behind another structural challenge for Colombia: low productivity, whose growth has been less than half the Latin American average over the last three decades. Firms that cannot or seek to avoid paying social security contributions will remain small and less productive, in order to fly below the radar of tax authorities.

To break the vicious circle of informality, it is important to advance towards universal non-contributory social protection benefits available to formal and informal workers. This could be done by establishing a universal basic pension combined with a guaranteed minimum income benefit that would build on the “Familias en Acción” programme and extend existing cash transfers to low-income households. At the same time, the financing burden of social protection should gradually shift from social security contributions towards general taxation, reducing the disincentives for formal job creation. Cutting non-wage labour costs can be important catalyst of formalisation, as a 2012 reform has vividly demonstrated. Informal workers, with incomes below or close to the minimum wage, would reap the greatest benefits from such reform, as they would obtain better employment and income opportunities and would no longer be excluded from social protection.

OECD calculations suggest that such a reform would require about 1% of GDP in additional tax revenues in the long run. This will require rebalancing the tax system. For one, multiple exemptions and tax benefits could be reduced to limit tax expenditures and strengthen tax revenues. Beyond that, reducing social security contributions and giving a greater role to personal income taxes would be key.

Colombia could raise more revenues from personal income taxes by lowering the income threshold where taxpayers start paying, eliminating exemptions and strengthening rate progressivity. Colombia raises only 19% of GDP in taxes, compared to 34% in the rest of the OECD, and personal income taxes account for only 6% of tax revenues, four times less than in the OECD.

Such social protection and tax reforms would not only allow reducing informality, but also make substantial inroads in the fight against poverty and inequalities, while boosting the growth potential of the economy.

Progress along this road will not be easy and will need to be gradual, as it will require generating a broad consensus around a new long-term vision for social protection. But Colombia cannot afford to delay designing a roadmap for this reform, if it wants all Colombians to enjoy social protection, better jobs, higher earnings and more productive firms.

References

OECD (2022), OECD Economic Surveys: Colombia 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/04bf9377-en.

For more information: http://oe.cd/colombia

Por Jens Matthias Arnold y Paula Garda, Departamento de Economía de la OCDE

Luego de una severa crisis en 2020, la economía colombiana se ha recuperado con fuerza en 2021, con niveles de actividad que se encuentran sobre los niveles previos a la pandemia. Y aunque el empleo aún está rezagado ha crecido visiblemente, aunque liderado por los empleos informales. El 95% de los empleos destruidos durante la crisis ya se han recreado.

Colombia ha sufrido durante mucho tiempo una elevada pobreza y exclusión social que fueron agravadas por la pandemia: sólo el 14% de los hogares vulnerables recibían asistencia monetaria previo a la crisis (Gráfico 1), y el 60% de los trabajadores era informal no teniendo acceso a un seguro de desempleo o una pensión.

Gráfico 1. Muchos hogares vulnerables son dejados atrás

El aumento del gasto social ayudó a mitigar el impacto negativo en los ingresos, el empleo y la pobreza. Sin embargo, durante 2020 los ingresos de los hogares situados en la parte inferior de la distribución del ingreso cayeron tres veces más que los de los hogares con mayores ingresos (Gráfico 2). Esto ha agravado unas de las distribuciones de ingresos más desiguales de la OCDE e incrementando la tasa de pobreza hasta el 42.5% de la población.

Gráfico 2. La pandemia ha tenido graves consecuencias sociales

Una recuperación fuerte e inclusiva requiere crear más y mejores empleos, pero también más y mejor protección social para todos los colombianos. Para ello será primordial ofrecer beneficios universales a trabajadores formales e informales de igual manera. El funcionamiento del sistema actual genera un círculo vicioso en el que los trabajadores informales quedan excluidos de los beneficios de seguridad social, mientras que la informalidad se perpetúa por las elevadas contribuciones y costos no salariales que financian las prestaciones de trabajadores formales. Las cotizaciones y costos laborales no salariales de los trabajadores pueden alcanzar el 55% en el caso de trabajadores que ganan el salario mínimo y aumentan el costo de crear trabajos formales.

El resultado de este sistema dual es que sólo un 28% de los adultos en edad de pensión logran una pensión contributiva, y 20% de todos los recursos públicos se destinan a financiar las pensiones del 4% de la población más acomodada. Otro 25% de los adultos mayores reciben una magra pensión no contributiva, cuyo nivel equivale al 60% del umbral de pobreza extrema.

Estas deficiencias del sistema de protección social son también una de las causas de otro problema estructural en Colombia: la baja productividad, cuyo crecimiento no alcanzó ni la mitad del promedio de las economías latinoamericanas a lo largo de las últimas tres décadas. Las empresas que evitan pagar las contribuciones sociales permanecerán pequeñas y menos productivas, para no llamar la atención de las autoridades tributarias.

Para romper este círculo vicioso de informalidad, es urgente avanzar hacia la universalización de derechos básicos no contributivos para trabajadores informales y formales por igual.  Esto podría hacerse estableciendo una pensión básica universal combinada con un programa de ingreso mínimo garantizado que se basaría en el programa “Familias en Acción” y ampliaría las transferencias monetarias existentes a todos los hogares con bajos ingresos. Al mismo tiempo, la financiación del sistema de protección social debería pasar gradualmente de las cotizaciones laborales hacia los recursos de tributación general, reduciendo los desincentivos a la creación de empleo formal. Reducir los costos laborales no salariales ya demostró ser un eficaz catalizador de la formalización en la reforma del 2012. Los trabajadores informales, con ingresos inferiores o cercanos al salario mínimo, serían los más beneficiados por esta reforma, ya que obtendrían mejores oportunidades de empleo e ingresos y dejarían de estar excluidos de la protección social.

Cálculos de la OCDE sugieren que llevar a cabo estas ambiciosas reformas requiere recursos fiscales adicionales, que serían del orden del 1% del PIB a largo plazo, una vez eliminadas las ineficiencias del sistema actual. Eso requiere un rebalanceo del sistema tributario. Por un lado, reducir las múltiples exenciones impositivas tiene un gran potencial para disminuir los gastos fiscales y fortalecer el recaudo.  Más allá de eso, sería importante disminuir las contribuciones laborales y dar un rol más importante a los impuestos sobre la renta de las personas.

Colombia podría recaudar más por el impuesto sobre la renta de las personas reduciendo el umbral de ingresos por el que los contribuyentes empiezan a pagar, eliminando las exenciones y reforzando la progresividad. Colombia recauda sólo el 19% del PIB, comparado con el 34% en el resto de la OCDE, y los impuestos a la renta de las personas naturales son el 6% de la recaudación, cuatro veces menos que en la OCDE.

Estas reformas de la protección social y del sistema tributario permitirían no solamente disminuir la informalidad, sino también avanzar en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, mientras que aumentaría el potencial de crecimiento de la economía colombiana.

Avanzar en estas reformas no será fácil y tendrá que ser gradual, ya que requerirá alcanzar consensos amplios alrededor de una nueva visión de largo plazo para la protección social.  Pero Colombia no puede continuar postergando el diseño de una hoja de ruta, si quiere que todos los colombianos estén protegidos y tengan mejores empleos con mejores salarios y que trabajen en empresas más productivas.

Referencias:

OECD (2022), Estudios Económicos de la OCDE: Colombia 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/991f37df-es.

Para más información: http://oe.cd/colombia-sp

By Jens Arnold, Paula Garda, Alberto Gonzalez-Pandiella, OECD Economics Department

Social distancing has led to sharp declines in mobility and activity across Latin America. Widespread informality creates particular challenges for the livelihoods of many workers. As their activities are shut down to contain the spread of COVID-19, informal workers or small entrepreneurs are usually not covered by social protection. Largely out of reach of the public sector, they easily fall through the cracks of emergency income support measures. This has highlighted a major need to rethink and strengthen social protection mechanisms in Latin America. Providing more complete social safety nets that are not tied to formal employment and that can react rapidly to income losses would be one solution. In many countries in the region, such safety nets could be built on the basis of existing conditional cash transfer programmes.

Informal workers and small entrepreneurs account for a significant share of the workforce across Latin America (Figure 1). Most of them have no access to social protection, and almost no savings to carry them through the trough. Informal employees were the first to lose their jobs, while self-employed entrepreneurs such as street sellers and small service providers were left with no source of income as streets became empty. Working from home may be a solution for educated middle-class workers, but it is out of reach for the most vulnerable (Mongey and Weinbergy, 2020).

The crisis has exposed shortcomings in existing social protection mechanisms

Governments in Latin America responded swiftly to the unprecedented challenges posed by COVID-19. Many countries designed temporary support measures, building on existing instruments such as formal-sector unemployment insurance and cash transfers. Formal-sector employees benefitted from more flexible access to unemployment benefits, for example in Brazil and Chile, while temporary short-time work schemes, wage subsidies or lower labour contributions helped to preserve formal labour contracts Brazil, Colombia, Costa Rica and several Mexican states. Cash transfer schemes targeted to low-income households play important roles in Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico and Uruguay, among others. These cash transfer schemes are typically based on large locally-maintained registries of low-income households that can consider both formal and informal incomes. Providing additional resources to these schemes allowed to raise benefit levels and/or expand coverage, including by eliminating previous enrolment waiting lists, as in the cases of Brazil, Chile, Colombia and Peru.

The COVID-19 policy response, however, has also exposed significant gaps in existing social safety networks. Amid policy support for formal workers and for the poor, vulnerable households whose livelihoods depend on informal activities are often left without any social protection mechanism to fall on. Before the pandemic, many of these had successfully escaped poverty and gained incomes above the threshold where they would qualify for cash transfers, but without gaining access to the kind of social protection in place for formal employees. As distancing measures led to unprecedented declines in demand, many of these households were left without any income.

Reaching informal workers is a challenge for public policies and has required innovative ideas. Beyond the grasp of income tax systems, and with no access to social benefits, many informal workers have traditionally been outside the radar of the state. In addition, they often lack access to banking services, so governments had to respond creatively and ensure the creation of basic bank accounts for emergency benefit recipients. More than 50 million Brazilians used a smartphone application to receive an emergency benefit established after the outbreak. Colombia has been similarly successful, paying out benefits to 1.5 million households previously not covered by social benefits, and including free digital banking products. Chile is supporting more than 2 million vulnerable and informal households through different cash transfers, handing out debit cards to those without a bank account. Costa Rica’s new cash transfer also offers the creation of a bank account. Such programmes have replaced significant shares of pre-crisis incomes for low-income households (Busso et al., 2020).

Lessons for the future

Building more effective universal social safety nets that include informal workers and entrepreneurs emerges as one of the main lessons from the COVID-19 crisis and the social unrest during 2019. Given their wide reach in many countries, existing cash-transfer programmes would be the most straightforward basis for effective social safety nets (Figure 2, Panel A). In several countries, eligibility is in principle universal, but in practice, enrolment processes are too slow or cumbersome to help people in the face of sudden income losses. An important step would therefore be to make cash transfer programmes more agile, so that they can disburse quickly when people lose their livelihoods, following the examples of the UK’s Universal Credit or Malaysia’s BSH programme. More universal social safety nets based on means-tested cash transfers could also help to reduce the widespread fragmentation of social programmes, and strengthen their effectiveness.

Financing universal social safety nets will require additional resources, but building on existing programmes may make the cost manageable. Cash transfer schemes are among the most cost-efficient social expenditure programmes, and they cost relatively little (Figure 2, Panel B). Brazil’s successful Bolsa Família programme, for example, currently only costs 0.5% of GDP, compared with 12% spent on formal social security schemes. During the COVID-19 pandemic, additional spending of 0.04% of GDP was enough to eliminate an accumulated queue of 1 million benefit applicants. Building on existing citizen identification systems and digital technologies could further reduce costs.

Social protection for informal workers should go along with efforts to foster formalisation. Reviewing non-wage labour costs can help to reduce informality, as illustrated by Colombia’s 2012 tax reform. Costly and complex business regulations, including those for starting a formal business, also hamper the formalisation of firms and jobs. Expanding the use of one-stop shops for business regulations would be one way forward. Social programmes could increasingly integrate training and lifelong learning for informal workers. This could create a virtuous circle between formal employment, growth and equity.