Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Dimitris Mavridis, Claudia Ramírez y Adolfo Rodriguez-Vargas, Departamento de Economía, OCDE

La última edición de las Perspectivas Económicas de la OCDE ofrece un diagnóstico realista pero esperanzador sobre las economías latinoamericanas. Aunque el entorno global sigue siendo complejo, marcado por tensiones comerciales y geopolíticas, la región tiene oportunidades claras para fortalecer el crecimiento económico a través de las reformas estructurales. Una de las más prometedoras: la transformación digital del sector público para simplificar trámites, reducir costos y mejorar la eficiencia regulatoria.

América Latina muestra resiliencia pero con desafíos persistentes

En línea con la evolución de la economía global, tras un crecimiento proyectado del 2.3% en 2025, se prevé una ligera desaceleración al 1.9% en 2026, antes de repuntar al 2.4% en 2027 en las  siete principales economías de la región. Factores como la consolidación fiscal en muchos países de la región, necesaria pero restrictiva, y una elevada incertidumbre política y económica seguirán afectando la demanda interna, la inversión y las exportaciones, principalmente en 2026.

Cuadro. Perspectivas económicas para los países de América Latina

Nota: América Latina 7 es la media ponderada por el PIB a valores de paridad del poder de compra de los 7 países en la tabla para el PIB. América Latina 6 es la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación excluyendo a Argentina.
Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 118, diciembre de 2025.

La inflación en los últimos meses ha sido más persistente de lo esperado. En la mayoría de los países se prevé que en 2025 la inflación se mantenga por encima de las metas de los bancos centrales, convergiendo gradualmente hacia las metas en 2026 y 2027. Excepciones son Perú, donde la inflación está controlada hace un año, Costa Rica, que mantiene una inflación negativa en 2025, y Argentina, en donde la elevada inflación seguirá reduciéndose gracias a una combinación de consolidación fiscal y política monetaria restrictiva. La mayoría de los países tendría que mantener una política monetaria prudente basada en datos y orientada a devolver la inflación a sus metas sin generar presiones innecesarias sobre la actividad. En este contexto, los bancos centrales deben mantenerse atentos a la evolución del comercio global, las condiciones financieras, las expectativas de inflación y la orientación de la política fiscal. Al mismo tiempo, será clave que la consolidación fiscal siga avanzando con medidas concretas y más ambiciosas, dada la elevada deuda pública y la necesidad de asegurar su sustentabilidad en un entorno externo incierto y con elevados costos de financiamiento.

Los riesgos económicos están sesgados a la baja:

• Incertidumbre global derivada de tensiones comerciales y geopolíticas, junto con la incertidumbre política en algunos países de la región asociada al ciclo electoral u otros factores internos, podría afectar negativamente a la inversión y las exportaciones, con repercusiones adversas sobre el crecimiento económico.
• Desviaciones fiscales podrían subir el coste del servicio de la deuda, socavar la confianza, frenar la inversión y generar presiones inflacionarias.
• Persistencias inflacionarias limitarían el espacio para reducir las tasas de interés, afectando las condiciones financieras y desincentivando el consumo y la inversión.

Sin embargo, también hay riesgos al alza: una reducción de las barreras comerciales o redirección del comercio hacia la región y una menor incertidumbre geopolítica podrían fortalecer el consumo, la inversión y el consumo.

Aprovechar la revolución digital para avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes

El capítulo especial de las perspectivas económicas subraya la necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes. En este contexto, la transformación digital del sector público emerge como una herramienta clave para facilitar esta simplificación regulatoria, reduciendo la carga administrativa y modernizando procesos normativos. Una implementación eficiente de la gobernanza digital representa una gran oportunidad para América Latina, tanto para mejorar la eficiencia del gasto público y la transparencia, como mejorar el crecimiento económico al impulsar la productividad de las empresas, históricamente baja. Un gobierno digital bien implementado permite:

• Ofrecer servicios públicos más rápidos, sencillos e inclusivos.
• Reducir costos administrativos y simplificar trámites gubernamentales, mejorando el entorno de negocios, lo que cual se puede traducir en ganancias significativas de eficiencia al reducir costos y tiempos de espera, ampliar la cobertura y fomentar la competitividad de las empresas. 
• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas facilitando el acceso ciudadano a la información, la detección de irregularidades, contribuyendo a prevenir el fraude.

Los indicadores de la OCDE muestran que países como Colombia y Brasil lideran el gobierno digital en la región. Colombia ha avanzado significativamente con la puesta en marcha de plataformas en línea, aplicaciones móviles para trámites gubernamentales y datos abiertos, mientras que Brasil ha sido pionero en servicios como el voto electrónico, las declaraciones de impuestos digitales, y más recientemente la centralización del acceso a cientos de servicios y la identificación digital. No obstante, muchos otros países siguen rezagados (Figure 1).

¿Qué se necesita para una transformación digital exitosa del sector público?

Para lograr una transformación digital exitosa en el sector público, los gobiernos de América Latina aún enfrentan retos importantes y requieren redoblar esfuerzos para lograr:

• Infraestructura digital robusta con cobertura suficiente y sistemas interoperables entre niveles de gobierno para garantizar que todos puedan acceder a los servicios digitales.
• Coordinación efectiva entre gobiernos centrales y locales. En muchos países de la región, existe una gran brecha en el uso de herramientas digitales entre las instituciones públicas centrales y las locales.
• Autoridad política clara para liderar la transformación.  El reciente impulso a la agenda digital en México, incluida la creación de la Agencia de Transformación Digital y Tecnológica, es un ejemplo destacado de cómo dotar de liderazgo institucional a estos procesos
• Regulación ágil y flexible para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
• Confianza ciudadana. Garantizar la privacidad y la seguridad de los datos es esencial para que los ciudadanos confíen y utilicen los servicios públicos digitales, aprovechando así al máximo el potencial de la digitalización. Además, publicar datos en formatos reutilizables facilitaría el acceso a información pública completa y confiable, mientras que impulsar la colaboración entre gobiernos, sociedad civil, universidades y empresas, aceleraría la experimentación y mejoraría el impacto de la gobernanza digital.

Casos exitosos como el de Estonia demuestran que una gobernanza digital bien implementada puede generar ahorros al gobierno equivalentes al 2 % del PIB anual.

Digitalizar para transformar

La digitalización del sector público no solo mejora la eficiencia del gasto público. También genera beneficios que se extienden a toda la economía, al elevar la productividad, reducir cargas administrativas para ciudadanos y empresas, facilitar la formalización y mejorar el acceso a servicios esenciales, todos desafíos de larga data en la región. Pero para que la gobernanza digital tenga legitimidad y pueda realmente desplegar todo su potencial, es necesario que todos se conviertan en “ciudadanos digitales”. Esto implica centrarse en las necesidades reales de la población y crear las condiciones para que todos tengan acceso a conexión a internet, dispositivos adecuados y las habilidades necesarias para navegar con seguridad. La transformación digital debe ser ambiciosa. Solo así la región podrá aprovechar todo su potencial y construir un futuro más próspero.

Para más información:

OECD (2025), OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9f653ca1-en – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina

Información detallada por país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

Por Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Dimitris Mavridis, Claudia Ramírez y Adolfo Rodriguez-Vargas, OCDE.

El contexto global, marcado por una alta incertidumbre política y fragmentación, plantea nuevos desafíos para América Latina, pero también abre nuevas oportunidades para fortalecer su competitividad y reducir vulnerabilidades.

Se espera que el PIB en América Latina crecerá 2.1% en 2025 y 2% en 2026, lo que refleja una desaceleración generalizada en la región. Estas cifras son más bajas que las previstas a fines del año pasado y se sitúan por debajo del promedio de otras economías emergentes. Aunque se espera una fuerte recuperación en Argentina, el crecimiento se mantiene débil en la mayoría de los países, con revisiones a la baja para Brasil, México y Colombia (Tabla), en un contexto generalizado de una débil demanda externa y la alta incertidumbre.

Cuadro. Perspectivas económicas para los países de América Latina

Nota: América Latina 7 es la media ponderada por el PIB a valores de paridad del poder de compra de los 7 países en la tabla para el PIB. América Latina 6 es la media simple de los países incluidos en el cuadro para la inflación excluyendo a Argentina.
Fuente: OCDE Perspectivas Económicas No. 117, junio de 2025.

La desinflación avanza, pero persisten las presiones inflacionarias. La inflación se mantiene por encima del objetivo en muchos países. En cambio, Argentina ha logrado avances significativos gracias a una combinación de consolidación fiscal y una política monetaria más restrictiva. Con la excepción de Argentina y Brasil, los bancos centrales de la región deberían continuar con su flexibilización monetaria prudente y gradual para asegurarse que la inflación se acerque al objetivo, manteniéndose alerta ante riesgos de salidas de capitales y nuevas presiones inflacionarias.

Los riesgos para las perspectivas son a la baja. Un aumento de los aranceles comerciales y menor dinamismo al previsto en socios comerciales clave podría debilitar aún más las exportaciones y presionar a la baja los precios de las materias primas. Los costos comerciales podrían ralentizar más de lo esperado la desinflación en las economías avanzadas y prolongar tasas de interés globales más altas. Una elevada deuda pública y unas condiciones financieras globales más restrictivas de lo previsto, podrían retrasar la tan necesaria inversión. Si se intensifican las salidas de capital, los bancos centrales podrían tener menos margen de maniobra para flexibilizar la política monetaria.

Una agenda de competitividad para tiempos inciertos

En este complejo entorno global, la región necesita más que nunca mejorar sus políticas domésticas. Un área donde es posible avanzar, y urgentemente necesario, es en competitividad, comercio e inversión. Estas no son prioridades nuevas, pero los cambios globales en el comercio, las cadenas de suministro y la transición hacia economías más sostenibles aumentan su relevancia estratégica. Los países que ofrezcan estabilidad institucional, apertura y baja carga administrativa estarán mejor posicionados para atraer inversión y expandir sus mercados.

Mejorar los procedimientos aduaneros representa una oportunidad clara. Según los Indicadores de Facilitación del Comercio de la OCDE, América Latina aún enfrenta altos costos comerciales debido a procedimientos aduaneros complejos, inspecciones redundantes y poca coordinación entre agencias fronterizas (Figura). Hay amplio margen para mejorar el procesamiento, levante y despacho de mercancías, en particular mediante una mayor automatización y una mejor coordinación entre las agencias aduaneras, sanitarias, tributarias y otras agencias fronterizas. Medidas prácticas como la cooperación entre agencias de distintos países en la frontera, la agilización de los procesos judiciales y una mayor digitalización pueden beneficiar a los exportadores, especialmente a las pequeñas empresas, y atraer inversión. Además, estas medidas reducen los costos de operar formalmente, lo que incentiva a más empresas a salir de la informalidad.

Figura. Las políticas de facilitación del comercio pueden mejorarse en América Latina

2 = Mejor desempeño

Nota: Disponibilidad de la información y uso de consultas públicas es la media de los indicadores de la facilitación del comercio (TFI, por sus siglas en inglés) A y B. Eficiencia del marco jurídico es la media de los indicadores TFI C y D. Simplicidad de los procedimientos es la media de los indicadores TFI F, G y H. Eficacia de las agencias fronterizas es la media de los indicadores TFI I, J y K. ALC-7 es la media de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Fuente: Estadísticas sobre los Indicadores de Facilitación del Comercio de la OCDE (TFI, por sus siglas en inglés).

La facilitación del comercio debe ir acompañada de reformas más amplias que fomenten la productividad. Impulsar la competitividad de las exportaciones y la productividad empresarial también requiere un entorno empresarial más dinámico, una mayor competencia doméstica, un mejor acceso a la financiación, más capacitación y capacidad de innovación. Estas reformas se refuerzan mutuamente: las empresas más productivas tienen mayor probabilidad de exportar, invertir y formalizarse.

El fortalecimiento de la integración regional sigue siendo relevante en América Latina, especialmente en un mundo donde las cadenas de valor están cambiando y los centros regionales cobran mayor importancia. El enfoque debe centrarse en la cooperación: mejorar la cooperación entre organismos fronterizos, el reconocimiento mutuo de normas, el intercambio de datos, los sistemas interoperables y el reconocimiento de estándares técnicos comunes. La región también cuenta con un potencial sin explotar en el comercio de servicios, gracias a idiomas compartidos y husos horarios similares; sin embargo, el comercio interregional de servicios sigue siendo bajo en comparación con los estándares mundiales.

América Latina debe adoptar una visión más orientada hacia el exterior. Acuerdos comerciales como el de la UE-Mercosur, y la participación en marcos plurilaterales como la Alianza del Pacífico o el CPTPP pueden ayudar a diversificar mercados de exportación, atraer inversión, fortalecer la participación en las cadenas globales de valor y aprovechar nuevas tecnologías. Sin embargo, para aprovechar al máximo los beneficios de estas iniciativas, los países deben mejorar su capacidad de implementación y garantizar la coherencia entre las políticas comerciales, de inversión y regulatorias.

América Latina cuenta con ventajas reales: vastas reservas de minerales críticos, abundante energía renovable, una fuerza laboral joven y cada vez más cualificada, y proximidad a mercados clave. Al impulsar reformas concretas que mejoren la competitividad, reduzcan las barreras comerciales y atraigan inversión de calidad, la región puede convertir los desafíos actuales en oportunidades y sentar las bases para un crecimiento más sólido y resiliente.

Referencias:

OECD (2025), OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 1, OECD Publishing, Paris, doi – Reporte completo en inglés con las proyecciones macroeconómicas, los principales desafíos estructurales e información detallada por país.

Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina, Junio 2025.

Información detallada por país: Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | México | Perú

By Claudia Ramirez Bulos and Adolfo Rodriguez-Vargas

Thanks to its strong macroeconomic framework, the Chilean economy has weathered significant challenges in recent years showing resilient growth. The economy recovered in 2024 from weak growth compared to 2023, and the economy is projected to grow around 2.2% on average in 2025 and 2026, as detailed in the recently published 2025 Economic Survey of Chile.  However, the Chilean economy is about 50% less productive than the average OECD country, and productivity has failed to catch up over the last decade. Chile can reverse this trend and accelerate productivity growth to allow more sustainable increases in living standards by encouraging efficient resource allocation and taking advantage of its digital connectivity and vast natural resources. To address productivity challenges and leverage the opportunities created by the digital and green transitions, including the development of the lithium and hydrogen industries, it will be necessary to foster women’s participation in the labour market, enhance skills development, promote investment and a more dynamic innovation environment, while improving business and environmental regulations, as described in the 2025 Economic Survey of Chile.

Fully unlocking the labour market potential

Fostering women’s participation in the labour market can lead to a better allocation of talent, increasing the country’s potential growth. OECD estimates suggest that fully closing gender gaps in labour market participation and hours worked by 2060 could lift Chile’s potential GDP per capita by over 0.25 percentage points per year—a bigger boost than the OECD average. Yet, women’s participation still lags 16 percentage points behind men at 77.6%, remaining below the OECD benchmark (Figure 1, Panel A). Unlocking women’s full economic potential requires addressing unpaid work imbalances and closing education gaps in high-skill fields. Policies that expand access to high-quality childcare and elderly care, improved parental polices, alongside efforts to encourage more women into STEM careers by addressing gender stereotypes from a young age, will be key to closing gender gaps.

Enhancing skills development

Chile’s workforce needs a skills upgrade to fully seize the opportunities of the digital and green transitions. As industries evolve, workers will need to adapt—but many currently lack the necessary capabilities. In 2023, only 11.7% of Chilean adults were proficient in problem-solving in technology-rich environments, far below the OECD average of 32.3%. Additionally, 41% of employed adults felt underqualified for their jobs, citing inadequate computer or software skills, close to the OECD average of 42%. The green transition adds another layer of complexity. Chile’s green transition plans require sufficiently skilled workers to set up, operate, and improve equipment based on novel technologies, some of them still in development. Strengthening education and training systems will be crucial. Raising teaching quality, integrating more digital skills into the national curriculum, and expanding access to tailored digital training for workers can help ensure that Chile’s workforce is prepared for the jobs of the future.

Promoting investment and innovation while improving business and environmental regulations

Promoting the diffusion of knowledge across firms is key to taking advantage of Chile’s good digital connectivity and vast natural resources. Encouraging the adoption of advanced technologies can stimulate innovation and yield significant productivity gains. However, Chile invests relatively little in R&D, at 0.3% of GDP, well below the OECD average of 2.1% in 2022, with most resources coming from the public sector (Figure 1, Panel B). Furthermore, the percentage of companies that introduced technological innovations was 16.7% in 2019-2020, compared to 35% in the rest of the OECD. Simplifying access to public research and development support can help boost innovation, while strengthening the collaboration between businesses and universities, that in Chile remains low, would also help. In the medium-term, increasing R&D spending based on cost-benefit analysis would be advisable.

Figure 1. A more efficient resource allocation is needed to accelerate productivity growth

Note: LAC is a simple average of Argentina, Colombia, Costa Rica, and Mexico. Panel B: Data for Chile refer to the year 2020.
Source: OECD Labour force statistics; OECD Main Science and Technology indicators database.

Chile is well positioned to benefit from increased world demand for lithium, as it has the largest share of known lithium reserves and produces around a quarter of world lithium. The country has a unique opportunity to create jobs, attract investment, and move up the lithium value chain. At the same time, the government envisions a strong state role in lithium development alongside the private sector. However, committing to multiple high-profile initiatives risks diluting efforts. A more focused approach would yield better results. Prioritizing key areas—such as strengthening state mining companies’ lithium expertise, establishing the planned National Lithium and Salt Flats Technological and Research Institute, and ensuring sustainable extraction practices—should be a priority. Strategic partnerships with private firms can also help bridge the knowledge gap and accelerate development.  Additionally, regulatory and administrative burdens remain comparatively high in Chile, with complex sectoral permitting processes that lack systematised and readily available supporting information, with long durations (Figure 2). Reducing administrative burdens on businesses and strengthening competition can create a more dynamic economic landscape conducive to growth.

Figure 2. The review of permits often exceeds legal times

Permit reviewing times, months, 2018-2022 average

Source: Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, 2023, Análisis de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile.

Read more:

OECD Chile Economic Snapshot – https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/economic-surveys/chile-economic-snapshot.html

By Jens Matthias Arnold and Paula Garda, OECD Economics Department

Chile’s economy has been a poster-child of Latin America for a long time. As the new Economic Survey for Chile highlights, its solid institutions have delivered macroeconomic stability and rising living standards. Per-capita incomes have more than doubled since the 1990s and are among the highest in the region. But despite all this remarkable progress, cracks have emerged on the surface. In October 2019, widespread social unrest paralysed the country and revealed deep-rooted discontent with inequalities of economic conditions and opportunities.

After the social unrest, the Covid-19 pandemic took a steep toll on lives and livelihoods, and led to the sharpest contraction of economic incomes in 40 years. In 2021, the economy recovered swiftly on the back of exceptionally strong policy support, and eventually overheated significantly, as domestic demand pushed inflation well above target. Fiscal policy is rightly consolidating this year, including a strong reduction of public expenditure. The Russian aggression on Ukraine and global supply shortages in 2022 exacerbated inflationary pressures, with rising food and energy prices pounding hard on many families as inflation rose above 14%. Monetary policy reacted swiftly and forcefully, but the monetary policy stance will have to remain restrictive for some time to bring inflation back to the target and to firmly re-anchor inflation expectations.

In the face of these extraordinary shocks, Chile’s institutions have been resilient and helped to avert worse outcomes. The social unrest of 2019 eventually gave rise to an orderly and democratic process of rewriting the country’s constitution. In a national referendum, a majority of Chileans voted in favour of this step. A first new draft constitution was rejected in a second national referendum in September 2022, but another process for drafting a new constitution is being discussed.

Significant underlying growth and inequality challenges will have to be addressed over the next years. A long-standing process of income convergence to advanced economies has gone into reverse since 2014 (Figure 1). Productivity has been stagnant or even decreasing, and boosting it has now become a key priority. Investment in new technologies has been weak, and important parts of the economy could benefit from stronger competitive forces, as cumbersome regulations hold back new firm entry and investment.

Figure 1. Income convergence has reversed

Besides boosting the engines of income growth, pressing social needs will require a growing attention to how incomes and opportunities are distributed. The quality of public education and health services needs to be improved to narrow the gap vis-à-vis private institutions. The pandemic has also highlighted significant gaps in social protection, particularly for the most vulnerable households. Ensuring some basic social protection coverage for formal and informal workers alike, while simultaneously reducing the cost of formal employment, is a key challenge. Only by addressing social protection and informality simultaneously will Chile be able to break the vicious circle where informal workers not entitled to most social protection benefits while the labour charges that finance these benefits raise the costs of creating formal jobs.

Few people have adequate old-age pensions, owing to low contributions and contribution gaps due to informal employment. Pension replacement rates were already low before the pandemic, but many pension accounts are now depleted following three rounds of extraordinary withdrawals during the crisis. A recently established universal basic pension is a key milestone: it will significantly improve pension benefits, particularly for many low-income earners. But future pension reforms should pay particular attention to formalisation incentives, while raising pension replacement rates. Income-support programmes for vulnerable households are highly fragmented, and unifying social assistance programmes into a single cash benefit scheme would allow increasing coverage and benefits.

Education is key for reducing inequalities and raising productivity at the same time. Learning outcomes remain well below the OECD average and pandemic-related school closures have exacerbated these longstanding challenges, as fewer students from vulnerable backgrounds used digital tools to remain connected. Expanding access to quality early childhood education would bridge early and often decisive gaps in cognitive and social progress and allow more women to work. Working conditions for teachers fall short of OECD average standards, with lower pay and longer working hours.

The small size of Chile’s public sector limits its ability to provide better public services and opportunities for all, and to reduce inequalities. Tax revenues of only 21% of GDP are insufficient to meet rising social demands while preserving necessary public investment in infrastructure, education and health (Figure 2). Personal income taxes, which only 20% of Chileans pay, are one explanation behind this low tax collection. Raising public revenues by several percentage points of GDP, as currently planned by the authorities, is ambitious but clearly within reach through a comprehensive tax reform.

Figure 2. Tax revenues are low

As Chile embarks on this path of reforms, many decisions are now being taken that are likely to shape the future of its society and economy for years to come. These reforms are an excellent opportunity not only for raising future incomes, but also for making future growth more inclusive and providing better opportunities for all Chileans, as discussed in the 2022 OECD Economic Survey of Chile.

Reference

OECD (2022), OECD Economic Surveys: Chile 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/311ec37e-en.

Por Jens Matthias Arnold y Paula Garda, Departamento de Economía de la OCDE

La economía de Chile ha sido un ejemplo para América Latina durante mucho tiempo. Como destaca el nuevo Estudio Económico de Chile, las sólidas instituciones han proporcionado estabilidad macroeconómica y niveles de vida crecientes. Los ingresos per cápita se han más que duplicado desde el decenio de 1990 y se encuentran entre los más altos de la región. Pero a pesar de este notable progreso, surgieron grietas en la superficie. En octubre de 2019, el malestar social generalizado paralizó el país y reveló un descontento profundamente arraigado con las desigualdades de oportunidades y de las condiciones económicas.

Después de los disturbios sociales, la pandemia de Covid-19 tuvo un alto costo en vidas y medios de subsistencia, y condujo a la contracción más aguda de los ingresos económicos en 40 años. En 2021, la economía se recuperó rápidamente gracias a un apoyo de las políticas económicas excepcionalmente fuerte que, terminó por sobrecalentarla significativamente, con la demanda interna empujando la inflación muy por encima del objetivo. La agresión rusa contra Ucrania y la escasez de suministros mundial en 2022 exacerbaron las presiones inflacionarias con la inflación superando el 14% y con el aumento de los precios de los alimentos y la energía golpeando con fuerza a muchas familias. La política fiscal está consolidando acertadamente este año, incluyendo una fuerte reducción del gasto público. La política monetaria ha reaccionado rápida y oportunamente, y el sesgo deberá mantenerse en niveles restrictivos por algún tiempo para asegurar la inflación vuelva al objetivo y lograr anclar nuevamente las expectativas de inflación al objetivo.

Frente a estos choques extraordinarios, las instituciones de Chile han sido resilientes y han ayudado a evitar peores resultados. El malestar social de 2019 finalmente dio lugar a un proceso ordenado y democrático en el cual se busca reescribir la constitución del país. En un referéndum nacional, la mayoría de los chilenos votaron a favor de dar este paso. En setiembre 2022, un primer borrador de la constitución fue rechazado en un segundo referéndum nacional, pero un nuevo proceso para redactar un nuevo borrador ya está en discusión.

En los próximos años Chile tiene que abordar importantes desafíos subyacentes al crecimiento y las desigualdades. Un proceso de larga data de convergencia del ingreso a las economías avanzadas se ha invertido desde 2014 (Gráfico 1). La productividad se ha estancado o incluso disminuido, y aumentarla se ha convertido en una prioridad clave. La inversión en nuevas tecnologías ha sido débil, y partes importantes de la economía podrían beneficiarse de fuerzas competitivas más fuertes, con regulaciones complejas que frenan la entrada e inversión de nuevas empresas.

Gráfico 1. La convergencia de los ingresos se ha invertido  

Además de impulsar los motores del crecimiento de los ingresos, urgentes necesidades sociales requieren de una creciente atención a cómo se distribuyen los ingresos y las oportunidades. Es necesario mejorar la calidad de la educación y los servicios de salud públicos para reducir la brecha con respecto a las instituciones privadas. La pandemia también ha puesto de relieve importantes brechas en la protección social, en particular para los hogares más vulnerables. Garantizar cierta cobertura básica de protección social para los trabajadores formales e informales por igual, al tiempo que se reduce el costo del empleo formal, es un desafío clave. Sólo abordando simultáneamente los cambios requeridos en la protección social y la informalidad, Chile podrá romper el círculo vicioso en el que los trabajadores informales no tienen acceso a la mayoría de los beneficios de protección social, mientras que las cargas laborales que financian estos beneficios aumentan los costos de creación de empleos formales.

Pocas personas tienen pensiones de vejez adecuadas, debido a las brechas de las contribuciones debido al empleo informal y a las bajas tasas de contribución. Las tasas de reemplazo de pensiones ya eran bajas antes de la pandemia, pero los ahorros de pensiones de muchas personas están ahora agotados después de tres rondas de retiros extraordinarios de los fondos de pensiones durante la crisis. Una pensión básica universal (PGU) recientemente establecida es un hito clave ya que mejorará significativamente las pensiones por jubilación, particularmente para muchas personas de bajos ingresos. Pero las futuras reformas del sistema pensional deberían prestar especial atención a los incentivos de formalización, al tiempo que se busca aumentar las tasas de reemplazo de las pensiones. Los programas de transferencias monetarias a los hogares vulnerables están muy fragmentados, y la unificación de estos programas en un único plan permitiría aumentar la cobertura y las prestaciones.

La educación es clave para reducir las desigualdades y aumentar la productividad al mismo tiempo. Los resultados del aprendizaje siguen estando muy por debajo del promedio de la OCDE y los cierres de escuelas relacionados con la pandemia han exacerbado estos desafíos de larga data, ya que menos estudiantes de entornos vulnerables utilizaron herramientas digitales para permanecer conectados. Ampliar el acceso a una educación de calidad en la primera infancia cerraría las brechas tempranas y a menudo decisivas en el progreso cognitivo y social y permitiría que más mujeres participen del mercado laboral. Las condiciones de trabajo de los docentes no alcanzan los estándares promedio de la OCDE, con salarios más bajos y jornadas laborales más largas.

El pequeño tamaño del sector público de Chile limita su capacidad para proporcionar mejores servicios públicos y oportunidades para todos, y para reducir las desigualdades. Los ingresos tributarios, de sólo el 21% del PIB, son insuficientes para satisfacer las crecientes demandas sociales, preservando al mismo tiempo la inversión pública necesaria en infraestructura, educación y salud (Gráfica 2). Los impuestos sobre la renta, que solo paga el 20% de los chilenos, son una explicación detrás de esta baja recaudación de impuestos. Aumentar los ingresos públicos en varios puntos porcentuales del PIB, como lo planean actualmente las autoridades, es ambicioso pero claramente al alcance a través de una reforma tributaria integral.

Gráfico 2. Los ingresos tributarios son bajos

A medida que Chile se embarca en este camino de reformas, se están tomando muchas decisiones que probablemente darán forma al futuro de su sociedad y economía en los próximos años. Estas reformas son una excelente oportunidad no solo para aumentar los futuros ingresos de los chilenos, sino también para hacer que el crecimiento sea más inclusivo y brindar mejores oportunidades para todos los chilenos, como se analiza en el Estudio Económico de la OCDE para Chile de 2022. 

Para más información:

OECD (2022), OECD Economic Surveys: Chile 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/311ec37e-en

By Paula Garda and Nicolas Ruiz, Economics Department

Over the past 20 years, Chile has made tremendous progress towards greater economic prosperity, more than doubling its per capita income while lifting many Chileans out of poverty. Such achievements have come to a halt during 2020 as Chile has faced two unprecedented shocks: the social protests of end 2019 and the COVID-19 outbreak. Those shocks have plunged Chile into a recession with a magnitude unseen since the 1982 monetary crisis. The policy reactions to the pandemic have been swift and bold to cushion an unprecedented shock for the households and firms. However, as Chile is heading towards a gradual recovery from the pandemic, there is a pressing need for more profound economic and social transformations to achieve a recovery shared by all, putting Chile on a more inclusive and sustainable growth path.

Chile must fill its twin missing middles: a weak middle class, and a lack of dynamic midsize firms, making Chile’s middle class weak overall. More than half of Chilean households are economically vulnerable. Those are households not counted as poor but are at risk poverty, due to low income and a lack of sufficient minimum wealth to cope with an adverse income shock (Figure 1). Many of these households might have fell into poverty during 2020. At the same time, Chile exhibits a persistent division between a small number of large and productive firms and a long tail of small and midsize companies with considerably lesser productivity performance (Figure 2). Such productivity polarization tends to sustain a vulnerable middle-class: the scarcity of higher-productivity and higher-wage jobs generates informal and precarious jobs, associated with low social protection and low, unstable income, amplifying the risk of falling back into poverty in a recession or in the event of a health crisis.

The survey identifies policy priorities for a successful recovery and to build a strong and prosperous middle-class in Chile. These measures and reform areas include:

• Stepping-up the efficiency of the tax and transfer systems: The tax and transfer system barely reduces inequality. The base of the personal income tax is too narrow and broadening it after the recovery is well on its way would raise needed revenue. In return, the extra resources can be devoted to the creation of a negative income tax, which would assure each household and individual a basic benefit.
• Promote access to quality education for all: Access to good education remains strongly linked to the socio-economic status of the family. Spending on education should be stepped-up and prioritized on high-quality early childhood, primary and secondary education, as a prerequisite for raising skill levels and expanding tertiary education. While the effects of these policies will be felt only in the long run, it constitutes a pivotal lever to fight now the consequences that COVID-19 could imprint on inclusiveness and inequality of opportunities.
• Increase the relevance and quality of training: Access of vulnerable workers to training courses is insufficient and many of their job profiles might change in the future or even disappear with automation risk. Training programmes should be reviewed to increase quality and relevance and target those that need it the most ensuring that all workers, particularly the most vulnerable, have adequate opportunities for retraining and finding good-quality jobs.
• Generalize zero-licensing procedures: The regulatory environment inhibits competition and the scaling up of firms. Generalizing “zero licensing” by involving municipalities in the design of the initiative could ease firm entry and formalization, which could contribute to reducing inequalities over time by creating better paying jobs.
• Boosting the digital transformation: The crisis highlighted disparities in digital skills and technology access and use among Chilean students, workers and firms. One of the biggest challenges is the access to high-speed broadband internet, particularly in rural areas. Lower entry barriers in the communication sector could accelerate both fixed and mobile network deployment and improve access to high-speed broadband services at competitive prices. Stepping up digital skills and firms’ adoption of digital tools, mainly SMEs, would help workers and firms in the transition to a swift recovery. Chile needs better integrating digital skills in school and enhancing teacher training. More targeted programmes for the adoption of digital tools and the development of financing instruments, notably for SMEs, designed in close collaboration with the private sector, would allow them to adopt digital tools.

More information:

http://oe.cd/chile

OECD (2020), OECD Economic Surveys: Chile 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/79b39420-en

By Paula Garda and Nicolas Ruiz, Economics Department 

Durante los últimos 20 años, Chile ha logrado un tremendo progreso hacia una mayor prosperidad económica, más que duplicando su ingreso per cápita y sacando a muchos chilenos de la pobreza. Esos logros se estancaron durante 2020, ya que Chile se ha enfrentado a dos choques sin precedentes: las protestas sociales de finales de 2019 y el brote de COVID-19. Esos choques han sumido a Chile en una recesión de una magnitud no vista desde la crisis monetaria de 1982. Las políticas de reacción a la pandemia han sido rápidas y audaces para amortiguar un impacto sin precedentes para los hogares y las empresas. Sin embargo, a medida que Chile se encamina hacia una recuperación gradual de la pandemia, existe una necesidad imperiosa de transformaciones económicas y sociales más profundas para lograr una recuperación compartida por todos, colocando a Chile en una senda de crecimiento más inclusivo y sostenible. 

Chile debe llenar sus dos faltantes del medio: una clase media decaída y la falta de empresas medianas dinámicas. Más de la mitad de los hogares chilenos son económicamente vulnerables. Esos son hogares que no son pobres, pero están en riesgo de pobreza, debido a los bajos ingresos y la falta de riqueza mínima suficiente para hacer frente a un impacto negativo sobre los ingresos (Figura 1). Es posible que muchos de estos vulnerable hayan caído en la pobreza durante 2020. Al mismo tiempo, Chile exhibe una división persistente entre una pequeña cantidad de empresas grandes y productivas y una larga cola de empresas pequeñas y medianas con un desempeño de productividad considerablemente menor (Figura 2). Esta polarización de la productividad tiende a sostener una clase media vulnerable: la escasez de empleos de mayor productividad y de salarios más altos genera empleos informales y precarios, asociados con una baja protección social, ingresos bajos e inestables, amplificando el riesgo de volver a caer en la pobreza en recesión o en caso de crisis sanitaria. 

Este estudio identifica las prioridades para una recuperación exitosa y construir una clase media fuerte y próspera en Chile. Las medidas y áreas de reforma incluyen: 

• Intensificar la eficiencia del sistema tributario y de transferencias: el sistema tributario y de transferencias apenas reduce las desigualdades. La base del impuesto sobre los ingresos de las personas físicas es demasiado estrecha y ampliarla después de que la recuperación esté en marcha generaría ingresos que pueden destinarse a la creación de un impuesto negativo a los ingresos, lo que aseguraría a cada hogar e individuo una protección básica. 
• Promover el acceso a una educación de calidad para todos: El acceso a una buena educación sigue fuertemente vinculado al estatus socioeconómico de la familia. Se debe intensificar el gasto en educación y dar prioridad a la educación de alta calidad de primera infancia, primaria y secundaria, como requisito base para elevar los niveles de competencias y ampliar la educación terciaria. Si bien los efectos de estas políticas se sentirán solo a largo plazo, constituye una palanca fundamental para combatir ahora las consecuencias que COVID-19 podría grabar en la inclusión y la desigualdad de oportunidades. 
• Aumentar la relevancia y calidad del sistema de capacitación: El acceso de los trabajadores vulnerables a la capacitación es insuficiente y muchos de sus perfiles laborales pueden cambiar en el futuro o desaparecer con el riesgo de automatización. Los programas de formación deberían revisarse para aumentar la calidad y la pertinencia y dirigirse a aquellos que más lo necesitan, asegurando que todos los trabajadores, en particular los más vulnerables, tengan oportunidades adecuadas para capacitarse y encontrar trabajos de buena calidad.  
• Generalizar los procedimientos de concesión de licencias cero (“zero licensing”): el entorno regulatorio inhibe la competencia y la expansión de las empresas. La generalización del “zero licensing” que involucre a los municipios en el diseño, podría facilitar la entrada y formalización de empresas, lo que podría contribuir a reducir las desigualdades a lo largo del tiempo al crear empleos mejor remunerados. 
• Impulsar la transformación digital: La crisis puso de relieve disparidades en las habilidades digitales y el acceso y uso de estas tecnologías entre estudiantes, trabajadores y empresas chilenas. Uno de los mayores desafíos es el acceso a Internet de banda anche de alta velocidad, en particular en las zonas rurales. Barreras de entrada más bajas en el sector de las comunicaciones podrían acelerar el despliegue de redes tanto fijas como móviles y mejorar el acceso a servicios de banda de alta velocidad a precios competitivos. Intensificar las competencias digitales y la adopción de herramientas digitales por parte de las empresas, principalmente las PYMES, ayudaría a los trabajadores y las empresas en la transición para una recuperación más rápida e incluyente. Se necesita una mejor integración de las habilidades digitales en la escuela y mejorar la formación de los profesores que son los propulsores de cambio. Programas públicos específicos para las PYMEs de adopción de herramientas digitales y mecanismos de financiamiento, diseñados en estrecha colaboración con el sector privado, les permitirían emprender el camino digital. 

Más información: 

http://oe.cd/chile-sp 

OECD (2020), OECD Economic Surveys: Chile 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/79b39420-en. 

By Jens Arnold, Paula Garda, Alberto Gonzalez-Pandiella, OECD Economics Department

Social distancing has led to sharp declines in mobility and activity across Latin America. Widespread informality creates particular challenges for the livelihoods of many workers. As their activities are shut down to contain the spread of COVID-19, informal workers or small entrepreneurs are usually not covered by social protection. Largely out of reach of the public sector, they easily fall through the cracks of emergency income support measures. This has highlighted a major need to rethink and strengthen social protection mechanisms in Latin America. Providing more complete social safety nets that are not tied to formal employment and that can react rapidly to income losses would be one solution. In many countries in the region, such safety nets could be built on the basis of existing conditional cash transfer programmes.

Informal workers and small entrepreneurs account for a significant share of the workforce across Latin America (Figure 1). Most of them have no access to social protection, and almost no savings to carry them through the trough. Informal employees were the first to lose their jobs, while self-employed entrepreneurs such as street sellers and small service providers were left with no source of income as streets became empty. Working from home may be a solution for educated middle-class workers, but it is out of reach for the most vulnerable (Mongey and Weinbergy, 2020).

The crisis has exposed shortcomings in existing social protection mechanisms

Governments in Latin America responded swiftly to the unprecedented challenges posed by COVID-19. Many countries designed temporary support measures, building on existing instruments such as formal-sector unemployment insurance and cash transfers. Formal-sector employees benefitted from more flexible access to unemployment benefits, for example in Brazil and Chile, while temporary short-time work schemes, wage subsidies or lower labour contributions helped to preserve formal labour contracts Brazil, Colombia, Costa Rica and several Mexican states. Cash transfer schemes targeted to low-income households play important roles in Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico and Uruguay, among others. These cash transfer schemes are typically based on large locally-maintained registries of low-income households that can consider both formal and informal incomes. Providing additional resources to these schemes allowed to raise benefit levels and/or expand coverage, including by eliminating previous enrolment waiting lists, as in the cases of Brazil, Chile, Colombia and Peru.

The COVID-19 policy response, however, has also exposed significant gaps in existing social safety networks. Amid policy support for formal workers and for the poor, vulnerable households whose livelihoods depend on informal activities are often left without any social protection mechanism to fall on. Before the pandemic, many of these had successfully escaped poverty and gained incomes above the threshold where they would qualify for cash transfers, but without gaining access to the kind of social protection in place for formal employees. As distancing measures led to unprecedented declines in demand, many of these households were left without any income.

Reaching informal workers is a challenge for public policies and has required innovative ideas. Beyond the grasp of income tax systems, and with no access to social benefits, many informal workers have traditionally been outside the radar of the state. In addition, they often lack access to banking services, so governments had to respond creatively and ensure the creation of basic bank accounts for emergency benefit recipients. More than 50 million Brazilians used a smartphone application to receive an emergency benefit established after the outbreak. Colombia has been similarly successful, paying out benefits to 1.5 million households previously not covered by social benefits, and including free digital banking products. Chile is supporting more than 2 million vulnerable and informal households through different cash transfers, handing out debit cards to those without a bank account. Costa Rica’s new cash transfer also offers the creation of a bank account. Such programmes have replaced significant shares of pre-crisis incomes for low-income households (Busso et al., 2020).

Lessons for the future

Building more effective universal social safety nets that include informal workers and entrepreneurs emerges as one of the main lessons from the COVID-19 crisis and the social unrest during 2019. Given their wide reach in many countries, existing cash-transfer programmes would be the most straightforward basis for effective social safety nets (Figure 2, Panel A). In several countries, eligibility is in principle universal, but in practice, enrolment processes are too slow or cumbersome to help people in the face of sudden income losses. An important step would therefore be to make cash transfer programmes more agile, so that they can disburse quickly when people lose their livelihoods, following the examples of the UK’s Universal Credit or Malaysia’s BSH programme. More universal social safety nets based on means-tested cash transfers could also help to reduce the widespread fragmentation of social programmes, and strengthen their effectiveness.

Financing universal social safety nets will require additional resources, but building on existing programmes may make the cost manageable. Cash transfer schemes are among the most cost-efficient social expenditure programmes, and they cost relatively little (Figure 2, Panel B). Brazil’s successful Bolsa Família programme, for example, currently only costs 0.5% of GDP, compared with 12% spent on formal social security schemes. During the COVID-19 pandemic, additional spending of 0.04% of GDP was enough to eliminate an accumulated queue of 1 million benefit applicants. Building on existing citizen identification systems and digital technologies could further reduce costs.

Social protection for informal workers should go along with efforts to foster formalisation. Reviewing non-wage labour costs can help to reduce informality, as illustrated by Colombia’s 2012 tax reform. Costly and complex business regulations, including those for starting a formal business, also hamper the formalisation of firms and jobs. Expanding the use of one-stop shops for business regulations would be one way forward. Social programmes could increasingly integrate training and lifelong learning for informal workers. This could create a virtuous circle between formal employment, growth and equity.

Alvaro S. Pereira (Director) and Latin American desks, Economics Department, Country Studies Branch, OECD

The global economy is navigating rough seas. Global GDP growth is strong but it has peaked. In many countries unemployment is well below pre-crisis levels, labour shortages are biting and inflation remains tepid.  Yet, global trade and investment have been slowing on the back of increases in bilateral tariffs while  many emerging market economies are experiencing capital outflows and a weakening of their currencies. The global economy looks set for a soft landing, with global GDP growth projected to slow from 3.7% in 2018 to 3.5% in 2019-20. However, downside risks abound and policy makers will have to steer their  economies carefully towards sustainable, albeit slower, GDP growth.

The economic recovery in the Latin American economies has become dissimilar. While in some countries, growth has been revised downwards, in others it has been revised upwards. This disparity is closely linked to how these economies have evolved in the face of the financial stress and increased financial volatility in recent months. The region’s economies with the best macroeconomic fundamentals, independent central banks, countercyclical monetary policies, sound fiscal policy framework and no major currency mismatches in corporate or sovereign debt, were better able to sail the adverse global financial conditions that led to capital outflows, weakening their currencies.

While Chile and Colombia have gained momentum, Brazil has shown lower growth and Argentina has fallen into recession. Mexico and Costa Rica have also experienced less momentum than expected. Growth in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica and Mexico, countries covering about 85% of Latin America’s GDP, is expected to be around 1.4% this year and to accelerate to 2.0% in 2019 and 2.7% in 2020 (weighted average) (see Table). However, downside risks abound while the region is vulnerable to the global context. Several indicators, such as the fiscal and current account deficits have been accentuated in the last decade in most of these economies (Figure), suggesting that the region is still vulnerable. Needs to be noted that the situation is uneven and a broader list of indicators should be analysed.

An accumulation of risks could create the conditions for a harder-than-expected landing. First, further trade tensions would take a toll on trade and GDP growth, generating even more uncertainty for business plans and investment. Second, tightening financial conditions could accelerate capital outflows from the region and depress demand further. Third, a sharp slowdown in China would hit Latin America and other emerging economies, but also advanced economies if the demand shock in China triggered a significant decline in global equity prices and higher global risk premia.

Looking ahead, it will be necessary to strengthen the macroeconomic policy framework to reduce vulnerabilities where necessary. Most of the region’s economies are starting, or will start in the near future, more restrictive monetary policies, while also undertaking fiscal consolidation. Depending on each country, it will be important to find a balance between the needs for social spending and public investment, with the need to put debt on a sustainable path. In Chile, Colombia and Mexico, this consolidation can be done gradually, but Argentina, Brazil and Costa Rica need to do it more urgently. Pension or tax reforms will be necessary in this regard.

Given the limited scope for countercyclical policies, in the face of external risks and a more pronounced slowdown, the time to promote the necessary structural reforms is now to guarantee a future with a sustained increase in productivity and greater inclusion. Many countries in the region have scope to reform the tax system and make it more effective in improving investment incentives and raising more resources. Depending on the characteristics of each country, possible measures may include limiting the use of tax exemptions and reduced rates, particularly in VAT, but also in corporate taxes, extending the tax base by including more people in personal income taxes, reducing evasion or making greater use of property, inheritance or environmental taxes. Other priorities should focus on export promotion and diversification, which would help reduce current account deficits. Investing in quality and innovative human capital, closing infrastructure and logistical gaps, and curbing corruption would support exports and their diversification, strengthening growth. Encouraging women’s participation in the labour force, reducing precariousness and informality in the labour market, as well as pension reforms are also urgent in several countries of the region and necessary to increase productivity and reduce inequalities.

Argentina: A combination of massive fiscal and monetary tightening will keep the economy in recession during 2018 and 2019. Private consumption and investment will remain depressed due to lower real incomes and high interest rates, and unemployment will rise. However, a better harvest and a lower real exchange rate will support stronger exports.

Brazil: Growth will gain momentum during 2019 and 2020 as private consumption, supported by improvements in the labour market, will increase. Recovering credit and greater policy certainty as a new administration takes office will buttress the recovery. Political uncertainty around the implementation of reforms remains significant and could derail the recovery, but if uncertainty fades and reforms advance as assumed, investment will become stronger.

Chile: Growth is projected to remain strong over the next two years. With an uncertain external environment, solid domestic demand will underpin growth, aided by a stable inflation environment, public infrastructure projects and a tax reform. Inequality, though  decreasing, remains high, as informality and unemployment remain high and social transfers low.

Colombia: Growth is projected to pick up as infrastructure projects, lower corporate taxes and higher oil prices will boost investment. Improving confidence and financing conditions will support consumption. As growth gains traction, unemployment will edge down. Social indicators are improving but informality and inequality remain high.

Costa Rica: Growth is projected to recover to around 3¼ per cent in 2020 and be broad-based, underpinned by both domestic and external demand. However, uncertainty, particularly surrounding the planned fiscal reforms, is weighing on growth in the near term. The projections are based on the assumption that the fiscal reforms will be implemented from 2019, with modest fiscal tightening holding back growth in 2019 and 2020.

Mexico: Growth is projected to pick up to 2¾ per cent in 2020. Low unemployment, strong remittances and the recovery of real wages  will support household consumption. Investment, which has been persistently low, will strengthen on the back of announced public investment plans and increased confidence associated with the US-Mexico-Canada trade agreement. Exports will decelerate owing to less favourable global conditions, especially in the United States. Inflation has been pushed up by rising energy prices, but expectations and core inflation remain anchored and within the central bank’s target band. Informality is slowly declining but remains elevated,  contributing to persistently high inequalities and low productivity.

To read more about the Economic Outlook and the main structural challenges visit the english and spanish/portuguese version (it includes OECD forecasts and a chapter on decoupling of wages and productivity and the implications for public policy).

References:

OECD (2018), OECD Economic Outlook, Volume 2018 Issue 2: Preliminary version, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eco_outlook-v2018-2-en.

Alvaro S. Pereira (Director) y mesas de países latinoamericanos, Departamento de Economía, Directorado de estudios de países, OCDE

La economía mundial está navegando mares agitados. El crecimiento del PIB mundial es fuerte, pero ha alcanzado su punto máximo. En muchos países, el desempleo está por debajo de los niveles anteriores a la crisis de 2008, la escasez de mano de obra se empieza a sentir, aunque la inflación sigue siendo templada. Sin embargo, el comercio y la inversión mundiales se han desacelerado como consecuencia del incremento de aranceles bilaterales y de mayor incertidumbre política, mientras que varias economías emergentes están experimentando salidas de capitales y un debilitamiento de sus monedas. La recuperación del crecimiento global  comenzará a desacelerarse, mientras que los riesgos a la baja se han acentuado. Se prevé que el crecimiento del PIB mundial disminuya del 3,7% en 2018 a 3,5% en 2019-2020. Sin embargo, abundan los riesgos de recesión y los responsables políticos tendrán que orientar cuidadosamente sus economías hacia un crecimiento sostenible, aunque más modesto, del PIB.

En las principales economías de América Latina, la recuperación económica se ha vuelto despareja. Mientras que en algunas, el crecimiento se ha revisado a la baja, en otras se ha revisado al alza. Esta disparidad está estrechamente ligada a cómo estas economías han evolucionado frente al estrés financiero e incremento de volatilidad financiera de los pasados meses. Las economías de la región con mejores fundamentos macroeconómicos, bancos centrales independientes, políticas monetarias contracíclicas, un marco de política fiscal sólido y sin grande descalce de monedas en la deuda corporativa o soberana, fueron los que sortearon mejor las condiciones financieras globales adversas que sometieron a varios países a una repentina salida de capitales y debilitamiento de sus monedas.

Mientras que Chile y Colombia han ganado ímpetu, Brasil ha mostrado menor crecimiento y Argentina ha caído en recesión. México y Costa Rica también han experimentado menor ímpetu al esperado. Se espera que el crecimiento en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México, países que cubren alrededor del 85% del PIB de América Latina, se sitúe en torno al 1.4% este año y se acelere a 2.0% en 2019 y 2.7% en 2020 (promedio ponderado) (Tabla). Sin embargo, abundan los riesgos a la baja, mientras que la región se encuentra vulnerable al contexto global. Algunos indicadores, como los déficits fiscales y de cuenta corriente (Figura) se han acentuado en la mayoría de estas economías en la última década, sugiriendo que la región es aún vulnerable. Debe notarse que la situación es dispar y se debe mirarse una lista más amplia de indicadores.

Una acumulación de riesgos podría crear las condiciones para una desaceleración de crecimiento más acentuada de la esperada. En primer lugar, nuevas tensiones comerciales afectarían al comercio y al crecimiento del PIB, generando aún más incertidumbre para las empresas y la inversión. En segundo lugar, el endurecimiento de las condiciones financieras globales podría acelerar las salidas de capitales y deprimir aún más las monedas de la región. En tercer lugar, una fuerte desaceleración en China afectaría a la región y otras economías emergentes, pero también a las economías avanzadas si el shock de la demanda en China provocara un descenso significativo de los precios mundiales de las acciones y un aumento de las primas de riesgo mundiales.

De cara al futuro, será necesario reforzar el marco de las políticas macroeconómicas para reducir vulnerabilidades donde sea necesario. La mayor parte de las economías de la región están comenzando, o lo harán en el futuro próximo, políticas monetarias más restrictivas, al tiempo que también deben llevar a cabo una consolidación fiscal. Dependiendo de las holguras de cada país, será importante encontrar un ritmo que balancee las necesidades de gasto social y de inversión pública, con la necesidad de poner la deuda en una senda sustentable. En Chile, Colombia y México, esta consolidación se puede llevar a cabo de manera gradual, pero Argentina, Brasil y Costa Rica necesitan hacerlo de manera más urgente. Reformas pensionales o tributarias serán necesarias en este sentido.

Dado el escaso margen para hacer políticas contracíclicas ante la realización de riesgos externos y una deceleración más acentuada, el momento de impulsar reformas estructurales necesarias es ahora, para garantizar un futuro con incremento sostenido de la productividad y mayor inclusión. Muchos países de la región tienen margen para reformar el sistema tributario y hacerlo más eficaz para mejorar los incentivos a la inversión y recaudar más recursos. Según las características de cada país, posibles medidas pueden incluir limitar el uso de exenciones tributarias y tasas reducidas, en particular en el IVA, pero también en los corporativos, extender las bases de imposición incluyendo más personas en los impuestos a los ingresos personales, reducir la evasión o hacer mayor uso de impuestos a la propiedad, a la herencia o impuestos ambientales. Otras prioridades deberían focalizarse en fomentar las exportaciones, y diversificarlas, lo que ayudaría a reducir los déficits de cuenta corriente. Invertir en capital humano de calidad e innovación, cerrar las brechas de infraestructura y logística y frenar la corrupción apoyarían a las exportaciones y su diversificación, fortaleciendo el crecimiento. Alentar la participación de la mujer en la fuerza laboral, reducir la precariedad e informalidad del mercado laboral, así como reformas al sistema de pensiones son también urgentes en varios países de la región y necesarios para aumentar la productividad y bajar las desigualdades.

Argentina: La economía seguirá en recesión en 2018 y 2019 debido a un endurecimiento fuerte y simultáneo de políticas monetarias y fiscales. El consumo privado y la inversión seguirán siendo bajos a causa del descenso de los ingresos reales y de los elevados tipos de interés, y aumentará el desempleo. Sin embargo, una mejor cosecha y un tipo de cambio real más competitivo contribuirán al aumento de las exportaciones.

Brasil: El crecimiento cobrará impulso en 2019 y 2020 gracias al aumento del consumo privado, respaldado por mejoras en el mercado laboral. La reactivación del crédito y el descenso de la incertidumbre política una vez que el nuevo gobierno tome posesión apuntalarán la recuperación económica. La incertidumbre política sobre la implementación de reformas sigue siendo importante y podría frenar la recuperación pero, si desaparece y las reformas siguen adelante como se supone que deberían hacerlo, aumentará la inversión.

Chile: Según las proyecciones, el crecimiento seguirá aumentando en los próximos dos años. Ante una incierta coyuntura externa, el crecimiento estará respaldado por la sólida demanda interna con ayuda de un entorno de inflación estable, proyectos de infraestructuras públicas y una reforma fiscal. A pesar que las desigualdades han disminuido, permanecen altas, debido a que la informalidad y el desempleo siguen siendo elevados y las transferencias sociales escasas.

Colombia: Las proyecciones indican que el crecimiento repuntará, ya que los proyectos de infraestructuras, el descenso del impuesto de sociedades y la subida de los precios del petróleo potenciarán la inversión. La mejora de la confianza y de las condiciones de financiamiento respaldará el consumo. A medida que el crecimiento se vaya afianzando, el desempleo descenderá. Los indicadores sociales están mejorando, aunque la informalidad y la desigualdad se mantendrán en niveles elevados.

Costa Rica: Según las proyecciones, el crecimiento se recuperará hasta el 3¼ aproximadamente en 2020 y será generalizado, sostenido tanto por la demanda interna como externa. Sin embargo, la incertidumbre, particularmente respecto a las reformas fiscales planificadas está lastrando el crecimiento a corto plazo. Las proyecciones parten del supuesto de que las reformas fiscales se aplicarán a partir de 2019, con un modesto ajuste fiscal que frenará el crecimiento en 2019 y 2020.

México: Está previsto que el crecimiento repunte hasta el 2¾ por ciento hacia 2020. El bajo nivel de desempleo, fuertes remesas y la recuperación de los salarios reales reforzarán el consumo de los hogares. La inversión, que ha sido persistentemente baja, se reforzará a consecuencia de los planes de inversión públicos anunciados y del aumento de la confianza vinculado al acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. El crecimiento de las exportaciones se reducirá debido a unas condiciones internacionales menos favorables, en especial en Estados Unidos. La subida de los precios de la energía ha empujado la inflación al alza, pero las expectativas y la inflación subyacente siguen ancladas y dentro del rango meta del banco central. El alto nivel de informalidad contribuye a que haya una gran desigualdad y una escasa productividad.

Para leer en más detalle sobre las proyecciones macroeconómicas, así como los principales desafíos estructurales ir al reporte en la versión español/portugués o inglés (que incluye proyecciones para países de la OECD, principales desafíos y un capítulo especial sobre la desvinculación de los salarios y la productividad y las implicancias en términos de políticas públicas).