Por Sonia Araujo y Lisa Meehan, Sección de Costa Rica, Departamento de Economía de la OCDE
La economía de Costa Rica es sólida y continúa convergiendo hacia los niveles de vida de los países miembros de la OCDE (Figura 1). Si bien la productividad ha repuntado recientemente, sigue habiendo una gran brecha con respecto a la de los países de la OCDE. Las tasas de empleo son bajas y el desempleo sigue por encima de los niveles previos a la crisis, afectando predominantemente a los jóvenes y a quienes están poco calificados. Como resultado, y en contra de la tendencia general en América Latina, la informalidad y la desigualdad no están disminuyendo (Figura 2). La OCDE, en su reciente Estudio Económico de Costa Rica, encuentra que las regulaciones anticompetitivas y la alta segmentación del mercado laboral obstaculizan la materialización plena de oportunidades para hacer que el crecimiento sea más inclusivo. Para poner en marcha un “círculo virtuoso” de crecimiento inclusivo será necesario adoptar reformas en varias áreas de políticas que presentan oportunidades beneficiosas para todos, en términos de equidad y mejoras de la productividad.
En primer lugar, existen obstáculos importantes al emprendedurismo, amplias exenciones antimonopolio y alto control estatal en muchos sectores. Aportarían grandes beneficios de crecimiento medidas orientadas a mejorar la gobernanza de las empresas estatales según las normas de la OCDE, establecer ventanillas únicas para el registro y la concesión de licencias, simplificar los procedimientos de insolvencia, eliminar las exenciones antimonopolio y mejorar la facilitación del comercio.
Segundo, Costa Rica debe implementar una estrategia integral para combatir la informalidad, que incluya una mayor exigencia al cumplimiento con las obligaciones de pago de contribuciones y la continuación de la reducción de la compleja estructura del salario mínimo, lo que agrava los costos de las empresas y desalienta la formalización laboral. Costa Rica debe de continuar reduciendo su compleja estructura actual de 23 salarios mínimos bajo categorías sectoriales, ocupacionales, de niveles educativos y de habilidades.
En tercer lugar, la educación debería seguir siendo una prioridad política como estrategia para pasar a niveles de ingresos más altos y responder al cambio estructural en curso hacia actividades de mayor valor agregado. Pero Costa Rica obtiene muy poco de su inversión sustancial en educación. Con casi un 8% del PIB, el gasto en educación es más alto que en todos los países de la OCDE. Sin embargo, los resultados de las pruebas PISA revelan que un tercio de los estudiantes carecen de competencias básicas y los resultados están fuertemente influenciados por los antecedentes socioeconómicos. Los recursos deben canalizarse a la educación secundaria, donde hay crecientes presiones demográficas y una necesidad de aumentar el acceso y la educación, y hacia la educación y atención infantil, para que todos los niños puedan desarrollar plenamente su potencial. Se debe brindar un apoyo más focalizado y dirigido a los estudiantes en riesgo desde el principio del proceso educativo. En general, el gobierno debería hacer la transición del enfoque actual basado en los recursos y el financiamiento hacia uno basado en el logro de resultados, así como establecer una meta clara y verificable basada en el desempeño para medir el éxito de sus políticas educativas.
Pero la mayor amenaza para el crecimiento y los niveles de vida en el mediano plazo sigue siendo la sostenibilidad fiscal. El déficit presupuestario superó el 5% del PIB en los últimos cinco años. Los esfuerzos recientes para aumentar la recaudación de impuestos no han reducido el déficit presupuestario, debido al amplio uso de la asignación obligatoria de fondos, la fragmentación del sector público en instituciones autónomas y las obligaciones de gasto vía legislación. Como resultado, la deuda del gobierno central se ha disparado de menos del 25% del PIB en 2008 al 49% en 2017 (Figura 3). Se necesita con urgencia un paquete de reforma fiscal integral que permita estabilizar la relación de deuda a PIB. Existe un amplio margen para recaudar ingresos adicionales ampliando la base tributaria y continuando en la lucha contra la evasión y elusión fiscal. Sin embargo, el aumento de los ingresos fiscales no ayudará a contener el déficit, a menos que se restrinja la marcada asignación de recursos con destinos específicos. Reformar la estructura salarial del sector público, fortalecer el marco presupuestario con una nueva regla fiscal que sea operativa y mejorar la gestión de la deuda, son medidas que contribuirían a equilibrar el presupuesto.
Referencias
Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018